Historia de un escándalo: una empresa sospechosa y el estudio que sacudió a la prestigiosa revista 'The Lancet'

Se ha convertido en el mayor escándalo científico de la pandemia. Aún estamos lejos del punto y final, pero lo ocurrido con la hidroxicloroquina y la COVID-19 ya da para unos cuantos capítulos de una historia que las redes han bautizado como el #LancetGate. Todo empezó con la fiebre sin evidencias desatada por este fármaco antipalúdico y siguió con la publicación en la prestigiosa revista británica The Lancet del mayor estudio hasta la fecha. Sus resultados supusieron el pinchazo de la burbuja al asociar su uso a un mayor riesgo de muerte. Parecía el fin del medicamento estrella de la epidemia, pero lo que nadie se esperaba entonces es que tres de sus cuatro autores acabaran retractándose.

Las consecuencias son graves y reales, tanto que el caso ha llegado a determinar las decisiones de la propia Organización Mundial de la Salud y ha llevado a muchos países a cambiar sus políticas. En base al artículo, varios prohibieron el uso del fármaco y detuvieron los ensayos clínicos que intentaban demostrar su eficacia frente al coronavirus. La OMS suspendió temporalmente el suyo, pero ha decidido retomarlo y ha pedido disculpas.

El estudio, publicado en The Lancet el 22 de mayo, emplea una enorme muestra que sorprendió a la comunidad científica –96.000 pacientes ingresados en 671 hospitales de seis continentes–. Para ello, dice utilizar una base de datos de una empresa afincada en Estados Unidos, llamada Surgisphere, sobre la que no dejan de crecer las sospechas. Su cofundador y director es Sepan Dasai, el cuarto autor del artículo.

El pasado miércoles, el mismo día que la OMS anunció que reactivaba su ensayo, la revista emitió una advertencia sobre las “serias dudas científicas” que se habían reportado sobre el estudio. El jueves los otros tres autores, Mandeep R. Mehra, Frank Ruschitzka, y Amit N. Patel, enviaron una nota a The Lancet para pedir su retirada. En ella afirman que no pueden “garantizar la veracidad de las fuentes de datos primarios” y piden disculpas a la publicación y a los lectores “por cualquier vergüenza o inconveniente que esto pueda haber causado”.

Una escalada de discrepancias

Para entonces, los avisos se habían acumulado. Ya eran muchos los científicos de todo el mundo que, a medida que leían detenidamente lo publicado, encontraban importantes inconsistencias. Se supone que la compañía tiene suscritos acuerdos de intercambio de información con hospitales que facilitan registros electrónicos de forma automática y en tiempo real con datos anonimizados de los pacientes. Pero en la práctica, a nadie le cuadraba de dónde salía la información y cómo era posible, atendiendo a las diferentes regulaciones de cada país, a la protección de datos y a las limitaciones técnicas que tienen muchos sistemas en países con menos recursos.

Poco a poco comenzaron a descubrirse discrepancias. Según reveló The Guardian, el estudio decía utilizar 73 muertes en Australia, pero en esa fecha el balance de la Universidad Johns Hopkins mostraba 67. Los autores corrigieron la cifra después de que Sepan Dasai especificara que un hospital de Asia se había incluido por error en los de Australia, pero esto no cambió los resultados. Cinco hospitales australianos que habrían sido imprescindibles para llegar al número de pacientes de la base de datos negaron al medio británico cualquier tipo de colaboración con Surgisphere, empresa que dijeron desconocer.

Uno de los científicos que se percató de los desajustes fue Carlos Chaccour, experto en malaria e investigador del Instituto ISGlobal de Barcelona y que junto a dos compañeros, Alberto García-Basteiro y Joe Brew, llegó a escribir una carta a The Lancet, algo que en las últimas semanas han hecho muchos especialistas. “Había inconsistencias en los números y se decía que no hacía falta una revisión ética porque los datos estaban anonimizados, pero eso no es solo quitar nombres. Es un proceso muy complejo que lleva mucho trabajo. Llamaba la atención que en poco tiempo se movieran decenas de miles de datos”, explica.

Otra de las alertas era que los datos no estaban disponibles para ser analizados o contrastados ni se mencionaba a los países u hospitales que contribuyeron. Según un comunicado emitido por la empresa, los acuerdos suscritos le impiden “compartirlo” y son sus “estándares sólidos de privacidad” los que “hacen que los hospitales confíen en Surgisphere”. La compañía dice contar con información “de más de 1.200” centros médicos de 46 países diferentes, pero ¿cómo es posible que una base de información de semejantes características fuera desconocida por buena parte de la comunidad científica?

Tras las dudas, los autores del estudio encargaron una investigación independiente “con el consentimiento de Sapan Desai” para confirmar la integridad de la fuente. Pero según informaron a The Lancet, los revisores les comunicaron que Surgisphere “no transfería el conjunto de datos completos, los contratos de clientes y el informe completo de auditoría” para el análisis porque aseguró que “violaría” la confidencialidad. La revista, por su parte, apuntó a que aún “hay muchas preguntas pendientes” sobre la compañía y pidió “urgentemente” revisiones institucionales de sus colaboraciones de investigación.

A pesar del escándalo, conviene recordar que numerosos estudios serios no han encontrado beneficio alguno en el fármaco, ni como tratamiento ni como profiláctico. El último de ellos, anunciado el viernes, ha hecho que Reino Unido también detenga sus ensayos clínicos por considerar el fármaco “inútil”.

No era la primera vez

La publicación de The Lancet no es la única controvertida que ha contado recientemente con la base de datos de Surgisphere. Otro estudio sobre enfermedades cardiovasculares, COVID-19 y mortalidad de los mismos autores y publicado en otra de las revistas más prestigiosas del mundo, The New England Journal of Medicine, ha seguido los mismos pasos. Debido a que no a todos los investigadores “se les otorgó acceso a los datos en bruto”, dice desde el 4 de junio el artículo, “no podemos validar las fuentes de datos principales que subyacen” al estudio y “solicitamos que se retire”.

Pero la primera de las alertas fue rápidamente detectada por Carlos Chaccour a principios de abril. Se trataba de un pre-print publicado en el repositorio SSRN que vinculaba la ivermectina, un fármaco generalmente usado como antiparasitario, con una reducción de la mortalidad en pacientes de coronavirus. De nuevo, usaba la base de datos de Surgisphere. “Había cosas que no cuadraban. Incluía tres pacientes en África que recibían ventilación mecánica e ivermectina, pero en todo el continente solo había dos en la UCI en esas fechas”, explica el investigador, que esgrimió sus preocupaciones en este texto. “Tenemos que tener en cuenta que cuando pasan estas cosas hay consecuencias muy graves”. El artículo, a pesar de no haber sido revisado por pares, motivó que el uso de este medicamento se extiendera por América Latina sin evidencia científica.

Implicaciones para la ciencia

“El fraude en las publicaciones médicas […] ha llevado a retractar estudios en revistas prominentes. […] Existe una obligación ética y legal de [que las revistas médicas] hagan un examen crítico y cuidadoso de lo que publican. [No hacerlo] puede destruir la integridad de la revista, pero más importante es proteger la confianza en los médicos”. El texto pertenece a un trabajo publicado en 2013 en el que se proponen varias herramientas para frenar el fraude en los estudios médicos. Uno de los firmantes del texto es Sapan Desai, el CEO de Surgisphere.

“Es correcto que estos artículos hayan sido retractados”, asegura el investigador de la Universidad de Cardiff Chris Chambers. “Sin embargo, el fallo de la revisión por pares plantea serias preguntas sobre los estándares de The Lancet y NEJM, dos de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Si se toman la integridad y reproducibilidad tan serio como aseguran, entonces se deben prestar de inmediato, ellas mismas y sus procesos de revisión interna, a una investigación independiente”.

El investigador de la Universidad de Aveiro (Portugal) Manuel Souto también se muestra “sorprendido” de que las dos revistas hayan publicado estudios con datos fraudulentos. “Creo que es de las retracciones más sonadas de los últimos tiempos”. Por eso, lamenta que pueda “dañar la imagen de credibilidad” de la ciencia. “La gente ya se empieza a cuestionar si los científicos estamos influidos por empresas para dar resultados que coincidan con lo que quieren”.

Retractar un estudio siempre tiene implicaciones, pero esta son aún mayores en medio de una pandemia. Lo ocurrido, explicaba en esta entrevista Pedro Alonso, director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, es una muestra de cómo la crisis global “está tensionando las costuras de la ciencia”. El experto ya alertaba de las discrepancias del estudio sobre la hidroxicloroquina y apuntaba a la necesidad de “volver a la sensatez” y recuperar los mecanismos fundamentales que rigen la investigación.

Por qué falló la revisión por pares

El sistema de publicaciones científicas se basa en la llamada 'revisión por pares' —del inglés, 'peer review'—. Así, la revista envía el artículo recibido a varios especialistas en la materia para que evalúen su relevancia y novedad. La propia publicación, en teoría, valora la rigurosidad del mismo antes de aceptarlo.

Souto explica que una de las limitaciones de este sistema es que no está bien preparado para detectar fraudes. “Evaluamos si el artículo es coherente, si la interpretación tiene sentido, pero nunca reproducimos los resultados. Si los datos son incorrectos o están manipulados no somos capaces de verlo. Tienes que asumir que hay una integridad científica”.

“El problema es que la revisión es cada vez más superficial porque [los investigadores] tenemos cada vez más carga de trabajo para publicar y revisar”, dice Souto. Cada vez se publican más artículos científicos y, al mismo tiempo, más investigadores se niegan a revisarlos o relegan la tarea a los más jóvenes, lo que hace que las revistas “busquen revisores menos expertos”. Que el trabajo no esté remunerado tampoco ayuda.

Las editoriales científicas también caen en el ‘clickbait’ y en ocasiones intentan acelerar un proceso que lleva su tiempo. La hidroxicloroquina ha sido el fármaco más politizado de la pandemia, defendido por Trump y Bolsonaro después de que otro polémico estudio —revisado en 24 horas, con fallos de diseño y publicado en una revista con vínculos con uno de los autores— apoyara su uso. Esto ha sido el caldo de cultivo perfecto para una revisión acelerada.

Receta para un sistema mejor

Algunos investigadores consideran que el sistema de publicaciones científicas debe ser remodelado más allá de la revisión por pares, y que la pandemia de COVID-19 puede ayudar a ello. Souto coincide con esta corriente, pero advierte de que esto tendrá un coste económico para la editoriales que deberán estar dispuestas a pagar.

El investigador enumera tres formas de mejorar el sistema. La primera sería incentivar el proceso de revisión, económicamente o de otras formas, “para asegurar que los mejores expertos participan”. También añadir “unidades de integridad científica” a las universidades que se dediquen a comprobar si hay manipulación de datos y figuras. “Cada vez hay más para alertar de fraudes científicos, aunque en España no hay muchas”.

La última solución sería añadir revisores externos al proceso. “Las webs como PubPeer, donde los investigadores pueden comentar –de forma anónima o no– y cuestionar la reproducibilidad y fallos que encuentran en los artículos son muy positivas, y podrían aprovecharse para mejorar el sistema”. Al cierre de este artículo, el trabajo retractado de The Lancet cuenta con 66 comentarios en esta plataforma, el equivalente en el mundo académico a llevarse las manos a la cabeza.