La teoría dice que ocho años y medio después de su entrada en vigor, la Ley de Dependencia quedará implantada plenamente esta semana, ya que ha empezado a acoger a los dependientes moderados desde el 1 de julio tras dos reales decretos que han permitido demorarlo. Un total de 312.025 personas, según los últimos datos oficiales, adquirirán el derecho a recibir una ayuda.
Los dependientes moderados son los más leves pero necesitan ayuda para hacer cosas básicas. Son, por ejemplo, personas mayores que aunque están activas tienen movilidad reducida, ciertas personas con discapacidad intelectual o con enfermedades neurológicas o degenerativas, como enfermos de alzheimer en sus primeros estadios.
Beatriz Vega ha visto pasar de largo la ayuda prometida en dos ocasiones. En noviembre de 2010, tras 10 años sufriendo una neuropatía, consecuencia de un accidente de tráfico sufrido en 2000, solicitó la ayuda económica al cuidador familiar, su marido. Con una economía muy precaria, cuando a finales de noviembre de 2011 le llegó la carta con que la ayuda le había sido concedida y que iba a empezar a cobrar en enero de 2012, Beatriz y su marido, Iván, pensaron que respirarían un poco. El matrimonio, con un hijo de 14 años, ha visto como, sumada a la crisis, su economía se ha ido desmoronando en paralelo a la salud de Beatriz.
Su alegría duró apenas unas semanas, las que tardó el Gobierno central en aprobar un real decreto, el 14 de diciembre de 2011, destinado a aplicar recortes para corregir el déficit público: como consecuencia se retrasaba un año su entrada en el sistema.
La salud empeora
En ese tiempo de espera, la salud de Beatriz, de 42 años, fue empeorando. A la neuropatía que le quedó del accidente, a sus microinfartos cerebrales, sus dolores “insoportables” y los momentos en que pierde el conocimiento y le impiden llevar una vida normal, se sumaron otras complicaciones.
En 2012, sufrió una peritonitis aguda que le perforó el intestino y desde entonces vive con una colostomía. Beatriz lamenta que aunque dio muchas señales de alarma, el diagnóstico llegó demasiado tarde. Meses después, tras idas y venidas al hospital, de médico en médico, aquejada de dolores en el abdomen, acabaron extirpándole todo el aparato reproductor.
La ayuda tampoco llegó en enero de 2013. Unos meses antes, en julio de 2012, el Ejecutivo aprobó otro real decreto que retrasaba, hasta el 1 de julio de 2015, la entrada en el sistema de todos los dependientes moderados. Solo se salvaron los que en aquel momento ya estaban valorados y ya se les había reconocido el derecho a una determinada prestación. En estos momentos, son 98.861 personas, de las que las estadísticas oficiales no determinan cuántas están recibiendo una ayuda o están esperándola.
Desde la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia se muestran “muy escépticos” y temen que la tan esperada plena implantación de la ley se quede en negro sobre blanco. “¿Cómo es posible atender a esta avalancha cuando los Presupuestos Generales del Estado destinan una partida prácticamente idéntica a la del año pasado?”, se pregunta su presidente, José Luis Gómez Ocaña.
Lista de espera interminable
Padre de dos niños grandes dependientes, Gómez Ocaña recuerda que existe “una lista de espera vergonzosa”. Según los últimos datos facilitados por el Imserso, a 31 de mayo, un total de 132.191 personas con el derecho reconocido a una ayuda están a la espera de recibirla.
“Nos vamos a ver con una lista de espera del 40%”, denuncia el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Como Gómez Ocaña, denuncia que con unos presupuestos congelados, no se va a poder atender a 312.025 personas más. Según sus cálculos, solo teniendo en cuenta el llamado nivel mínimo de financiación, la cantidad que el Estado aporta al sistema por cada persona atendida, el Gobierno debería haber presupuestado 22 millones de euros mensuales extra para atender a los dependientes moderados.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confía en que los dependientes moderados entren en el sistema “en un plazo de seis meses”. La mayoría de ellos ya están valorados, incluso ya figuran en las estadísticas oficiales, explica un portavoz. Solo hay que dar el paso más importante, darles la ayuda que les corresponde. Para ello, asegura, ya está prevista una ampliación presupuestaria, un crédito que se transferirá a las comunidades autónomas “en otoño”. En 2016, añade, los Presupuestos Generales del Estado ya asumirán el incremento.
Precariedad y mala salud
Beatriz e Iván confían en no ir a parar a la lista de espera. Su bolsillo y su salud son precarios. “Llegó un momento en que me tuve que plantear seguir cogiendo los trabajos que me salían a ”cuentagotas o cuidar de mi mujer y salvarle la vida“, explica él, que se había ganado la vida como autónomo, en la construcción. ”Nos hemos pasado muchos años arriba y abajo, de hospital en hospital, en urgencias, buscando una solución, un diagnóstico, un tratamiento que mejorara la calidad de vida de mi mujer“, relata.
Beatriz sigue un tratamiento quincenal en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Lleva más de una década tomando muchos fármacos, incluida la morfina. Su salud sigue deteriorándose, pero ella dice que no se va a rendir. “Todos los días me pongo una meta, hacer la comida, estar más tiempo levantada... Quiero sobreponerme, soy joven, pero no puedo”, lamenta. Pese a todo, se muestra positiva al otro lado del teléfono y confía en una mejora y en que la ayuda le llegue más pronto que tarde.
Justo antes de las elecciones le concedieron una pensión por discapacidad, de poco más de 300 euros. Hasta entonces, estuvieron cobrando el ingreso mínimo de solidaridad, una prestación social que se da a quien ya no tiene ingresos. A Iván lo acaban de contratar para tres meses en el ayuntamiento de Escalona (Toledo), donde viven ahora. La ayuda a la dependencia les acabaría de dejar respirar. “Tenemos que copagar hasta el transporte escolar de nuestro hijo, para que pueda ir al instituto”, denuncian. “Esto es un genocidio encubierto”, añade Iván.