La Ley de Familias permite al segundo progenitor adelantar su permiso para acompañar a la embarazada

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en segunda vuelta a la Ley de Familias. El texto de la norma –ya en fase de proyecto y listo para la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia– es el mismo que se aprobó en diciembre de 2022 por el anterior Gobierno de coalición, cuando la ministra Ione Belarra estaba al frente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El actual equipo ministerial, encabezado por Pablo Bustinduy, ha adoptado esta decisión para acelerar los tiempos y se ha comprometido a “mejorar” la ley en el Congreso.

Es decir, la idea es enmendar su propio proyecto para incluir, de acuerdo con fuentes ministeriales, los permisos de nacimiento de 20 semanas y la retribución de al menos cuatro de las ocho semanas de los permisos por cuidado parental que ya están en vigor. Sumar –espacio político al que pertenece Bustinduy– está negociando estas iniciativas con el PSOE en el marco de los próximos presupuestos generales del Estado, salvo la última, que debe ser aprobada antes de agosto por mandato europeo.

Fuentes del Ministerio contemplan otra posibilidad, “más rápida”, para incorporar las mejoras. La solución pasaría por incluirlas en la ley de acompañamiento de los presupuestos (si finalmente se presentan y salen adelante). En negociación también está aumentar las deducciones por maternidad de 100 euros al mes hasta los seis años de edad (ahora es hasta los tres). Esta medida no está en el acuerdo de Gobierno como las dos anteriores, pero sí en el programa de Sumar.

Del texto que se envía este martes al Congreso, y que se espera que entre en vigor en torno al verano, salen dos permisos, de cinco y cuatro días respectivamente, para cuidar a familiares y convivientes porque ya fueron aprobados a través de real decreto el verano pasado. También está ya en marcha la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios: cuando se registran, tienen derecho a 15 días de permiso.

“Esta ley va a afianzar la red de protección a las familias y a la crianza, y profundiza en la libertad de cada cual para desarrollar sus elecciones y proyectos vitales”, ha dicho el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es una tarea democrática garantizar que estas carencias materiales y de tiempo no sean un escollo para que cada cual pueda garantizar plenamente su proyecto de vida”, ha añadido.

El Ministerio de Derechos Sociales pretende cosechar un apoyo unánime al proyecto en el Congreso, aunque habrá que esperar a ver la postura de los diferentes grupos en el periodo de enmiendas. Podemos, partido que lideraba el Ministerio cuando el primer texto fue aprobado, registró hace una semana una proposición de ley paralela que elevaba a 200 euros la prestación por crianza hasta la mayoría de edad de los hijos e hijas e incluía la retribución de las ocho semanas del permiso por cuidado.

El Partido Popular denunció hace un año, cuando se dio luz verde al anteproyecto de la norma, que la ley invadía las competencias autonómicas y discriminaba a las familias numerosas, según recogió Efe.

Las medidas

¿Qué nuevos derechos recoge la ley? Con la norma, el Ministerio de Derechos Sociales quiere “reconocer jurídicamente la diversidad familiar” y pretende “mejorar la protección social de todas las situaciones familiares” con el objetivo de mejorar los “indicadores bochornosos de pobreza infantil” que hay en España, además de “garantizar el derecho a conciliar la vida familiar y laboral”. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE en la infancia ha pasado en un año del 32,2% al 33,9%, según la última Encuesta de Condiciones de Vida, presentada por el INE este lunes.

El propio Ministerio admite que España invierte un punto menos porcentual de su PIB en protección social de las familias, lo que supone en cifras brutas unos 13.000 millones de euros. Con el proyecto de ley, el Gobierno quiere “iniciar un camino” que lleve a la incorporación de España al grupo de países con “los mayores estándares” en este ámbito, dejar atrás “una insuficiente intensidad protectora” y romper con la “alta fragmentación normativa”.

Estas son las medidas concretas:

El segundo progenitor puede adelantar su permiso

El proyecto de ley permite anticipar diez días el comienzo del disfrute del permiso por nacimiento al segundo progenitor (padre o madre) para acompañar a la mujer embarazada. Este extremo se recoge en una disposición que modifica el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. “La flexibilidad resulta coherente con el objeto de cuidado de la madre biológica durante este periodo”, dice el texto.

Familias monoparentales con dos hijos, iguales que las numerosas

Las familias monoparentales –dos millones de hogares en España– tendrán un título acreditativo de validez estatal que conllevará beneficios en el acceso a la vivienda protegida, al empleo, a becas y ayudas educativas o en tasas y precios públicos, según fuentes ministeriales. Además, el proyecto de ley recoge su derecho a acceder al menos durante 16 semanas y de manera gratuita a centros de educación infantil en los dos primeros años de vida del bebé (o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o la acogida en el caso de hijos no biológicos).

La norma incluye también una categoría de “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza” en la que se incluyen los núcleos monoparentales con dos hijos. Sus beneficios y derechos se equipararán, desde el momento en que entre en vigor la ley, con los que disfrutan las familias numerosas actuales. Son unas 300.000 familias, según los cálculos del anterior equipo ministerial.

Cuando la ley pasó por la primera vuelta en forma de anteproyecto, algunos colectivos protestaron porque dejaba fuera a las familias con un solo hijo (el 70% del colectivo). El texto tampoco equipara los permisos de los núcleos monoparentales a los de las biparentales para cuidar a los bebés. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales anticipan que “apoyarán esta reivindicación” para que la ley se modifique en la fase de enmiendas aunque no concretan si será el propio grupo parlamentario de Sumar el que la presentará.

Entre las “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”, además de las numerosas y monoparentales, están aquellas “con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y las familias con dos hijos en las que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión”.

También se amplían los derechos de las familias numerosas, aunque en el texto no mantienen este nombre: en caso de separación y custodia compartida, ambos progenitores pueden acceder al título y también en las parejas de hecho.

Además, el proyecto abre la categoría “especial” de familia numerosa a núcleos con cuatro hijos (antes eran cinco) y a aquellas que tengan tres descendientes pero hayan tenido un parto múltiple o no superen el 150% del IPREM. “Como novedad, se va a mantener la categoría hasta que el último hijo salga del título”, dicen fuentes del Ministerio.

Parejas de hecho

La ley recoge la equiparación de los derechos de las parejas de hecho –1,8 millones en España– registradas a los matrimonios, con la creación de un Registro Estatal de Parejas de Hecho centralizado para las parejas registradas a nivel autonómico. Tendrán derecho a pensión de viudedad de forma igual al vínculo matrimonial y 1uedan recogidas en el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja de hecho. 

Atención temprana

El texto recoge que las administraciones públicas deben garantizar “el derecho subjetivo de las personas menores de edad y sus familias a tener acceso universal a una atención al desarrollo infantil temprana, gratuita y de calidad, no limitada a la primera infancia y que garantice la continuidad asistencial durante toda la vida”.

Pensiones alimentarias

El proyecto amplía el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, un mecanismo provisto por el Estado cuando se producen impagos en las pensiones alimentarias de los hijos e hijas menores de 18 años y hay sentencia judicial. Se eleva la cuantía hasta un máximo de 500 euros, que se podrán prorrogar indefinidamente mientras perdure el impago. Hasta ahora el tope eran 100 euros mensuales durante 18 meses.

Familias migrantes

En las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros proceda de otro Estado o territorio y no tenga regularizada su situación administrativa, se garantizará un NIE para niños y niñas cuyos progenitores se encuentren en situación irregular, según el proyecto de ley.

Familias con personas con discapacidad

Se equipararán a familia numerosa las familias constituidas por uno o dos ascendientes cuando al menos una de ellas tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 33%, frente al 65% mínimo establecido en la normativa vigente.

Además, se velará para que sea efectivo el “derecho de las personas con discapacidad a formar una familia, las administraciones públicas pondrán en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y oportunidades de estas personas en el acceso a los apoyos, los bienes y servicios públicos”, recoge el texto.

Sobre esta cuestión, Derechos Sociales sostiene que las administraciones deben respetar “el derecho de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, así como a que se les ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos”.