Primera década con Ley de Memoria Histórica. Y queda “todo por hacer”, según las asociaciones memorialistas. Después de este periodo aparecen las mismas claves: fosas comunes, expolio a los derrotados o simbología franquista. Las mismas que apunta el acuerdo de Gobierno en coalición de PSOE y Unidas Podemos, con el reto de acabar con la desmemoria.
Desde la aprobación del marco legal en 2007, España sigue sin resolver las violaciones de Derechos Humanos cometidas por los golpistas y la dictadura de Francisco Franco. Y las víctimas del franquismo, mientras, reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como pide Naciones Unidas.
“Desde el punto de vista del Estado queda casi todo por hacer porque es quien debe responsabilizarse de las exhumaciones”, asegura el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. El papel de las administraciones “sigue siendo secundario” y siempre a rastras “de las indicaciones del movimiento memorialista”, coincide la presidenta de Nuestra Memoria, Paqui Maqueda.
Activar un plan de choque es vital, coinciden los actores. Están todos de acuerdo: víctimas del franquismo, asociaciones de Derechos Humanos y partidos políticos e administraciones implicadas. El futuro Ejecutivo con Pedro Sánchez como presidente y Pablo Iglesias ocupando la vicepresidencia decidirá si hay giro de timón.
Evidencias de la desmemoria
España es una anomalía en el contexto europeo. “Los pasos del Gobierno deben ser más contundentes”, apunta la ARMH. “Y todo eso debe entrar en la enseñanza como una vacuna democrática contra el advenimiento de las extremas derechas”, continúa Silva. “Queda mucho por hacer, pero hemos avanzado muchísimo”, afirma Maqueda, como “sacar a la momia” de Cuelgamuros: “Era un sueño para muchos irrealizable, una utopía, y eso se ha hecho”, subraya.
El “nuevo acuerdo para España” de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos reconoce el problema. El punto 5.4, titulado “recuperación de nuestra memoria democrática”, enmarca algunas de las reivindicaciones históricas de los colectivos de víctimas.
Abrir las fosas comunes
“Implementaremos un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes”, dice el texto. Buscar a los desaparecidos forzados es una obligación de Estado, según la legislación internacional. Y España ha incumplido sistemáticamente el cometido.
Una muestra es la situación real de las fosas comunes. De las más de 100.000 personas ejecutadas por los fascistas españoles, apenas una cuarta parte podría ser recuperada de la tierra. Y unas 7.000 como máximo quedarían identificadas, según un informe del Ministerio de Justicia al que ha tenido acceso eldiario.es.
El resto nunca será localizado. Desde el año 2000 se han abierto en toda España más de 740 fosas y recuperado alrededor de 9.000 esqueletos “con el impulso de las asociaciones” y escaso (o nulo) apoyo institucional. La primera década con Ley de Memoria Histórica ha expirado sin un plan estatal de búsqueda de fosas.
Robo a los vencidos
El acuerdo de Gobierno también señala al uso de los derrotados como botín de guerra. “Auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público”, dice el documento.
Más allá de la fortuna acumulada por el dictador y hoy en manos de la familia Franco, el texto abre en teoría la puerta a la posible reclamación de particulares. Una tarea ingente porque el expolio franquista fue generalizado como castigo a los vencidos.
Los símbolos del franquismo
Dos vías apunta el acuerdo: retirar la “simbología franquista” y prohibir “la exaltación y enaltecimiento del franquismo”. La gran insignia fascista ha caído: los restos de Franco acabaron saliendo del Valle de los Caídos, una promesa cumplida por el Ejecutivo socialista no sin polémicas.
Entre las cosas por hacer está el futuro del complejo arquitectónico de Cuelgamuros o el puñado de fundaciones de carácter fascista que sigue existiendo en el país y actuando como un lobby, caso de la Francisco Franco que Pedro Sánchez prometió en campaña prohibir. O los títulos nobiliarios otorgados por el dictador.
La segunda pata señala las prebendas a peones de la dictadura, con el punto de mira en personajes como Billy el Niño. PSOE y Unidas Podemos estudiarán “todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo”.
Justicia versus impunidad
Declarar “nulas las condenas y sanciones” de la justicia franquista es otro de los deberes que asume el acuerdo programático entre las formaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Se habla en el texto de reparar a quienes fueron juzgados “por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género”.
Pero los crímenes golpistas continúan impunes. Los tribunales españoles niegan de forma sistemática el acceso a la justicia a las víctimas. Y España tampoco ayuda a impulsar la única causa abierta en el mundo contra el franquismo, la denominada Querella Argentina.
Víctimas de la represión poliédrica
El acuerdo PSOE-Unidas Podemos quiere desarrollar “actuaciones de reconocimiento y reparación” a los represaliados. Declara dos fechas conmemorativas: el 31 de octubre “como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo” y el día 8 de mayo “a las víctimas del exilio”.
Quedan, sin embargo, otras claves por encarar, como la desaparición forzada de menores de edad, los casos conocidos como “bebés robados”. El Congreso aprobó por unanimidad en noviembre de 2018 tramitar una ley que abarque denuncias desde el golpe de Estado de 1936 a la democracia. Está por hacer.
También falta crear un banco público de ADN, un censo nacional de víctimas, poner en marcha una Comisión de la Verdad… O tareas como el acceso a los archivos para facilitar la tarea de historiadores e investigadores.
Está pendiente igualmente la propia reforma de la Ley de Memoria Histórica, que Pedro Sánchez llevó al Congreso a los diez años de su entrada en vigor. Era entonces presidente Mariano Rajoy y los socialistas querían revitalizar la norma ante el ninguneo presupuestario de la derecha.