El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad planteada por la CUP a la ley impulsada por el PSOE para perseguir penalmente el proxenetismo y sancionar a los clientes de prostitución, por lo que continúa su camino parlamentario con el Partido Popular como principal aliado.
La enmienda de la CUP, que planteaba un texto alternativo para, entre otras cosas, incorporar el “trabajo sexual” en el epígrafe de trabajos especiales del Estatuto de los Trabajadores, ha contado con los votos en contra del PSOE, el PP, Unidas Podemos (a excepción de En Comú Podem) y Vox, la abstención del PNV y el apoyo de ERC, En Comú Podem, Ciudadanos, Junts y PDeCAT.
La ley ya fue tomada en consideración antes del verano con una escenificación de ruptura de bloques, hasta el punto de, como este jueves, abrir grietas en los equilibrios habituales parlamentarios. De hecho, no hay ningún partido, salvo los populares, que se muestre totalmente favorable al texto socialista, que desde Unidas Podemos creen que puede provocar una mayor vulnerabilidad a las mujeres que ejercen la prostitución.
“Lo suyo no es abolicionismo honesto, es abolicionismo con fines electorales”, ha dicho Mireia Vehí, defensora de la enmienda de la CUP, al PSOE para criticar que en su propuesta no “toquen” la Ley de Extranjería para regularizar a estas mujeres. Una postura que ha defendido también Pilar Vallugera, de ERC, quien ha dicho estar más cerca de ese texto que de la proposición de ley del PSOE, al que ha acusado de “mirar para otro lado” en este tema en los últimos diez años.
En Unidas Podemos, donde la propuesta genera división, apuestan por darle a las víctimas “alternativas”, ha dicho la diputada Sofía Castañón, mientras que Joseba Agirretxea, del PNV, ha recalcado que “la criminilización no es la vía para acabar con este problema”. Al mismo tiempo la formación vasca disiente con algunos aspectos planteados por la CUP y ha optado por proponer una subcomisión para el estudio de la prostitución desde todas las vertientes, que dé “un diagnóstico veraz” de la situación para, posteriormente, legislar en consecuencia.
Frente a las criticas, la diputada socialista Laura Berja ha afirmado que quienes votan a favor de la enmienda de la CUP están “blanqueando públicamente” el proxenetismo y a toda la industria proxeneta. Y ha calificado el texto de la formación independentista catalana de “un escándalo” y “un despropósito” porque parte de la premisa de que la prostitución es un trabajo: “No lo es, no hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres”, ha abundado.
Por su parte, el PP ha mantenido el apoyo a la propuesta socialista. “Este debate no va de si las mujeres que ejercen la prostitución deben afiliarse a la Seguridad Social, va de derechos”, ha afirmado el diputado Miguel Ángel Jerez.
La norma es una reforma del Código Penal para “prohibir el proxenetismo en todas sus formas” que fue registrada por el PSOE el pasado 19 de mayo, tras quedarse solo defendiendo la introducción de estos artículos en la llamada ley del 'solo sí es sí', que fue salvada in extremis. En la práctica, los socialistas, que se han comprometido a abolir la prostitución, proponen endurecer el castigo del proxenetismo no coactivo, multar a los clientes e introducir la figura de la tercería locativa para perseguir a los dueños de los locales. Todo ello sin necesidad de que exista explotación de la prostitución ajena e independientemente del consentimiento de las prostitutas.