Las licencias de caza caen casi a la mitad en 20 años mientras los animales muertos están en máximos históricos

Aunque llevan tiempo presentándose como parte esencial de la España rural y vaciada para intentar que las regulaciones se adapten a sus requerimientos, lo cierto es que son cada vez menos. El descenso en el número de cazadores ya es una caída libre: en 2022 hubo 568.000 licencias expedidas, casi la mitad que hace 20 años, cuando fueron más de un millón, según los registros de las comunidades autónomas recopilados por el Ministerio de Transición Ecológica.

Los datos recogidos en el avance del Anuario de Estadística Forestal 2022 ilustran una curva descendente sin remisión desde 2010, pero la última cifra supone una pérdida del 16% respecto al curso anterior, es la primera vez que se sitúa por debajo de las 600.000 licencias y marca, por mucho, el mínimo jamás registrado –el anuario explica que no está disponible el número de licencias interautonómicas que se agrega al total, pero este dato ha rondado las 20.000 en sus mejores años–.

Menos, pero más piezas abatidas

A pesar de que haya menos cazadores disparando en los cotos, lo que no ha parado de aumentar es el número de armas en circulación y el volumen de animales muertos en partidas de caza.

En España, en el año 2002 había 176.000 rifles de caza mayor “amparados por licencia” – los que matan ciervos, corzos, jabalíes o gamos–. En 2022 esas armas superaron las 380.000, según los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior. Más del doble. En cuanto a las escopetas –el tipo de armas que se utiliza para la caza menor, es decir, aves, conejos o zorros–, si en 2002 había 2,7 millones, 2022 se cerró con 2,1 millones. Un dato: de los 1,2 millones de licencias de armas con las que puede cazarse en España, solo 42.000 pertenecen a mujeres.

En la misma estela, el volumen de piezas cobradas cada año sigue disparado. En 2022 los rifles abatieron 740.000 animales de caza mayor, el 60% jabalíes, cuando en 2005 el total llegó a 260.000 trofeos. Se han multiplicado casi por tres, según las series históricas de la Estadística de Caza. Además, en la temporada 2022 se cazaron otros 19,1 millones de animales catalogados como caza menor (volvieron a superarse los cinco millones de zorzales muertos, un nivel que no se veía desde 2017).

La media indica que en España, cada día 54.000 animales mueren disparados por cazadores, pero hay que tener en cuenta que las temporadas cinegéticas no abarcan todos los días del calendario.

Además, hasta el 85% del territorio español es coto de caza cuando se abren las temporadas a disposición de la actividad cinegética. De hecho, el cierre de caminos públicos y vías pecuarias en el campo cuando hay cacerías es una denuncia recurrente de organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción. Solo por contraste en el uso del territorio, en 2022 la Red de Parques Nacionales (que ocupa el 0,16% de la superficie del país) tuvo 13,9 millones de visitantes. En una comunidad autónoma tan cazadora como Castilla-La Mancha, los espacios naturales recibieron 1,5 millones de visitas, según la Junta. En Castilla y León fueron 1, 2 millones.

Influencia

Aunque los datos evidencian que los que practican la caza son muchos menos que hace unos años, su voz e influencia siguen consiguiendo un buen nivel de resonancia. El sector cinegético impulsó –y financió– las manifestaciones antigobierno de 2022 bajo el lema de la defensa del mundo rural y en contra de las medidas ambientales que no les satisfacían. Atrajo a esas marchas a organizaciones agrarias y ganaderas en un germen de las tractoradas (ya sin ellos) de principios de 2024.

Un ejemplo de la palanca que ejercen los cazadores pudo constatarse en 2022 cuando consiguieron –en contra del criterio del Comité Científico del Gobierno– revertir la inclusión de la codorniz en la categoría de “en peligro de extinción”. Eso hubiera impedido cazarlas. Ese mismo año se mataron más de 600.000. El Ministerio de Agricultura remitió un contrainforme impulsado por el sector cinegético y, finalmente, se decidió revisar desde cero la situación de la especie. Mientras, pueden abatirse codornices sin cortapisas.

En esta línea de conseguir disparar a los animales que más les gustan, los cazadores han visto cómo el Ministerio de Agricultura está preparando junto a las comunidades autónomas un plan para que la Comisión Europea acceda a levantar ya la moratoria de caza sobre la tórtola común que se instauró para salvar a la especie en declive acelerado.

La caza ha podido amplificar sus reivindicaciones a lomos de la confrontación política. El Partido Popular ha tratado de identificarse con este sector al que llama “gran herramienta para la conservación de la naturaleza”. La vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP, Paloma Martín, dijo tras reunirse con el presidente de la Real Federación de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, en mayo: “Apoyaremos la actividad cinegética desde todos los sitios donde gobernamos” y llamó a los cotos de caza “custodios” del territorio.

Por su parte el partido ultraderechista Vox tiene en su grupo parlamentario al expresidente de la RFEC, Ángel López, quien a cuenta de la ley de Bienestar de los Animales, acusó en el Congreso de los Diputados al Gobierno de crear “una prohibición a cara descubierta de la caza”.

En realidad, el Gobierno, en su Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, accedió a calificar a la caza como “herramienta” contra la España vaciada (como reclamó el sector) e incluyó en el documento que, sin cazadores, “habría que subir impuestos” para financiar controles de fauna en casos de sobrepoblación de especies. La estrategia gubernamental analizó que la crisis del sector se explica porque España es “una sociedad mayoritariamente urbana con gran desconocimiento del mundo rural”.