José Ignacio Wert será, una vez más, protagonista en el Pleno del Congreso de los Diputados. Pero esta vez lo hará acariciando una victoria cada vez más cercana en el que ha sido su proyecto más ambicioso y polémico: la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. La LOMCE, que ha logrado movilizar en su contra a profesores, alumnos y padres en toda España, será aprobada con la mayoría del PP en la Cámara, y será remitida al Senado. Los populares pretenden que su aprobación definitiva llegue a finales de noviembre o comienzos de diciembre. Y que las primeras medidas puedan ser puestas en marcha el próximo curso 2014-2015.
La LOMCE que se aprueba es la versión más ideologizada de las que ha visto el proyecto desde que se hiciera público el primer borrador el año pasado. Y esto es porque en su trámite parlamentario y su debate en comisión, el proyecto ha incorporado 36 enmiendas parciales de las más de 770 que se habían presentado. Y han sido, en su mayoría, las propuestas por el propio PP y algunas acordadas con UPyD.
Y muchas de ellas no han hecho sino avivar su carácter polémico. Entre los cambios más polémicos está el que refuerza el papel del castellano en la enseñanza y especifica su carácter de lengua vehicular. El texto anterior se limitaba a mencionar que se garantizara el derecho de todos los alumnos de educarse en castellano. Pero tras acordarlo con UPyD el texto especifica que “El castellano será lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”, así como que “las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable”.
En el debate Isabel Sánchez (PNV) llegó a calificar la modificación como “claro componente ideológico”, y el diputado Martí Barberá (CiU) habló de modelos lingüísticos “anteriores a la democracia”. El diputado popular Eugenio Nasarre afirmó, para defenderla, que el actual modelo lingüístico catalán es perjudicial para el conjunto de la sociedad de Cataluña, especialmente para las clases más modestas y trabajadoras.
El PP también ha hecho desaparecer la expresión “prestación servicio público de educación” del prefacio de la ley, para volver a incorporar la de simple “prestación de servicios” prevista en el borrador original. No es un detalle sin más, porque el peso de la palabra público implica responsabilidad del Estado en primera persona, y de esta manera se pasaría de ejercer un derecho a ser perceptor de un servicio.
Más peso de lo privado
La participación de lo privado en el ámbito educativo se pone de manifiesto en el texto de la nueva ley educativa. Entre otras cosas, porque pone en categoría de ley el procedimiento que ya ocurría en comunidades como la de Madrid en la que la administración cede suelo público para construir centros de educación privados. Además, abre la puerta a la contratación directa de profesores sin concurso público y deja claro que el Estado debe garantizar la escolarización, pero que puede hacerlo en centros de titularidad pública o privada. Además, incorpora a 'evaluadores externos' para las pruebas de nivel o reválidas que tendrán que pasar los alumnos para continuar sus estudios.
Otra de las enmiendas clarifica el papel del Gobierno en la evaluación final de primaria, en el sentido de que le corresponderá establecer los criterios y las características de las pruebas para que sean comunes en toda España. Además, establece que la elección de los directores de los centros se haga a través de una evaluación en la que se tenga en cuenta, entre otros factores, los resultados de las pruebas a los alumnos realizadas durante su mandato.
El texto ha contado en la comisión con el rechazo de PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la abstención de Foro de Asturias.