Siete de cada diez alumnos reciben algún tipo de ayuda, parcial o completa, para la compra de libros de texto de cara al curso escolar que arranca en unos días, según Anele (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza). Este dato, a nivel nacional, oculta la diferente aproximación que hacen las comunidades autónomas a este fenómeno, lo que lleva a que algunas subvencionen al 100% de su estudiantado (bien financiando la compra de libros, bien porque hayan establecido algún sistema de préstamo o similares) mientras otras, como Asturias, dejan fuera a dos de cada tres, aseguran los editores.
En total, un 30% de las familias no disfruta de ninguna subvención, lo que las obliga a realizar el desembolso íntegro por estos materiales. Según Anele, este gasto se sitúa en 95,54 euros por estudiante y año (resultado de dividir el gasto total entre el número de estudiantes), pero es una media que mezcla a quienes no gastan nada con los que no reciben ayuda alguna, por lo que probablemente sea poco representativa, según admiten los editores.
“Hay que tener en cuenta que los sistemas de préstamo existentes en buena parte de las comunidades hacen que las familias beneficiarias de estos no tengan que desembolsar ninguna cantidad directamente o que tengan que invertir una cantidad mínima por libros de texto”, sostienen. Y las que pagan, pagan por todas y suben la media.
Esta partida se puede disparar, según han mostrado recientemente en algunas familias en redes sociales. Precisamente en Asturias, la comunidad con menos porcentaje de cobertura para la adquisición de libros, Raúl Martínez mostraba una factura de 339,55 euros por la compra de siete libros y un cuadernillo de ejercicios para 3º de la ESO en un instituto público, según explicó, con varios ejemplares por encima de 50 euros. “Es un asalto a mano armada a las familias y genera una brutal desigualdad social”, concluye este padre.
En el lugar contrario está Laura, que lleva a sus dos hijos a un colegio concertado de La Rioja. Allí, el Gobierno regional ha acabado de implantar la gratuidad casi total sin condiciones: para todos en todos los cursos. El colegio provee de libros a las familias, que solo deben comprar los que no pueden reutilizarse (los de lenguas extranjeras) y asegurarse de que los devuelven en buenas condiciones a final de curso (en caso contrario sí los tienen que reponer de su bolsillo). “Es un alivio –concede Laura– porque para mí la cuesta de enero es en septiembre. Me gasto 190 euros solo en material escolar y estos libros y cuadernos de trabajo que faltan. Súmale algunos años los uniformes, las zapatillas para Educación Física, que empieza el baloncesto, el kárate... Es un dineral, septiembre es un mes complicado”, explica.
Ceapa, la principal federación de asociaciones de padres y madres de la escuela pública, cree que el sistema de obligatoriedad de libros es anacrónico. “Entendemos que en el siglo XXI los libros de texto pueden ser para consulta, pero no deberían ser obligatorios”, sostiene María Capellán, presidenta de la organización. “El desembolso que se hace es enorme para muchas familias, y según la comunidad autónoma te puede suponer un coste cero o más de 300 euros en función del curso”, corrobora las cifras que denunciaba Martínez.
Del todo a la nada
Anele ha publicado esta semana un informe en el que analiza los diferentes sistemas de préstamos o ayudas para la compra de libros en las comunidades autónomas, con el fin de mostrar las diferencias entre ellas y reclamar un sistema común “sostenible y planificado que dé acceso al alumnado a los libros de texto en igualdad de condiciones en todas las Comunidades Autónomas al tiempo que contribuya a facilitar la actividad de las empresas”.
Las diferencias entre comunidades van desde la cobertura universal que practican regiones como Andalucía, Murcia, La Rioja o Navarra, hasta las que dan ayudas en función del nivel de renta (Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia, donde la Xunta se niega a recuperar el sistema de gratuidad), pasando por algunos modelos mixtos (en Madrid o la Comunitat Valenciana el plan es universal, pero deben adherirse los centros para que las familias puedan pedirlo, y en el caso por ejemplo de la escuela concertada no siempre sucede; en Aragón también hay que solicitarlo, igual que en Baleares) o de ayudas directas, como hace Catalunya.
Así, la cobertura difiere mucho según la comunidad, dice Anele. Más allá de las que tienen un sistema universal de ayudas (sea mediante préstamo, banco de libros o financiación de la compra) para todos, en Aragón los beneficiarios son el 50%, en Asturias un 31%, en Baleares un 61%, en Castilla-La Mancha un 30%, en Castilla y León un 40%, en Catalunya la ayuda de 60 euros llega al 95%, en Extremadura el banco de libros cubre al 70% del alumnado, el sistema de adhesiones de Madrid beneficia a un 63% y en la Comunitat Valenciana la Xarxa llibres cubre a todos. Entre todas las autonomías van a invertir 290 millones de euros en ayudas para libros de texto.
El gasto medio familiar, sostiene Anele, apenas ha variado con el paso de los años. El pasado curso subió 3,7 euros por alumno, citando a la Federación del Gremio de Editores. En 2013 estaba en 91,6 euros por estudiante y año. Alcanzó su pico en 2016 (con 106,1 euros) y a partir de ahí ha ido bajando hasta los 95,5 actuales.
Quitarse los libros... y gastar más
Esta evolución responde, continúan los editores, a la del precio de los libros, que a diferencia de novelas y otros formatos no académicos, tienen un precio libre. Según Anele, “el precio medio del ejemplar creció un 1,89%, hasta los 19,42 euros, por debajo de la tasa de inflación de 3,1% al cierre de diciembre de 2023”.
Esto, multiplicado por 39,8 millones de ejemplares vendidos, permitió al sector facturar 796 millones de euros el pasado año. La etapa más fructífera para los editores es la Primaria (17 millones de libros vendidos y 322 millones de euros facturados).
Y la situación no va necesariamente a mejor (para las familias). Hay comunidades, explica Capellán, de Ceapa, que retroceden en su sistema de ayuda. Ella conoce el caso de Castilla y León, donde se implantó un banco de libros para intercambio que gestionaban las AMPAs en los centros. “La Junta vio que aquello era un chollo y en vez de pagar las becas hizo un programa llamado Releo en el que te apuntabas, donabas libros y en función de lo que donabas, recibías”, cuenta. “Como la Junta vio que el sistema le iba fenomenal le dio una vuelta de tuerca, lo llamó Releo Plus y lo hizo por renta. Si tenías ingresos no te daban nada, solo cubría libros para familias con pocos ingresos. Pero los bancos de texto se desabastecieron y solo aportaban nuevos ejemplares las familias, y si no tenías derecho por renta, no te daban nada. Claro, ante esa situación, muchas familias decidieron gestionarlo por su cuenta, darle los libros al vecino o venderlos en Wallapop. Y los bancos de libros se quedaron vacíos”, expone.
En la Comunidad de Madrid hay colegios, concertados, que se están quitando los libros. Pero no precisamente para ahorrarle el gasto a las familias. La hija de María –nombre cambiado porque teme represalias en su centro– acude a uno en el que al llegar a 5º de Primaria el papel desaparece y su lugar lo ocupa un iPad que cada familia debe comprar en el propio centro. “Son más de 400 euros”, lamenta esta madre, y después cada curso hay que pagar las licencias de los libros virtuales. El año pasado, cuando aún tenía que comprar libros, tuvo que pagar más de 300 euros. ¿Cuánto esfuerzo le supone? “Da igual”, dice, resignada, “porque es una cosa que tienes que hacer. Te quitas otras cosas, pero los libros y todo el material escolar se pagan sí o sí”.
En Galicia, una de las primeras medidas que tomó el hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue derogar la gratuidad de libros que implantó el bipartito BNG-PSOE entre 2005 y 2009, una medida que choca con la política educativa de la Xunta para todo lo demás: este curso se estrena la matrícula gratis en la universidad y de la época de Feijóo queda aún la eliminación del coste de las escuelas infantiles. Para compensar la derogación de la gratuidad total, la Xunta ha implementado varias medidas, como ayudas directas a la compra o la creación de un banco de libros públicos, pero aún no alcanza para todos.