Esta vez sí. La ley de eutanasia es ya una realidad después de que el Congreso haya dado luz verde definitiva al texto procedente del Senado. A mediados de diciembre la Cámara Baja ya respaldó por amplia mayoría la norma que introduce un nuevo derecho en nuestro país, pero en su trámite habitual los senadores incorporaron algunas enmiendas y por ello requería de esta última ratificación. La aprobación, que se ha saldado con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, lleva a España a ser uno de los primeros países del mundo en permitir ayudar a morir dignamente ante sufrimientos irreversibles tras más de 20 años de intentos fallidos y de intenso debate social y político. PP, Vox y UPN han votado en contra.
El texto, impulsado por el PSOE, incorpora al ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, el derecho a la eutanasia, que puede solicitarse en un contexto de sufrimiento “que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”. Se ampara así la autonomía y la libertad del paciente, razona la norma, porque “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad” de la persona.
La votación en el pleno, que se ha producido pasadas las 12.30, ha culminado con una larga ovación de la mayor parte de la cámara, que ha roto en aplausos durante más de cuatro minutos. Al mismo tiempo, los diputados del partido de extrema derecha, también en pie, han exhibido el mensaje “la derogaremos” a través de sus ordenadores y tablets en referencia a su anuncio de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. La presidenta de la cámara, Mertixtell Batet, ha tenido que interrumpir la escena recordando que “no se permite el uso de pancartas y que la libertad de expresión se ejerce mediante la palabra”.
Fue el gallego Ramón Sampedro el que en los años 90 le puso voz pública a la pelea por la muerte digna, pero los rostros de Luis de Marcos, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod o María José Carrasco, que pidieron hasta sus últimos momentos poder poner fin a su vida, están hoy más presentes que nunca. Sus familiares no han podido ver la votación en directo desde las alturas de la tribuna de invitados, como suele ocurrir en los plenos históricos, debido a las restricciones por la pandemia, pero la han seguido desde una sala del Congreso. Familias a las que los diputados han querido nombrar y homenajear en su turno de fijación de posiciones y con las que se han disculpado “por llegar tarde”.
La mayor parte de formaciones han ido defendiendo sus argumentos en apoyo a la ley y recordando que lo que implica es “la consecución de un derecho, que es la consecución de un derecho y no una obligación”, en palabras de Joseba Aguirretxea, del PNV, que ha terminado su intervención con un aplaudido “no hay nada mejor que vivir cuando se quiere vivir, pero no hay nada peor que vivir cuando se quiere morir”. “Hasta ahora las leyes condenaban a vivir a las personas que soportaban un sufrimiento inhumano e irreversible, pero por suerte esto hoy va a cambiar. Esta ley no obliga a nadie, lo único que hace es que se pueda escoger”, ha manifestado en la misma línea Carolina Telechea, diputada de ERC.
Que es una ley “garantista” es algo que también se ha reiterado en varias ocasiones a lo largo de la sesión, y también que “solo tiene como finalidad garantizar los derechos individuales y el ejercicio de la autonomía personal hasta el último momento de la vida”, ha proclamado desde Unidas Podemos Rosa María Medel. La socialista María Luisa Carcedo, ponente de la ley, ha recordado los nombres de algunas de las personas que han pedido morir públicamente en los últimos años, personas que “decidieron contar su intimidad” para “lograr este nuevo derecho”. “Ellas y muchos familiares, que ya no pelean por los suyos porque se fueron con tristeza y con dolor, pelean por los demás, y son los verdaderos artífices de este nuevo derecho”.
Carcedo ha recordado también al fallecido doctor Luis Montes, que fue víctima de un bulo sobre sedaciones terminales al que dio pábulo el gobierno de la Comunidad de Madrid, y ha culminado su intervención con unas palabras de Luis de Marcos, un enfermo de esclerosis múltiple que falleció en agosto de 2017 tras iniciar una campaña pública por la despenalización de la eutanasia: “Muchas gracias a todos los que de alguna manera habéis apoyado esta causa, que no es solo mía, sino de cualquier ser humano. Ojalá podáis tener esa salida si llegáis a necesitarla”. La exministra de Sanidad ha sido despedida de la tribuna con una larga ovación y ha dado paso a la actual titular de la cartera, Carolina Darias, que ha expresado su agradecimiento a los diputados, las familias y las asociaciones en defensa de la eutanasia “en nombre del Gobierno”.
Vox recurrirá al Constitucional
Aguirretxea, del PNV, también ha utilizado parte de su intervención para dirigirse a los otros partidos de la derecha, PP y Vox, que han votado en contra, a los que ha recordado que “no podemos legislar en base a los códigos éticos y morales solamente de cada uno, que eso es lo que ustedes plantean”. También Sara Giménez, de Ciudadanos, ha querido marcar distancias en este asunto, y les han acusado de “querer imponer su moral a los españoles” frente a lo que “nosotros damos libertad para que los españoles decidan en qué condiciones quieren vivir”. Giménez ha recordado a los populares la larga ristra de leyes históricas contra las que han votado, como el divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario: “No quieren la libertad de decidir, pero todos esos derechos los tienen hoy los españoles a pesar de ustedes”.
El PP, Vox y UPN se han opuesto a la ley también en esta recta final de la tramitación, al igual que han hecho en todas las votaciones anteriores, en las que han sido inamovibles en sus posiciones contrarias. El partido de extrema derecha ha acusado al resto de formaciones de “consumar su plan de implantar la cultura de la muerte” y ha anunciado que recurrirá la norma al Tribunal Constitucional, al que pedirá su paralización de forma cautelar. El popular José Ignacio Echániz ha reiterado su discurso cargado de bulos de las sesiones anteriores al asegurar que la norma “abre la puerta a eutanasias no solicitadas” o que “quiere obligar a los médicos a atentar al respeto de la vida humana”.
Cómo es el proceso
Se prevé que en unos tres meses la eutanasia ya sea legal en nuestro país. A expensas del día exacto en el que el Boletín Oficial del Estado (BOE) la publique tras su aprobación –el viernes 19 es festivo en varias comunidades–, el texto estipula ese plazo para su entrada en vigor, a excepción del artículo referido a la creación de las Comisiones de Garantía y Evaluación de las comunidades, que será de aplicación un día después. El objetivo es que haya tiempo para ponerlas en marcha y no se dé un desajuste temporal. Este fue uno de los ligeros cambios que introdujo el Senado, junto a la inclusión del colectivo de enfermería en estos organismos, que hasta entonces solo incluían a personal médico y jurista.
En la práctica, se trata de un marco legal que despenaliza el hecho de prestar ayuda para morir en acotadas situaciones, ya sea de forma activa, que es cuando un médico pone fin a la vida del paciente a petición de este, o en forma de 'suicidio asistido', que se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. Deberá ser mayor de edad y sufrir una enfermedad “grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause “un sufrimiento físico y psíquico intolerables”, lo que deberá certificar un médico. Además, tiene que ser “capaz” de obrar y decidir y hacerlo de “forma autónoma, consciente e informada”. Los médicos tendrán derecho a la objeción de conciencia.
La ley prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el propio domicilio. En cualquier momento la persona que lo solicita puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España.
Deberá, además, pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo. Todo ello con unos plazos estipulados que solo pueden acortarse si la muerte es “inminente” y tras un “procedimiento deliberativo” entre sanitario y paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos. Información que la ley obliga a que el solicitante reciba por escrito.