El presidente francés, Emmanuel Macron, endurecerá la política migratoria con nuevas restricciones en las prestaciones sanitarias o cuotas para los permisos de trabajo, para tratar de quitar argumentos a la líder ultraderechista, Marine Le Pen.
El objetivo es “retomar el control de nuestra política migratoria”, en palabras del primer ministro, Édouard Philippe, que al término de un consejo interministerial dedicado a esta cuestión este miércoles hizo hincapié en que la veintena de medidas anunciadas asienta “un justo equilibrio entre derechos y deberes”.
El eje principal es “luchar contra el fraude y los abusos” en el sistema de protección social para los inmigrantes, contra el que Le Pen y su partido, la Agrupación Nacional (RN), cargan en cada convocatoria electoral.
Buena parte de las medidas pretenden evitar esos “abusos”, por ejemplo limitando la cobertura médica para demandantes de asilo a la atención de urgencia durante los tres primeros meses desde que presentan su solicitud.
Otra medida será dejar de ofrecer esa cobertura completa seis meses después de que expire el permiso de residencia de un inmigrante que se ha quedado en Francia.
Tampoco podrán beneficiarse de ese servicio quienes hayan entrado en el país con un visado de turista durante los tres meses que sigan a la fecha de caducidad de ese visado.
Y se interrumpirán los derechos a prestaciones cuando haya una decisión definitiva de expulsión de un inmigrante en situación irregular.
La ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzn, afirmó que dar atención médica a toda persona que se encuentra en Francia es indispensable “por razones humanitarias y también por razones de salud pública”, pero al mismo tiempo consideró “legítimo” un mayor control para hacer frente a un fraude que reconoció “limitado” pero que “alimenta fantasmas”.
Una de las grandes innovaciones del dispositivo, que llega rodeado de polémica, es la puesta en marcha de un sistema de cuotas anuales para la inmigración profesional que responda a las “necesidades no cubiertas” en mano de obra en cada región.
Philippe subrayó que esos “objetivos cuantitativos” no se fijarán por nacionalidades, sino en función de los oficios que buscan las empresas y para los que no se encuentren candidatos en Francia.
Desde 2008 hay una lista de empleos “en tensión” en cada región para los que una empresa puede buscar candidatos en el extranjero sin justificar haberlo hecho previamente en Francia, pero la lista no se ha actualizado desde entonces.
Según los servicios del desempleo, pese a que Francia tiene una tasa de paro relativamente elevada (8,5 %), hay unos 150.000 puestos de trabajo no cubiertos por falta de perfiles profesionales ajustados.
Los beneficiarios de permisos de trabajo son una parte relativamente menor del total de inmigrantes que llegan a Francia (un 13 % de los 255.550 que entraron regularmente en 2018).
Para Le Pen, la cuota no hará disminuir las cifras de la inmigración y no aporta nada para resolver la cuestión de las entradas clandestinas.
El Gobierno de Macron quiere, por otra parte, atraer a más estudiantes universitarios a Francia y duplicar su número para llegar a 500.000 de aquí a 2027 como una forma de aumentar la proyección internacional del país.
Su Ejecutivo lanzó otros mensajes de firmeza frente a la inmigración, como su voluntad de vincular una parte de la ayuda al desarrollo, tanto la francesa como la europea, al compromiso por parte de los países receptores de aceptar a sus nacionales expulsados de suelo francés.
El titular de Interior, Christophe Castaner, indicó que de aquí a finales de año se desmantelarán los campamentos de inmigrantes en la periferia noreste de París, donde según las ONG viven al menos 3.000 personas en condiciones insalubres.
Ángel Calvo