Itziar Prats, la madre de las dos niñas, de 3 y 6 años, asesinadas hace un año en Castellón por su padre ha presentado dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Interior y de Justicia por considerar que fallaron en la protección de las dos menores. Itziar acudió a varias instancias a denunciar el riesgo que corrían, pero el sistema no lo detectó y las niñas acabaron siendo asesinadas a finales de septiembre de 2018.
Sendas reclamaciones, adelantadas por El País hace unos días, son el paso previo antes de acudir a los juzgados a presentar una demanda, algo que el abogado del caso, Gabriel Rubio, asegura que hará si el Gobierno no asume su responsabilidad. “Lo que ha pasado en este caso es escandaloso y de una irresponsabilidad enorme”, señala a eldiario.es.
Itziar hizo un periplo por distintas administraciones sin éxito y denunció en varias ocasiones las amenazas que el padre profería contra ella y las menores. Un juzgado, sin embargo, llegó a denegar la orden de protección argumentando que había fijado su residencia cerca de donde él vivía y justificando que la mujer no había ofrecido “una explicación razonable al miedo que dice sentir”. Apenas un mes después, Itziar ya alzó la voz públicamente para denunciar a quien desoyó “su socorro” en un carta leída en la sede del Defensor del Pueblo y exigió a la Administración la asunción de responsabilidades.
Ahora, se materializa en las dos reclamaciones que apuntan directamente a un incumplimiento “negligente”, explica Rubio, del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. El acuerdo obliga a los estados firmantes a incluir a los menores en las valoraciones policiales del riesgo y a evaluar también “el riesgo de letalidad”, es decir, de asesinato. Dos elementos que el Ministro del Interior introdujo en un nuevo protocolo operativo este 2019, meses después del asesinato de las dos niñas. De este tipo de valoraciones policiales, que se dividen entre riesgo no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, se sirve el juez para tomar la decisión de protección o no.
“Las instituciones han tenido mucho tiempo para cumplir el Convenio de Estambul y no lo han hecho. ¿A qué esperaban?”, exclama el abogado de la familia, que pone el foco además en que ningún juez ni forense “escuchó nunca” a las dos menores, a pesar de lo que establece el Convenio de los Derechos del Niño, que también se cita en las reclamaciones, señala Rubio.