Madres monoparentales que demandan al Estado: “Está muy bien que igualen los permisos de paternidad, pero nuestros hijos siguen teniendo menos derechos”

“Nos vemos obligadas a dejar a nuestros hijos al cuidado de otras personas o en una guardería mucho antes que las familias en las que hay dos progenitores. Es algo que tiene que cambiar”. Cristina Vallés es madre de un niño de 11 meses y resume así la razón por la que se ha embarcado en un proceso que, aunque le lleve tiempo, confía en que dará sus frutos. Es una de las dos madres que, apoyadas por el sindicato CGT, acaban de presentar una demanda para exigirle al Estado el mismo tiempo de cuidado para sus hijos que las familias formadas por dos progenitores. “Vamos a llegar hasta el final, contemplamos Europa si hace falta”, señala a elDiario.es.

Ambas se suman así a varias mujeres que han dado pasos similares. Las familias monoparentales llevan tiempo pidiendo un cambio en los permisos porque consideran “una discriminación” que sus hijos e hijas sean cuidados en casa menos semanas que si hubieran nacido en una familia de dos progenitores. Estas últimas disfrutan del permiso de maternidad y paternidad, pero en el caso de las formadas por una madre o un padre, solo del primero. La diferencia se ampliará en menos de dos meses con la aplicación del decreto aprobado en 2019 para fomentar la corresponsabilidad: a partir del 1 de enero, cada progenitor tendrá 16 semanas. De esta forma, podrán alargar el cuidado del bebé hasta un máximo de 26 semanas (seis simultáneas obligatorias nada más nacer, más otras diez cada uno), pero las monoparentales seguirán como hasta ahora.

“Al final nuestros hijos tienen menos derechos por el tipo de familia al que pertenecen. Son niños y niñas que son cuidados al nacer menos semanas que los que tienen dos progenitores y se están viendo perjudicados”, prosigue Cristina, profesora de dibujo en un instituto público de Zaragoza. María Bravo (nombre ficticio) también comparte profesión, ciudad y situación familiar. Tuvo a su hija hace 13 meses, y, como su compañera, acaba de presentar una demanda pidiendo la ampliación de su permiso. “Te embarcas en esto sabiendo que va a ser difícil porque estás sola, pero poco a poco acabas viendo que no estamos reconocidas y que hay cosas como esta que son cuestión de la Administración. ¿Por qué no puede, por ejemplo, mi madre o mi hermana disfrutar del otro permiso?”, se pregunta.

Las demandas, admitidas a trámite recientemente, no son las primeras que reclaman lo mismo –la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) ya ha impulsado acciones de esta naturaleza–, pero en esta ocasión lo ha hecho la Confederación General del Trabajo (CGT), al que pertenecen las dos madres. Se dirigen contra el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que es el órgano que ha denegado la petición de ampliación de los permisos porque son profesoras. El trámite seguido es el habitual: dirigieron la solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que la derivó a MUFACE, la mutua de funcionarias, y este a su vez al departamento del que dependen. Tras la denegación, presentaron un recurso de alzada sin éxito. El motivo es que lo que piden “no está contemplado en la normativa vigente”, razona el organismo.

“Tenemos que dar estos pasos”

El sindicato reclama ir más allá, y aunque celebra que los permisos avancen hacia la igualdad entre hombres y mujeres, lamenta al mismo tiempo que la ley “no contemple la particularidad” de estos hogares y que los menores “se vean discriminados en su derecho al mismo tiempo de cuidados y protección”. Algo que, prosigue, “supone primar un modelo de familia, el tradicional, alejado de la realidad social en la que vivimos”, apunta apunta Lorena Hostalot, delegada sindical de CGT Enseñanza.

Las dos mujeres aplauden también la equiparación de los permisos, pero reivindican que su realidad sea tenida en cuenta: “Que igualen los permisos de paternidad está muy bien y es necesario, pero nuestros hijos siguen discriminados por el tipo de familia que somos”, añade María.

Al igual que las propias demandantes, CGT muestra su intención “de seguir adelante hasta que se reconozca” el derecho y reclaman al juzgado que eleve el caso al Tribunal Constitucional en forma de cuestión de inconstitucionalidad para que se pronuncie. Según explica el abogado del sindicato, Luis Bandrés, de ello dependerá la vía a seguir: si el juez o jueza no lo acepta, “nos obligará a seguir el procedimiento ordinario hasta llegar al TC y ¿por qué no? hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Según el INE, en España hay casi dos millones de hogares de este tipo en nuestro país, una inmensa mayoría encabezados por mujeres. “Tu vas viendo que tus compañeros se cogen las primeras semanas obligatorias y luego se van organizando entre uno y otro y al final el bebé esta acompañado de su figura de apego más tiempo, y piensas ¿pero por qué nosotras no? Y eso que somos privilegiadas, tenemos trabajo...de alguna forma tenemos que dar estos pasos”, argumenta Cristina. María coincide y apunta a que “en nuestro caso ya lo hemos perdido, pero aunque se diga siempre es que es verdad, hay que intentarlo por las que vienen detrás”.

La demanda, fechada el pasado 15 de octubre y a la que ha tenido acceso elDiario.es, califica los hechos como una “vulneración de sus derechos fundamentales” y se centra fundamentalmente en dos cuestiones: por un lado, en los efectos para sus hijos e hijas, y por otro, para ellas mismas. Considera que los permisos son “un verdadero derecho subjetivo” de los niños y niñas y alude a que la situación es contraria “a la primacía del interés superior del menor” que debe guiar cualquier acción. Pero, además, cree que se ve afectada “la igualdad entre hombres y mujeres”, “la permanencia en el empleo de la mujer trabajadora” y “la compatibilidad de su vida personal y/o familiar y profesional”.

Las dificultades añadidas

En este sentido, las demandas apuntan a una presunta “discriminación indirecta” respecto a las familias biparentales, pero también, partiendo de que la mayoría de las familias monoparentales están formadas por mujeres, aluden a una “discriminación indirecta por razón de sexo”. En su opinión, porque una norma “aparentemente neutra” está “situando a determinadas personas, en este caso, mayoritariamente mujeres que forman familias monoparentales, en desventaja particular sin encontrarse razón objetiva alguna”, esgrime el texto añadiendo referencias a las “superiores” dificultades que tienen este tipo de hogares para conciliar.

Los obstáculos de conciliación para las monoparentales se han agrandado con la pandemia de coronavirus y durante un estado de alarma que mantuvo a la población en casa y sin posibilidad de recibir apoyos no profesionales para el cuidado. Para la mayor parte de estas familias, reducir el tiempo de trabajo y, por tanto, el sueldo, el único con el que normalmente se sostiene el hogar, resulta casi imposible; lo mismo que contratar a una cuidadora o cuidador. Cerca del 50% está en riesgo de exclusión, según el indicador de pobreza AROPE, el que se utiliza para comparar los datos con el resto de Europa, y se han tenido que enfrentar a la crisis sanitaria y económica sin que las medidas para trabajar y cuidar estén pensadas para su modelo.

Debido a que son profesoras, Cristina y María sí han podido teletrabajar, así que estuvieron ellas solas con sus hijos recién nacidos en casa dando clases a distancia a sus alumnos. Una experiencia que la última define como “estresante y horrible”: “Vivimos en un piso pequeño, sin terraza, mis padres sin poder ayudarme...Me tenía que despertar a las 3 de la mañana y ponerme a trabajar. Cada vez que bajaba al supermercado, tenía que bajar con la niña...y miraba la gente. Fue desesperante”. En ambos casos, si hubieran podido disfrutar del mismo tiempo de cuidado que las familias biparentales, al menos las primeras semanas del estado de alarma hubieran estado de permiso sin trabajar.

Con estas dos demandas, CGT sigue los pasos de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), que lleva años exigiendo que su realidad sea tenida en cuenta a la hora de pensar los permisos de paternidad y maternidad. Antes de la pandemia, varias mujeres de la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), que pertenece a la FAMS, ya habían interpuesto demanda y muchas continúan registrando solicitudes a la Seguridad Social exigiendo la ampliación. La federación pide, además, una ley de familias monoparentales que acabe con la laguna legal en la que se encuentran –solo en algunas comunidades hay legislaciones específicas que las amparan–.

Por su parte, la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PpiiNA) se ha mostrado habitualmente crítica con la ampliación debido al “riesgo” que puede conllevar laboralmente doblar el permiso desde el punto de vista de la penalización en el trabajo, ya que estas mujeres van a estar fuera de su puesto más tiempo. Y muestra su apoyo a una ley de familias monoparentales como la que reclama la FAMS.

Con todo, esta plataforma centra ahora su esfuerzo en intentar cambiar lo que llama “la letra pequeña” del decreto de abril de 2019 y conseguirlo antes de que entré en vigor la equiparación del 1 de enero. En concreto, piden cambiar que los seis primeros meses sean simultáneos entre ambos progenitores y eliminar la condición de que el resto, para que sea a tiempo completo, deba negociarse con la empresa: “Si no se corrigen, consolidarán el papel de los hombres como ayudadores, y las mujeres seguiremos siendo las cuidadoras principales”, concluyen.