María tiene 39 años y en 2017 dio a luz a su primer hijo. Autónoma en el mundo de la gestión cultural, trabajaba para galerías de arte e instituciones públicas, aunque no siempre con facturas de por medio. “Coincidió que cuando me quedé embarazada me quedé sin el trabajo que más facturación me daba. Seguía haciendo pequeños trabajos pero era difícil, mucho curro, poco dinero, pagos que se retrasan...”, recuerda. Siguió adelante para intentar conservar esos otros clientes, también una vez que nació su hijo. “Era primeriza y creía que podría combinarlo, aunque fueran menos horas, pero resultó imposible, te cuesta al principio darte cuenta de que no puedes funcionar como antes. Fui a pedir el cese de actividad parcial pero ya se me había pasado el plazo. Tampoco podía pedir ya el permiso de nacimiento, ni ningún otro subsidio en realidad; para la administración era casi como si no hubiera trabajado porque había cotizado poco y no tenía ningún tipo de contrato. Durante un tiempo me quedé en un limbo en el que ni cobraba nada ni podía buscar trabajo porque no me daban puntuación para meter a mi hijo en la escuela infantil”, relata.
Aunque han pasado varios años y María consiguió salir de esa espiral, recuerda esa etapa con angustia: “Te sientes fatal porque no crees que algo así te vaya a pasar a ti. Estudié una carrera, un master, trabajé... Mi pareja tenía un trabajo del que podíamos vivir y mi madre nos ayudó. No pasamos penurias pero yo sí pasé vergüenza”, confiesa. Cuando intentaron conseguir plaza en la escuela infantil pública, no lo lograron: la Comunidad de Madrid da más puntos cuando los dos miembros de una pareja están trabajando. “No podíamos permitirnos pagar 600 euros al mes de una escuela privada. Y si no lo dejaba con alguien no podía buscar trabajo porque cuidar es estar siempre haciendo algo. Tenía muchos contactos, pero todo cambia cuando te ven con un bebé. Estuve un año y medio atrapada”. Finalmente, María entró en una convocatoria pública y consiguió una plaza como profesora de instituto. Solo entonces pudo quedarse embarazada de su segundo hijo, cuando estuvo segura de que esa situación de precariedad no se repetiría.
Más que una excepción, su historia forma parte de un relato que deja algunos números sorprendentes, por ejemplo, que un 34% de las madres y un 26,6% de los padres no tienen derecho a acceder al permiso de nacimiento. Se trata de personas que, fundamentalmente, no están trabajando ni cobrando el desempleo, o que tienen un empleo sumergido. En otros casos, la mezcla de precariedad y temporalidad les impiden acceder con normalidad a buena parte del sistema de protección social, muy ligado al mercado laboral. Los permisos por nacimiento están diseñados para proporcionar un tiempo fuera del empleo y poder cuidar, pero también como prestación que permite tener una renta económica durante ese periodo.
Si alguien ha cotizado el periodo suficiente que se pide como requisito, pero no está en alta en la Seguridad Social o en situación asimilada al alta, no puede acceder al permiso por nacimiento. En esa situación pueden encontrarse personas que hayan agotado la prestación de paro hace tiempo o que no estén dadas de alta como demandantes de empleo, quienes cobren algún tipo ayuda asistencial, quienes estén fuera del mercado laboral por motivos de cuidado, quienes hayan sido despedidos antes de tener un hijo y no hayan generado derecho a paro, o quienes hayan cotizado esporádicamente en algún momento pero no cuando se convierten en madres o padres y tampoco estén cobrando prestación.
“Hay una parte de la población en situaciones tan precarias que pudiera suceder que en ese momento se le acabe de terminar un contrato temporal y esté a la espera de otro en unos meses y no le interese cobrar su prestación por desempleo todavía para poder encadenar otro empleo, cotizar más y asegurarse una mejor prestación de paro en el futuro”, explica la economista Cristina Castellanos. La economista subraya que la prestación por desempleo no cubre las situaciones más precarias “sino justo las menos precarias”.
Una espiral
Daniela (nombre ficticio), de 36 años, también se vio en esa situación. A comienzos de 2020, ella y su pareja se trasladaron de ciudad para adaptarse al nuevo destino laboral de él. Al llegar a su nueva ciudad, y en plena epidemia de coronavirus, le fue imposible encontrar trabajo, aunque poco después encontró empleo en una tienda. “Para entonces fuimos al médico porque llevábamos mucho tiempo buscando el embarazo y no llegaba. Iba a empezar el tratamiento de fertilidad y avisé en la empresa porque quizá necesitaba tomarme algún día. Aunque estaban muy contentos conmigo, no me renovaron el contrato”, prosigue. El tratamiento funcionó y Daniela se quedó embarazada: “En esas circunstancias nadie me daba trabajo y se me acabó el paro”. Cuando dio a luz a su bebé se encontraba, por tanto, sin empleo, sin prestación, y sin estar dada de alta en la Seguridad Social o en una situación similar. “No tuve derecho a nada”, remarca.
Más allá de no recibir ninguna prestación económica, Daniela se vio envuelta en la misma espiral que María: sin cobertura económica más allá de la de su pareja, cuidando y buscando un empleo sin que sus circunstancias puntuaran para, por ejemplo, acceder a servicios públicos de cuidado. Daniela retomó sus estudios de educación infantil e hizo las prácticas pertinentes, que todavía no cotizaban a la Seguridad Social. Eso hizo que el año pasado, cuando nació su segunda hija, tampoco cumpliera los requisitos para acceder al permiso por nacimiento.
Pablo, de 36 años, tampoco tuvo permiso de paternidad. “En abril de 2018 se me había acabado el contrato de investigación en una universidad. Ese septiembre me dieron una beca de una fundación privada para investigar en el extranjero”, relata. El régimen de la beca era, eso sí, “extraño”: “Normalmente hacen algún convenio con la institución que te recibe, algún tipo de contrato... pero me dijeron que me transferían todo el dinero en mi cuenta como rentas del trabajo pero sin darme de alta en la Seguridad Social ni hacer ningún convenio. Me pareció muy extraño pero para mi carrera investigadora era algo que me venía muy bien para cumplir una serie de méritos que luego se nos piden”. Pablo combinó su estancia en Reino Unido con largos periodos en España.
En el momento de aceptar esa beca de investigación, Pablo renunció al paro que estaba cobrando desde que acabó su contrato en la universidad. Su hijo nació en agosto de 2019, justo cuando estaba acabando la beca. Él se encontraba ya en España, pero sin estar dado de alta en la Seguridad Social ni tener ningún convenio asimilable y habiendo renunciado meses antes a su prestación de paro, no tuvo derecho al permiso por nacimiento. “Cuando renuncié a la prestación yo no entendí cuáles eran las consecuencias, no supe que suponía darme de baja en una situación asimilable al alta en la Seguridad Social”, afirma. Tres semanas después de que naciera su hijo, Pablo volvió a trabajar en una universidad con un contrato estándar pero ya no podía pedir el permiso. “Mi hijo tenía tres semanas y necesitaba cuidados. Por suerte tuve flexibilidad en mi nuevo departamento”.
La investigadora Adela Recio, coautora de varios estudios sobre maternidad y protección social, subraya que los permisos son prestaciones contributivas “y por tanto hay personas que no generan este derecho”. “Es una laguna que de alguna manera muestra que hay personas excluidas del mercado laboral y eso implica una vulnerabilidad que se agrava con la llegada de un hijo”, afirma. Recio habla de la necesidad de mejorar la protección social pero también las condiciones laborales, la autonomía económica de las mujeres y la prestación de servicios de cuidado gratuitos y de alta calidad.