El juez que instruye el caso Madrid Arena investigará si la cúpula policial falseó un documento oficial que recoge el cambio de nivel de riesgo que suponía la macrofiesta en la que murieron cinco jóvenes. El magistrado, Eduardo López-Palop, quiere saber si ese documento, que es posterior a Halloween, se realizó “ad hoc” para justificar una decisión que “quizás nunca se produjo”.
La Policía Municipal presentó un informe con fecha 6 de noviembre de 2012 -seis días después de la tragedia- en el que reflejaba el cambio del nivel de riesgo de medio a alto. Las acusaciones personadas en el caso pidieron al juez que abriera una pieza separada al considerar que ese documento era “falso” y que nunca existió por escrito un informe que se refiriera al cambio del nivel de riesgo.
La responsable del área de seguridad municipal, Fátima Núñez, expresó en su declaración que el texto se había elaborado a posteriori para la comisión de investigación. Además, la oficial de Policía encargada del evento durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012, Cándida Jiménez, aseguró que jamás había existido ese cambio de riesgo, contradiciendo el contenido de ese documento. También puso de manifiesto que había informado a sus superiores del peligro de la fiesta, a lo que le respondieron: “Esto es lo que hay, búscate la vida”.
El magistrado sospecha que el informe presentado “quizás nunca existió” y abre una pieza separada para que se depuren responsabilidades en la cúpula policial por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. “Se trata en definitiva de investigar y averiguar si la documentación a la que nos venimos refiriendo y que tiene fecha posterior a los hechos acaecidos fue creada 'ad hoc' para justificar una decisión, el cambio de riesgo medio a riesgo alto, que quizás nunca se produjo”, reza el auto.
La resolución judicial afecta a los altos mandos del cuerpo municipal, entre ellos el jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo y algunos de sus subordinados: Oscar de Santos, jefe de planificación; Gerardo del Rey, jefe de Inspección Territorial; y Emilio Rodríguez Corral, subinspector policial, que aseguró que sí se había producido cambio de riesgo y que él mismo lo comunicó de forma verbal.
El reglamento de la Policía Municipal de Madrid establece que las “órdenes que por su trascendencia o complejidad en su cumplimiento pudieran ofrecer dudas razonables a los componentes que les correspondiese ejecutarlas, se darán siempre por escrito”.