El Consejo de Ministros aprobará este viernes un decreto ley por el que se modificará la Ley de Memoria Histórica para permitir la exhumación de Francisco Franco y la salida de sus restos del Valle de los Caídos. Una decisión polémica, que ha vuelto a poner en relieve el papel de la Iglesia católica a la hora de decidir sobre la momia del dictador y ha mostrado las divisiones entre los obispos y la Abadía benedictina de la que depende la basílica. Finalmente, la Iglesia ha dado vía libre a la exhumación en un escenario de consenso con el Gobierno para el que los cristianos socialistas y algunos miembros de la Conferencia Episcopal han sido imprescindibles.
A pocas horas de conocer el fondo de la reforma, el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, entiende que “es una decisión que corresponde al Gobierno y a la familia” y se mantiene al margen. El purpurado, que en las últimas semanas ha mantenido contactos con el entorno del presidente Pedro Sánchez, aunque sin comunicación directa entre ambos, ha dejado claro que la Iglesia no se opondrá a la salida de los restos de Franco. Su única advertencia es que el Ejecutivo “cuente con la familia” antes de que la exhumación se lleve a cabo. Personas cercanas a la interlocución apuntan que el diálogo con el cardenal Osoro ha sido “cercano y sincero”.
La Iglesia no será un obstáculo. Y no lo será porque tanto el Vaticano como la abadía francesa de Solesmes, de la que depende la comunidad benedictina de Cuelgamuros, entienden que esta es una cuestión política que corresponde solucionar a los españoles. También, porque el Arzobispado de Madrid, en cuyo territorio se ubica el Valle de los Caídos, no quiere que el caso Franco sea una polémica más en las ya difíciles relaciones Iglesia-Estado en nuestro país.
Desde que a mediados de junio comenzara a barruntarse la salida de Franco del Valle, el cardenal Osoro asumió la responsabilidad en el diálogo con las autoridades, si bien el prior de la Abadía, Santiago Cantera, quiso tener un papel protagonista y amenazó al Gobierno con una denuncia por profanación de tumbas. Sin embargo, el mismo Osoro recordó al prior, en uno de los encuentros para intentar que la Abadía asumiera la postura de la Iglesia madrileña, que los frailes no son “vigilantes de cementerios”.
El papel del cardenal y el del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha sido imprescindible para que, desde el comienzo, las relaciones Iglesia-Gobierno en lo tocante al traslado de los restos del dictador estuvieran marcadas por la búsqueda del consenso. Las buenas relaciones entre Blázquez, arzobispo de Valladolid, y el alcalde de esta localidad, que es al mismo tiempo portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, contribuyeron a desatascar el conflicto e ir avanzando en las negociaciones.
El papel de los cristianos socialistas
Junto a ello, ha sido inestimable la colaboración de miembros de la corriente Cristianos Socialistas, especialmente la de Carlos García de Andoin, uno de sus fundadores. Este teólogo y politólogo fue coordinador del Comité de Expertos nombrado por José Luis Rodriguez Zapatero en 2011 para elaborar un informe sobre la resignificación del Valle, del que considera que “sólo puede ser lugar de reconciliación si es memoria de las víctimas de la Guerra Civil y deja de ser mausoleo del dictador”.
El PSOE es el único partido, a nivel nacional, que cuenta con una corriente de creyentes activa dentro del organigrama federal. Se trata de este Grupo Federal de Cristianos Socialistas, cuyo actual coordinador es Juan Carlos González. Tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, ha contribuido a facilitar el acuerdo con las instituciones eclesiásticas para, sostienen desde este organismo, “desencallar la situación del Valle de los Caídos, cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica, y transformándolo en un Memorial de las Víctimas de la Guerra Civil”.
Por parte de los obispos, otro nombre suena con fuerza como consejero: el sacerdote Santos Urías, que ha formado parte de la Comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, presidida por Francisca Sahuquillo, y que también goza de buenas relaciones con el grupo de Cristianos Socialistas.
La tesis de los mediadores
La tesis de los interlocutores era clara: la familia de Franco nunca tuvo la custodia de los restos, sino que fue el Rey quien entregó los mismos a los monjes, con lo que si el actual monarca sancionara un decreto para trasladarlo, la fórmula elegida por el Gobierno, los benedictinos tendrían que obedecer. Este razonamiento fue el que se hizo llegar al prior de la Abadía, quien hasta entonces se mostraba molesto ante la injerencia de otras autoridades religiosas que, en su opinión, no tenían nada que decir.
Con todo, la diócesis sondeó al prior durante un encuentro que mantuvo con uno de los obispos auxiliares de Madrid a mediados de julio. La intervención de enviados de la Abadía de Solesmes –los abades de Silos y Leyre, que ejercen como abades regentes–, también sirvieron para que el prior supiera que la Santa Sede no quería tener que intervenir en un conflicto que, reiteraban, debía resolverse desde el ámbito político y familiar, nunca con la oposición de la Iglesia.
Que la reforma no toque los acuerdos Iglesia-Estado
Otros obispos, como el polémico Juan Antonio Reig Plá, conocido por sus misas franquistas en Paracuellos del Jarama, también visitaron Cuelgamuros. Finalmente, después de que este diario publicara que el prior del Valle admitía que no podría negarse a una orden sancionada por el Jefe de Estado, la Abadía emitió un comunicado autoimponiéndose silencio. Desde entonces, las conversaciones se han desarrollado con mayor calma y sabiendo que la Iglesia no iba a ser un elemento de división.
En todo caso, desde el entorno de Osoro esperan a conocer en detalle los componentes jurídicos del decreto ley que aprobará el Gobierno este viernes, especialmente para confirmar que no se toca ningún aspecto de los Acuerdos Iglesia-Estado. Algo que el Ejecutivo ha confirmado que no sucederá porque el objetivo no es otro que impedir futuras denuncias de la familia o de la Fundación Francisco Franco. Desde el Gobierno, y también desde la Iglesia, se espera que una vez aprobado el decreto, votado por el Congreso y sancionado por el Rey, los nietos de Franco reclamen los restos del dictador, que de ser así sería enterrado en el cementerio de Mingorrubio junto a su esposa Carmen Polo.