Aunque hace meses que el virus del ébola desapareció del organismo de Teresa Romero, su caso, convertido en materia legal, reaparece periódicamente. Los últimos que se han unido a la fiesta en los juzgados han sido los técnicos sanitarios que trasladaron a la auxiliar de enfermería de su domicilio hasta el hospital de Alcorcón la madrugada del 6 de octubre de 2014. Según ha contado El Mundo, ambos se han querellado contra el Servicio Madrileño de Salud, el hospital La Paz y el Servicio de Urgencias (SUMMA 112) por no haberles avisado de que la paciente podía estar infectada.
Los 30 días en los que España centró la atención mundial por ser el primer caso de contagio de la enfermedad fuera de África se han trasformado en una retahíla de denuncias y demandas judiciales. A día de hoy, además de esta querella, siguen vivas las denuncias del sindicato CSI-F ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo contra el gerente del SUMMA 112 y la gerencia de La Paz por no comunicar a los trabajadores que trataban un posible caso de ébola.
También la demanda civil que la afectada Teresa Romero interpuso contra el exconsejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez –a quien defienden los abogados públicos del Gobierno regional– y las diligencias ordenadas por la magistrada del juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid para investigar las denuncias de 15 médicos de La Paz por falta de medios y preparación previa.
En cambio, la querella presentada por el partido animalista PACMA por el sacrificio de Excálibur, el perro de Romero se quedó en nada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que el responasable de Sanidad no había cometido un delito al ordenar la muerte del animal. También se esfumó el amago de querella que la médico de Atención Primaria que atendió a la infectada presentó contra la auxiliar. En el acto de conciliación, Romero reconoció que nunca dijo a su médico que había estado expuesta al virus del ébola. Después de que la auxiliar de enfermería se desmentiera ante el juez, la doctora dejó morir las acciones legales.
El último capítulo, el de los conductores de la ambulancia que trasladó a Teresa Romero, repite los argumentos que utilizó CSI-F: el centro coordinador de las urgencias no les alertó del riesgo ni les dotó de equipos aislantes a pesar de la sospecha que levantó el primer sanitario que se personó aquella noche en la casa. El encargado de acción sindical del CSI-F, Fernando Hontangas, cuenta que sus denuncias “están admitidas y estamos esperando fecha para la vista”.
Destituido pero amparado
Especialmente llamativa ha sido la situación del exconsejero Rodríguez. Fue mantenido durante semanas en su puesto por el presidente regional Ignacio González después de haber responsabilizado a Teresa Romero de haberse contagiado por negligente. Tuvo que dimitir la ministra de Sanidad, Ana Mato, –aunque ella lo hizo, en realidad, por el caso Gürtel– para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se decidiera a destituirlo. A pesar de todo, Madrid aceptó la petición que el exconsejero Javier Rodríguez les hizo al día siguiente de que le despidieran: que su defensa en la demanda interpuesta por Teresa Romero corriera a cargo de los servicios jurídicos de la Comunidad.
Aunque Rodríguez ya no era consejero del Gobierno regional cuando envió su petición, su condición de funcionario permite que solicite estos servicios, como recoge la Ley de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. La norma reserva esta posibilidad a las “autoridades, funcionarios y empleados de la Comunidad y de sus organismos y entidades públicas” siempre que se cumplan unos mínimos. Los requisitos limitan la representación de la Comunidad a los actos relacionados “directa e inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones” y siempre que “exista coincidencia de intereses entre la Comunidad y la autoridad”.
Según fuentes del Gobierno regional, el hecho que provocó la denuncia se produjo dentro del ejercicio de las funciones de Rodríguez como consejero de Sanidad, por lo que cumple con todos los requisitos. “No hizo esas declaraciones a título personal sino en el ejercicio de su cargo”, explican a eldiario.es. Sobre si la Comunidad de Madrid comparte los intereses de Javier Rodríguez en este asunto, estas fuentes oficiales destacan que “la coincidencia de intereses radica en el legítimo derecho de un cargo público a ser defendido por los servicios jurídicos de la Comunidad”. “Si no, se estaría incurriendo en una situación de indefensión”, añaden.
El tipo de delito, privado, tampoco es una razón para rechazar la defensa, según el gobierno regional. Repiten que los hechos denunciados se enmarcan en sus comparecencias como consejero de Sanidad, “como cargo público”.
El abogado Juanjo Zaldívar, del bufete Acebo & Rubio, explica que, “aunque pueda existir un punto de contradicción, de falta de coherencia política, hay una ley que permite entender la representación de esta persona como funcionario que es”. En opinión de Zaldívar, la coincidencia de intereses entre la Administración y el aludido (el aspecto más discutido) también puede entenderse desde el siguiente punto de vista: “Si los intereses no fueran los mismos, la Comunidad de Madrid a lo mejor debería personarse en la causa”.
En el acto de conciliación que tuvo lugar en los juzgados de Primera Instancia de Alcorcón como previo paso a la demanda, a mediados de diciembre, el abogado de la Comunidad de Madrid defendió la postura de Rodríguez, ausente en la mesa. De este modo, los comentarios que no compartía y que recriminó Ignacio González son ahora defendidos por los servicios jurídicos de la comunidad que preside.