Ni un día ha durado el consenso entre Gobiernos y comunidades autónomas anunciado el miércoles para finalizar el curso escolar con la idea de una “promoción general” y la posibilidad de titular en Secundaria y Bachillerato con asignaturas suspensas. La ministra de Educación, Isabel Celaá, explicó que el apoyo a estas medidas era “mayoritario” entre los gobiernos regionales. Hoy se sabe que fuera de esa mayoría están, al menos, Madrid, Murcia, por unas razones, y Euskadi por otras. Mientras Andalucía y Castilla y León han expresado sus discrepancias con el acuerdo.
La Comunidad de Madrid, probablemente la más beligerante con el ministerio en cuestiones educativas, ya venía avisando de que no estaba a favor de un “aprobado general”. Y así se lo ha hecho saber al ministerio este mediodía. Lo pactado ayer no es un aprobado general al pie de la letra, aunque se parece: Celaá lo definió como “promoción generalizada”. Los alumnos con más problemas de rendimiento, por las razones que sean, no pasarán automáticamente como sí harían si hubiera un aprobado general.
Los profesores explican que la evaluación de un alumno se hace de manera colegiada en el claustro y que, hecha la ley, hecha la trampa. “Si ponen un máximo de asignaturas suspendidas para pasar de curso y los profesores creen que ese alumno debe pasar, ya se las ingeniarán para que apruebe las materias necesarias”, explica una docente.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, explicó el miércoles en rueda de prensa virtual que “no se trata de suscribir el acuerdo, lo que se hace es dar paraguas a las Comunidades Autónomas para que ejerzan sus competencias, haciendo las modificaciones que consideren menester”.
Madrid no comparte las evaluaciones diagnósticas
Al consejero madrileño, Enrique Ossorio, le parece un matiz menor. “No se puede compartir la propuesta que, refiriéndose a la promoción en el Bachillerato, ESO, FP o las enseñanzas de régimen especial afirma que las administraciones educativas podrán flexibilizar los criterios de obtención de los diferentes títulos (...). Quiere decir, ni más ni menos, que se titule con asignaturas suspensas”.
Y cree Ossorio que “no se puede dejar al albur de cada comunidad, porque se trata de una competencia estatal, la cual debe ser ejercida por el Ministerio de Educación”, y ha explicado que no sería justo que se pudiera aprobar con diferente número de asignaturas suspendidas porque luego los títulos valen en todo el Estado.
También le parece muy importante a la Comunidad de Madrid que la evaluación del tercer trimestre no sea solo “diagnóstica” tal y como se decidió ayer en la reunión –esto es, sin carácter académico, solo para detectar carencias y necesidades de cara al próximo curso–, si no que debe ser académica “aunque dicho proceso tenga en cuenta la excepcional situación”. “Reducir la evaluación a su valor diagnóstico o formativo es devaluar el concepto de evaluación”, afirman desde la Consejería.
Murcia: “No la ratificamos”
“No lo ratificamos”, ha dicho este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno la consejera del ramo murciana, Esperanza Moreno, escenificando de esta manera su segundo conflicto abierto con Celaá en lo que va de curso, tras la polémica por el veto parental que quiso imponer en las aulas murcianas y con el que Vox presionó al Gobierno regional (PP y Cs) para apoyar sus presupuestos. La Justicia lo suspendió cautelarmente el pasado 12 de marzo.
Esperanza Moreno ha asegurado que su Gobierno solo ratificará la propuesta de la ministra sobre promoción y titulación de los alumnos si legisla en esta materia. “Pero le dirigí dos preguntas directas ayer (por este jueves) que se quedaron sin respuesta y no hemos recibido ni siquiera la propuesta por escrito”. La consejera murciana ha afeado al Gobierno central “que tampoco hayan contestado a nuestra petición de acompañar y apoyar con un contexto económico estos próximos meses”.
Moreno ha exigido, por tanto, que se legisle para saber cuándo pueden pasar de curso los alumnos: “Necesitamos esa información, si no contamos con unas instrucciones claras del Ministerio se pueden producir desigualdades e injusticias entre Comunidades, y es lo que menos queremos en estos momentos de crisis”.
En este sentido, ha pedido “unanimidad” porque “no es justo” que esas decisiones recaigan sobre el profesor “sin un respaldo por parte de la administración”.
Por su parte, el gobierno vasco también tiene objeciones, aunque van en otra dirección. La consejera, Cristina Uriarte, ya afirmó el miércoles tras la conferencia sectorial que su comunidad autónoma no ofrecerá las actividades de refuerzo de julio (que serán de carácter voluntario en cualquier caso) y también el aprobado general, aunque este no se vaya a dar al pie de la letra.
“En Euskadi tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo”, explicó la consejera. “Llevamos tiempo trabajando, definiendo cuáles serán los contenidos esenciales de los currículums de aquí a final de curso y estamos trabajando también en las evaluaciones y cuáles serán los criterios y herramientas para realizarlas. También afirmó que ningún alumno repetirá por el coronavirus.
Por otra parte, Andalucía y Castilla y León han manifestado ciertas discrepancias con las medidas. La Junta de Andalucía ha manifestado que “en tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa” las condiciones de promoción o titulación de los alumnos, no puede apoyar al Gobierno. Y recuerda que hay una normativa fijada, que en la ESO establece la opción de promocionar con dos asignaturas suspensas y con tres excepcionalmente, mientras que para titular en bachillerato hay que aprobar.
En el último caso, la Consejería de Educación de Castilla y León ha respaldado el acuerdo, salvo por el apartado de la promoción y la titulación, para el que ha pedido más concreción. La consejera de Educación autonómica, Rocío Lucas, ha pedido al Ministerio una nueva reunión para llegar acordar ese punto, puesto que no es tan urgente como el resto de cuestiones en las que sí hubo consenso y que permite a las comunidades avanzar en la gestión de la educación.
El resto de comunidades se ha adherido al acuerdo, lo que implica que aplicarán los criterios establecidos en él. Los gobiernos regionales que lo hayan rechazado, podrán adherirse más adelante.