La crisis de la COVID-19 arrambló hace poco más de un año con un país con unos servicios sociales, de los que dependen unas 8 millones de personas en situación de vulnerabilidad y que son las que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, muy débiles. 19 millones de españoles viven en comunidades autónomas con atenciones a la dependencia, al sinhogarismo o a la infancia flojas o “irrelevantes”. Es así según el análisis de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, independiente y referente en el sector, que ha presentado su informe 2020 calificando a las autonomías en función de una serie de indicadores sobre la materia. Las peor paradas son Madrid y Murcia, luego Canarias y Cantabria. En excelencia destacan Euskadi, Navarra y Castilla y León.
El informe, llamado Índice DEC (derechos, economía y cobertura) es anual, aunque el año pasado no se presentó por las urgencias que generó la COVID-19. “No analiza cómo han salido de la crisis los servicios sociales, sino cómo estaban cuando llegó la COVID-19”, ha explicado su coordinador, Gustavo García. Está elaborado con datos oficiales de consejerías autonómicas y de ministerios de Hacienda y de Derechos Sociales, aunque una de las críticas es, de hecho, que los datos disponibles a menudo están obsoletos o no son lo suficientemente accesibles. La mayoría de los que presentan son de 2019, los meses previos a que estallase la crisis, aunque buena parte (el 37%) de pleno 2020.
La investigación saca una media para cada comunidad a partir de distintas notas que les ponen según factores como la existencia o no una ley actualizada y convenientemente desarrollada, su porcentaje de gasto en servicios sociales con respecto al PIB regional, ratio de trabajadores en servicios sociales, cobertura de las prestaciones por dependencia o número de plazas públicas en residencias. Teniendo en cuenta 24 factores, la Comunidad de Madrid tiene un 3,2 sobre 10, igual que la Región de Murcia. Canarias un 3,4, Galicia un 4,5, Cantabria un 4,65, y la Comunidad Valenciana un 4,65 también. En el otro extremo, Euskadi y Navarra tienen un 7,95 y 7,9, y Castilla y León un 7,3.
El ránking también tiene en cuenta la evolución a lo largo de los años, y la Comunidad Valenciana ha incrementado 1,35 puntos respecto al año 2018. También han mejorado, aunque menos, Navarra, Euskadi, Extremadura, Aragón y Andalucía; el resto, han empeorado. El gasto público nacional no alcanza los máximos registrados en 2012, en plena anterior crisis económica, y cuando Mariano Rajoy estableció los recortes en dependencia. Entonces la media era de un 2,02% del PIB regional destinado a servicios sociales, ahora es del 1,98%. “Afrontamos la peor crisis sin haber recuperado el gasto público previo a la anterior”, resumía José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, durante la presentación del informe. El 61% de la inversión en servicios sociales lo ponen las comunidades, el 25% las entidades locales, y el 12% el gobierno central. Esto supone un incumplimiento, porque según el Pacto de Estado por la Dependencia, la Asociación calcula que el Gobierno debería aportar al menos el 33%, señalaba Ramírez.
La nota tan baja de Madrid y de Murcia se explica porque, por ejemplo, no tienen una ley de nueva generación (la de Madrid es de 2003). También porque el porcentaje del PIB que destinan es inferior a la media estatal, entre un 10 y un 15% menor, o porque el porcentaje de plazas públicas disponibles en residencias es de menos del 2%. Madrid, además, es la única comunidad que no ha aportado datos directamente a la Asociación desde su Gobierno, lo achacan en parte a que estaban en medio de un proceso electoral. Así que no se han podido calificar, por ejemplo, el ratio de plazas públicas en centros para personas con discapacidad, porque no hay datos públicos. Casi todas las comunidades tienen un 0 en porcentaje de plazas en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia machista en base a las solicitudes de protección, porque están por debajo del 19%. Solo tienen puntuación óptima en esto último Euskadi y Cantabria.
Desde la Asociación son críticos con los procesos asociados al sector. “En el caso de la dependencia, además de la debilidad de su financiación, los procedimientos farragosos son, en gran medida, la causa de que se mantengan decenas de miles de personas en el limbo de la valoración o de la atención, y que muchas de ellas fallezcan sin ser atendidas”. Hay unas 160.000 personas en España que tienen reconocido un grado de dependencia pero todavía no han recibido prestación; y unas 100.000 que han pedido una valoración y siguen esperando a ser evaluadas. Procedimientos que se han alargado aun más por la crisis. Ramírez destacaba además que muchas residencias de ancianos han estado cerradas durante este año por medidas anti-COVID y no han aceptado nuevos usuarios. 29.408 personas fallecieron en estos centros por COVID entre marzo de 2020 y enero de 2021 con y sin diagnóstico, según datos que recabó el Ministerio de Derechos Sociales.
“Los procedimientos innecesariamente complejos son la causa de que muchas personas desistan de solicitar ayudas a los servicios sociales de las entidades locales para atender sus necesidades más básicas”, señalan. “El Ingreso Mínimo Vital, la gran esperanza para el sector y, especialmente, para tantos cientos de miles de familias en situaciones de extrema precariedad económica, pierde en gran parte su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos, que hace que tres de cada cuatro solicitudes hayan sido rechazadas”. Han criticado la “tozudez” del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, por la la rigidez y excesiva exigencia“ del Ingreso Mínimo Vital.
El informe del año que viene reflejará ya las cicatrices de la COVID-19 en servicios sociales. Lo que habrá que observar será, han apuntado, el empobrecimiento de algunos sectores sociales; la soledad; las nuevas formas de convivencia de la era post-pandemia; y las nuevas formas de dependencia.