España intenta recuperar a toda prisa el tiempo perdido con las energías renovables para cumplir con su parte en la lucha contra la crisis climática. El compromiso es producir una gran cantidad de electricidad verde a base de viento y sol en 2030. De los más de 30 Gigawatios actuales a 89 Gw. Para llegar a lo prometido, el acelerón ya está aquí. La proliferación muy rápida de proyectos muy grandes para aprovechar este campo abierto levanta cada vez más miedos allí donde se están dibujando enormes parques eólicos de gigantescos molinos de viento.
El pasado domingo, la plataforma Teruel Existe protestaba precisamente por el temor que levanta el modelo de expansión de renovables en la provincia: un clúster de 22 parques eólicos proyectados en el este de la provincia. Pero la preocupación por la implantación acelerada de infraestructuras también ha brotado ya en Cantabria, Asturias, Galicia, Catalunya, Castilla y León o las Islas Canarias.
“Tenemos que aumentar el porcentaje de energía limpia. Eso es incuestionable y tenemos que hacerlo rápido, pero, de repente, es como correr un maratón a velocidad de sprint y hablando al mismo tiempo”, explica David Howell, encargado de Clima y Energía en Seo-Birdlife. Esta organización avisaba en enero de 2019 que, ante el previsible boom de las renovables, se imponía un plan de “renovables responsables”.
La regulación autonómica
El peligro común, al repasar las polémicas esparcidas por el mapa, es la débil planificación autonómica del territorio ahora que se abalanzan los proyectos. La autorización de cualquier parque menor de 50 Mw es de su competencia. “Necesitamos que las comunidades tengan una ordenación y una zonificación sobre la capacidad de acogida para guiar los proyectos de los promotores. Hace falta acomodar el mapa estatal al nivel autonómico”, resume Howell. Gobiernos como el asturiano, el cántabro o el canario están en fase de elaboración de estos planes mientras se acumulan las peticiones de parques.
Es un tema muy sensible que provoca una lógica inquietud en los vecinos, y hay que atenderla. Es importante integrar renovables y protección de la biodiversidad, pero tampoco es válido decir 'yo quiero que todo sea renovable, pero nada cerca de mí
En el Maestrazgo turolense, los 22 parques del proyecto Clúster PEOL-449-AC se distribuirán por una decena de municipios de Teruel e, incluso, Castellón. Todos oscilan entre los 44 y los 38,5 Mw y prevé producir en total 729 Mw. A los habitantes de la zona les preocupa que grandes infraestructuras instaladas “de manera abusiva, acelerada y descontrolada” se lleven por delante recursos para evitar la despoblación: “El turismo de naturaleza, el patrimonio cultural y social”.
A principios de abril, una marcha de protesta similar que se celebró en El Bierzo (León) reflejaba un miedo parecido: “La destrucción y el expolio de los recursos comunales, naturales y económicos de la zona”, explican los promotores, ante lo que llaman “oleada de macroproyectos”. Castilla y León es la comunidad que más eólica produce en España con 257 instalaciones activas, según la Asociación Empresarial Eólica y hay sobre la mesa otros 100 parques más de grandes dimensiones para duplicar la potencia.
La tecnología permite actualmente plantar molinos enormes de más de 150 metros de altura donde antes no había nada. “Eso asusta”, admite Howell. A eso se añade el peligro para las aves y los ecosistemas. José María González Moya, director de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), entiende que este temor nace “al percibirse que se está haciendo mucho de golpe, pero es que necesitamos hacer mucho para recuperar el tiempo perdido porque desde 2012 a 2019 hubo un parón casi total”. González Moya afirma que España está en el camino de “transformar todo un sistema basado en combustibles fósiles en otro de renovables” y cree que “salvo casos puntuales, se está haciendo de una manera racional”.
El boom es una evidencia: Red Eléctrica Española señala en su proyecto de planificación para 2021-2026 que “las expectativas de los promotores” han hecho que las solicitudes para tener acceso a la red y verter la electricidad que generen “sumen tres veces más energía eólica” del objetivo trazado por el Gobierno en el Plan de Energía y Clima para el año 2026.
Lo cierto es que el 50% del territorio en España está calificado como “no apto” para instalar parques eólicos por su “máxima sensibilidad” ambiental, según la zonificación para la implantación de energías renovables del Ministerio de Transición Ecológica. Por el otro lado, hay un 20% (18,2 millones de hectáreas) calificados como de sensibilidad baja y otro 15% (8,2 millones de hectáreas) moderada. Los cálculos indican que la implantación de energías renovables para cumplir los objetivos del Plan de Energía y Clima entregado por España en la Unión Europea necesita ocupar un 2-3% de territorio: entre 4 y 6 millones de hectáreas.
El problema es que esta zonificación estatal se culminó en diciembre de 2020. En muchos aspectos se ha perdido una década. David Howell explica que “existe un desfase entre el análisis del territorio, es decir, dónde es más sensible a los impactos de las infraestructuras, y los proyectos que estaban lanzándose allí donde hay más sol o más viento ya que los promotores buscan una rentabilidad. Si ese terreno coincide con zonas protegidas o con otros valores, sí, claro, hace falta una evaluación ambiental”.
Como refleja el atlas eólico del IDAE, “el recurso eólico se encuentra concentrado en determinadas zonas de producción y no distribuido a lo largo del territorio”. El riesgo es que los parques se concentren en caladeros de viento –o de sol–, lo que deriva en una saturación y acumulación de perjuicios. En este sentido, el responsable de energía y clima de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, cree que se está generando “la ocupación y la fragmentación de numerosos hábitats por una falta de planificación rigurosa y vinculante y de selección de emplazamientos adecuados” lo que termina, analiza, “en proyectos de renovables incompatibles o de dimensiones excesivas”.
La explosión en la cornisa cantábrica
Ese fenómeno de atracción lo están observando cada vez a mayor velocidad, por ejemplo, en la cornisa cantábrica. Solo en los valles pasiegos de Cantabria 18 proyectos eólicos están en diferente grado de desarrollo. En Asturias hay proyectos para 70 parques de los que una docena están en construcción. La mayor concentración se da en el suroeste del Principado -lindando con el Bierzo leonés-. La situación ha hecho que una veintena de colectivos cántabros (ecologistas, pero también ganaderos y políticos) haya pedido al Gobierno autonómico una moratoria hasta que haya un Plan de Ordenación Territorial.
En Asturias, la Coordinadora Ecoloxista afirma que se están fraccionando grandes proyectos para favorecer la autorización ambiental del Principado. El consejero de Industria asturiano, Enrique Fernández, ha contestado que el Gobierno está en proceso de actualización de las directrices para crear “un marco general de dónde se pueden desarrollar parques y dónde no”.
Pero la movilización de los colectivos locales no para. Hace solo unos días, un grupo de organizaciones gallegas, asturianas, cántabras y castellanoleonesas inició una recogida de fondos para poder litigar en los tribunales contra la implantación desordenada de infraestructuras que, dicen, amenazan con la “destrucción de las montañas cantábricas ante la avalancha de proyectos eólicos a gran escala”.
Javier Andaluz insiste en que “es precisamente a nivel autonómico donde se están ignorando los problemas ambientales de muchos de los proyectos concretos con un elevado impacto”. José María González Moya de APPA contrapone que “sí existe un control sobre el desarrollo de renovables. Las comunidades autónomas tienen la llave de la evaluación ambiental”.
Tribunales y el mar
Sin embargo, en las Islas Canarias varios proyectos eólicos ya están dirimiéndose en los tribunales. El proyecto de La Morra, en Tenerife, fue autorizado por el Gobierno autonómico sin consultar con el Ayuntamiento implicado y lo declaró de utilidad pública. Más tarde permitió su ampliación. Pero el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al consistorio y ha sentenciado que las obras deben retrotraerse a su inicio.
También está frente a los magistrados el proyecto Puerto de El Rosario en Fuerteventura por considerar que los molinos están demasiado cerca de viviendas y lindando con una Zona de Especial Protección de Aves. También en esa isla se planea el parque de Pájara en los altos de Guerepe con oposición de los vecinos y Coalición Canaria. El Ejecutivo canario alega de igual manera que está preparando un Plan de Transición Energética para atender a las demandas y solventar estos problemas.
Aunque, por el momento, la mayoría de los proyectos se han diseñado para tierra firme, el viento del mar también es un activo energético. De hecho, en Reino Unido y Dinamarca la mayoría de su electricidad eólica se produce en el mar. En Alemania, la mitad. Así que los parques marítimos están llegando a España. Ha iniciado ese camino una macro instalación frente al golfo de Roses en Girona.
El proyecto, planteado inicialmente en dos fases, planea plantar 65 aerogeneradores de hasta 250 metros de altura sobre el nivel del mar. Los promotores calculan que sería capaz de satisfacer el 90% de la demanda eléctrica de la provincia –en torno a un 40% en la primera fase–. Pero una línea así de molinos gigantescos ha puesto en alerta a vecinos, sector turístico y pesquero. La bahía de Roses está incluída en el club de bahías más bellas del mundo desde 2011 . La zona del futuro parque estaría vedada a la faena pesquera. Los promotores contestan que el parque se plantará a 24 kilómetros de la costa con lo que el impacto visual será, dicen, “mínimo”. Los vecinos cuestionan ese optimismo.
La proliferación de parques eólicos en Catalunya, una de las comunidades más atrasadas en generación de renovables, ha desatado también una particular guerra por parte de agentes locales que se oponen a su instalación. Sobre todo, en las comarcas del sur, donde se concentran la mayoría de los 811 aerogeneradores en funcionamiento y los 770 aprobados para los próximos años. Sin ir más lejos, este domingo los pueblos afectados han convocado una manifestación en Barcelona. Entre sus exigencias está la de una moratoria para estas instalaciones. Hasta ahora, Junts, que ostenta el Departamento de Territorio, se ha opuesto a ella, pero en el preacuerdo de Govern entre ERC y CUP, que ahora está en discusión con los neoconvergentes, sí se contempla.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitía hace poco tiempo en una conversación con elDiario.es que la fricción entre infraestructuras y territorio está presente: “Se trata de un tema muy sensible donde detectamos, además, una lógica inquietud por parte de los vecinos. Hay que atender a esa preocupación. Es importante integrar renovables y protección de la biodiversidad”. Pero luego añadía que “tampoco es válido decir 'yo quiero que todo sea renovable, pero nada cerca de mí”. Ahí reside el dilema.
Reportaje elaborado con información de: Iván Alejandro Hernández, Javier Martínez Mansilla, Laro García y Pau Rodríguez.