Pablo Muñagorri probablemente no lo sabe, pero acaba de recuperar un derecho y se lo debe, en buena parte, a Mara. Tampoco la conoce. Pero fueron Mara y sus padres quienes iniciaron hace años una batalla que ha acabado devolviendo a Muñagorri y a otras 100.000 personas su derecho al sufragio.
“Me parece una injusticia que no se pueda votar. Cuando lo aprueben, me gustaría hacerlo”, cuenta Pablo. A él le quitaron el derecho hace unos años, cuando un juez decidió que no estaba en condiciones de discernir, que sería “manipulable” —o una expresión similar— y le dio la tutela a su hermana. Pablo tiene una discapacidad intelectual.
La “injusticia” que denuncia Pablo ha acabado este jueves con la aprobación por parte del Congreso —por unanimidad— de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Central (Loreg) siguiendo los postulados de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que España firmó y ratificó en 2008 y establece que las personas con cualquier tipo de discapacidad deben tener derecho al voto.
La reforma aprobada elimina el artículo 3 de la Loreg, que afirma que “carecen de derecho a voto ”los declarados incapaces en virtud de sentencia firme, siempre que la misma declara la incapacidad del derecho a sufragio“. También se modificará el siguiente punto, que amplía la retirada del voto a ”los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho al sufragio“.
La aprobación de la reforma en el Congreso es el primer paso del trámite. El texto pasará al Senado ahora, donde no es previsible que haya cambios. Sin embargo, fuentes parlamentarias ven complicado que se acabe aprobando a tiempo para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Llegará seguro, afirman, a las municipales y autonómicas de mayo.
“Ya he participado en procesos electorales”
Allí estará Pablo, papeleta en mano, recorriendo el camino que abrió Mara. Esta mujer, con una lesión cerebral y un retraso madurativo de 20 años, fue la primera que peleó por sus derechos, según relatan personas que conocen la historia. Sus padres solicitaron en su día su incapacitación parcial, pero destacaron que querían que se respetaran sus derechos “personalísimos” como a cualquier otro ciudadano, entre ellos votar. Pero todas las instancias judiciales se lo fueron negando. El Tribunal Supremo, hasta donde llegó la familia, ni siquiera entró a considerar el caso.
Mara perdió todas las batallas, pero acabaría ganando la guerra. Su historia llegó hasta el PSOE, que hizo suya su causa. Lo que la justicia no quiso hacer (o pudo, acorde a la ley imperante) lo arreglaría la política.
Varios años después, con 46 primaveras, la lucha de Mara permitirá a Pablo ir a votar con la ilusión de un niño pequeño ante la que será su primera experiencia electoral. Bueno, en realidad, no. “Pertenezco al comité electoral de mi taller [ocupacional]”, explica. “Tenemos nuestro propio representante, ha habido elecciones en las que hemos votado y me tocó participar en el recuento”, relata.
¿Se considera Pablo “manipulable”, el argumento que los jueces suelen dar para retirar la capacidad jurídica y el voto a algunas personas con discapacidad? “No, mis decisiones las tomo yo y cuando hay algo que no me gusta lo reivindico”, responde contundente.
Antes de quitarle el derecho al sufragio, Pablo pasó por delante de un juez, donde le hicieron un examen para comprobar sus conocimientos del sistema electoral, de las administraciones, competencias, partidos e ideologías, un hecho que indigna a las asociaciones pro inclusión. “A nadie más se lo preguntan. La Constitución no dice nada de la calidad del voto. Si hicieran esas preguntas al ciudadano medio, mucha gente no aprobaría”, explican.
Pablo desde luego recuerda aquel cara a cara con el juez con incredulidad. “Entré yo solo en la sala, estábamos el juez y yo. Eran preguntas un poco difíciles, con el lenguaje que emplean en los juzgados, y algunas no las entendía bien”, cuenta. Cuando acabó, nadie le dijo que ya no podía votar. Entró su hermana, que es su tutora, firmó unos documentos y se marcharon.
Más tarde se enteraría de que no podía votar, aunque a su casa seguía llegando la propaganda electoral a su nombre, recuerda. Ahora todo aquello queda atrás, mientras España se convierte en el octavo país europeo que realiza una modificación en su ley electoral de estas características gracias a la presión de la sociedad civil, impulsora a través de las asociaciones de esta medida, que se empezó a fraguar por una proposición del PSOE en la Asamblea de Madrid y ha pasado a ser una ley con el (inusual) apoyo de todos los partidos.
Todo empezó con Mara. Le habían quitado el derecho al sufragio, pero no lo aceptó. Junto a su familia, peleó. Perdió batalla (judicial) tras batalla hasta acabar derrotada por el sistema. Pero había hecho su labor.