El sector de la dependencia y de los cuidados no ha parado de movilizarse este otoño. Todos los implicados coinciden en que el modelo de residencias actual está obsoleto y por ello, a cuentagotas y por varios frentes, las organizaciones siguen reclamando mejoras. Una de las últimas, la Marea de Residencias, una asamblea compuesta por familiares y trabajadores de centros públicos y concertados. Se comenzaron a juntar en septiembre en Madrid, hace una semana reunieron a cientos en las proximidades de la Puerta del Sol y van a continuar con un calendario de protestas. Uno de sus lemas: “Los mayores no están en venta”.
“Sufrimos maltrato institucional, nadie nos escucha. Por eso salimos a la calle”, explica Mariví, una de sus miembros. Lo que piden es una Ley de Residencias estatal que modifique la regulación actual. “Las competencias están transferidas, pero necesitamos un marco común”, sigue contando Mariví. De momento están en la capital, aunque este sábado les acompañaron trabajadoras de Guipuzkoa, en huelga desde hace semanas, y también familiares de Barcelona o Galicia.
Ratios insuficientes y maquilladas
Una de sus prioridades es que se regulen las ratios, es decir, el número de trabajadores por persona dependiente en centros. La normativa estatal, una resolución de 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, establece criterios comunes para garantizar la calidad de los centros. En ella se estipula que han de ser 0,28 gerocultores por persona dependiente.
Según datos que proporciona la Consejería de Sanidad de Madrid –dirigida por el consejero Alberto Reyero, de Ciudadanos– en la Comunidad las ratios son superiores: 0,33 en concertados y 0,35 en públicos. De plantilla total la ley fija el personal en 0,47; en la Consejería la sitúan en 0,70 en concertados y 0,89 en públicos.
Desde la Consejería también se afirma que hay una “firme voluntad de renovación y mejora” para una ley que, reconocen, “es dispersa y se queda antigua”. El año pasado la Asamblea tomó en consideración una ley que blindase el aumento de profesionales por centro, de la que Ciudadanos se abstuvo por ser “defectuoso en su técnica jurídica” y luego se paralizó.
Desde Marea de Residencias hacen dos alegaciones a las cifras. La primera es que hay que actualizar la manera de cuantificarlas: “Están muy desfasadas. El tipo de residente ha cambiado, y la población también. Está más envejecida, hay más polipatologías y, en general, el grado de dependencia a atender es mayor. Se tiene que tener en cuenta tanto el número como el tipo de dependencia, una por una”, explica Rosa, trabajadora en una residencia pública de Madrid. La segunda es que hay trucos para maquillarlas: “La administración contabiliza a personas aunque estén de baja. También a personal no asistencial, es decir, es habitual que se hagan medias con número de trabajadores del centro, incluyendo cocineros o jardineros”.
Otra necesidad: mejorar los sistemas de vigilancia
Otra urgencia para ellos pasa por normalizar los sistemas de vigilancia que prevengan negligencias o daños, como el caso de maltrato a ancianos que ocurrió en Los Nogales, también en Madrid. “Implicar más a las familias, darles más responsabilidad. Estamos hablando de en su mayoría personas residentes que cognitivamente no pueden identificar todo lo que les pasa. Necesitamos que, por ley, se obligue a que en cada centro haya un órgano de consejo de residentes. Hoy por hoy no existe”, sigue Mariví, que tiene a su madre en una residencia de Alcorcón.
Otros colectivos han estado poniendo el foco estos meses los escasos ratios y personal en el sector. CCOO denunció que ya hay problemas para encontrar gerocultoras o enfermas en centros de mayores por las malas condiciones laborales y ha llamado a concentraciones durante todo este mes, la última este sábado 30 frente al Ministerio de Sanidad. Un estudio del Sindicato de Enfermería (SATSE) concluye que en España hay 0,06 enfermeras por cada cama de residencia de mayores –privadas y públicas–, lo que se traduce en una media de 109 pacientes a cargo de cada profesional. Las enfermeras pedían lo mismo que Marea de Residencias: han desarrollado una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular que establezca una ratio mínima de profesionales de enfermería para preservar “la seguridad de los pacientes”.
Pero Marea de Residencias, en paralelo, es un movimiento “no adscrito a ningún partido ni a ningún sindicato, aunque sean bienvenidos los colectivos que nos apoyan”, sigue Mariví. Se encontraron entre todos sus participantes por redes, porque todos reportaban “los mismos problemas y las mismas negligencias”. “Mejorar todo esto beneficiará a los trabajadores, pero sobre todo a nuestros mayores. En una planta con 24 residentes grandes dependientes y solo 2 técnicos, a la carrera, no se puede dar la calidad asistencial que merecen después de toda la vida”, remata Rosa.