El rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, tuvo que retirar del orden del día del último Consejo de Gobierno la modificación de las condiciones económicas de un título propio en el que él figura como profesor. Fuentes universitarias presentes en esta reunión aseguran que las dudas de un consejero sobre el incremento del beneficio de la compañía que lo organiza – en detrimento de las arcas de la URJC – provocaron que se apartase este asunto de los temas de debate. Por su parte, desde la universidad achacan a un “error administrativo” que se incluyese este documento en el orden del día.
La adenda que generó esta polémica, y que tras esta decisión todavía no se ha aprobado, pretendía modificar las condiciones económicas de esta certificación académica, denominada “experto en análisis de datos y aprendizaje automático en el sistema sanitario” y que organiza la universidad junto a la empresa Clover Soluciones Globales de Marketing. Fuentes oficiales confirman que este curso ya se está impartiendo, aunque no han aportado más información sobre el transcurso del programa.
Esta formación se imparte online y está previsto que se extienda desde septiembre hasta mayo, según figura en la memoria académica presentada para solicitar la autorización para desarrollar el título propio. En ese documento, el rector figura en el claustro de docentes.
Ramos es catedrático en el departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, que organiza junto a Clover este programa. A pesar de que su nombre aparece en la documentación remitida a los miembros del Consejo de Gobierno en la última reunión, desde el gabinete de prensa de la URJC aseguran que desconocen por qué aparece como profesor. “El rector no está dando clase en ningún sitio. No sé por qué está ahí”, responden desde el equipo de comunicación.
Las condiciones económicas de este curso se plantearon en el convenio firmado el pasado 6 de marzo entre Ramos y el representante de la compañía Clover Soluciones Globales de Marketing. El acuerdo establece que el precio de la matrícula es de 1.510 euros por alumno, que “la gestión y matriculación de los alumnos” depende de la universidad y que “Clover se encargará de la captación de recursos para la ejecución de los títulos”.
Dudas sobre la gestión económica
Sin embargo, en la adenda con la que proponía la modificación de condiciones que presentó la universidad en el Consejo del 26 de octubre – documento al que ha accedido eldiario.es – se planteaba que se limitase la cantidad transferida a la URJC a 750 euros por alumno. El texto recogía que Clover ingresaría esa cuantía “en el plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de inicio” a las arcas de la universidad. ¿Qué sucedía con los 760 euros restantes que abona cada uno de los estudiantes? ¿quién los iba a recibir? Fuentes universitarias presentes en esa reunión aseguran que tras la pregunta de un consejero, los representantes del rectorado no supieron contestar y “por eso lo retiraron”.
Por su parte, desde el gabinete de prensa del rectorado no aportan información sobre el documento y se limitan a plantear que su contenido no es relevante porque “la adenda está retirada”. Sin embargo, las fuentes consultadas por esta redacción presentes en la reunión aseguran que si uno de los consejeros no hubiese alertado de esta situación “esto [en alusión a esta modificación de de las condiciones] iba para delante”.
Un portavoz del equipo de comunicación de la Rey Juan Carlos mantiene que debido a “un error administrativo” aportaron este documento al último Consejo de Gobierno. Asimismo defienden que la adenda iba incorporada a un convenio que se había retirado previamente porque “la negociación de la revisión del acuerdo no está resuelta”.
“Negociación sin resolver”
Sin embargo, un informe del área económica de la URJC no dice lo mismo. El 10 de octubre la vicegerente de este departamento apoyó este documento ratificando que “informa favorablemente” sobre la adenda. En las observaciones no se alude a un nuevo convenio que pudiese cambiar las condiciones ya acordadas, como afirman desde el gabinete de prensa del rectorado.
La vicegerente se limita a plantear que “es de interés realizar modificaciones con respecto” a este título sobre lo ya firmado en marzo. Además, avala que esta empresa pueda ser la “responsable” de “la captación de alumnos y de recursos económicos para la ejecución del título”, así como que transfiera 750 euros por alumno a la URJC. Hasta entonces, el convenio en vigor responsabiliza de “la gestión y matriculación de los alumnos” a la universidad.
Según las estimaciones económicas realizadas en la memoria académica, el título propio se programó para que contase con una media de 50 alumnos. Por lo tanto, esta adenda generaba dudas sobre dónde iban a parar los 38.000 euros restantes que no se ingresaban en la URJC, siempre haciendo los cálculos teniendo en cuenta que se preveía la inscripción de medio centenar de estudiantes.
No se detalla el beneficio de la empresa
Algunas fuentes universitarias relatan que sospechaban que este texto, que finalmente no se aprobó en el Consejo de Gobierno, podría haber abierto la puerta a que esa cantidad se la pudiese embolsar directamente la empresa, en detrimento de las arcas universitarias. eldiario.es ha tratado de plantear esta cuestión al director general de la compañía, ha asegurado que no contaba con información para responder a las preguntas realizadas. La Rey Juan Carlos tampoco ha querido aclarar esta cuestión.
A pesar de que en la documentación a la que ha accedido eldiario.es no se alude a la cantidad que recibirá Clover, la adenda sí que cuenta con un desglose económico de los 37.500 euros que la compañía ingresará a la universidad (una estimación teniendo en cuenta que se matriculasen 50 personas y abonasen por cada uno de ellos 750 euros planteados).
Cuestionada la URJC sobre la fecha en la que podría haber entrado en vigor esta adenda, desde la universidad dudan de que este documento pudiese aplicarse ya en el curso en vigor y sobre las matrículas de 1.510 euros, sin embargo el texto presentado al Consejo de Gobierno, y que contó con un informe favorable del equipo económico, contemplaba que iba a tener “una vigencia de un año a contar desde la fecha de la firma de la misma”.