Pasaron nueve meses pero la instrucción no se acerca al final. Las tensiones entre las partes parecen irreconciliables e impactan en las medidas de prueba que restan. Donde uno ve una línea posible por donde ir, del otro lado entienden que el pedido es improcedente. A la inversa ocurre parecido. Interpretan la prueba cada uno según su propia hipótesis. Desde que la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro pasó al fuero federal, la investigación para determinar los detalles de su muerte avanzó con ese contexto que ralentiza todos sus procesos. De hecho, los dos últimos grandes movimientos del caso fueron el rechazo de la recusación de la jueza -pedida por los los abogados de la madre- y una presentación de los fiscales ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, para que les autoricen nuevas medidas que la propia magistrada les negó. En el fondo, todas las rispideces surgen por una diferencia de origen: para la familia la Policía es responsable de lo que sucedió y en el juzgado piensan que no hay pruebas que sostengan eso.
Apenas dos días antes de la feria judicial, el 29 de diciembre, la Cámara denegó el desplazamiento de María Gabriela Marrón, que había sido señalada por las querellas de favorecer a los agentes apuntados. La jueza se había negado a allanar de nuevo un puesto de vigilancia de la localidad de Teniente Origone, donde se había encontrado un amuleto que supuestamente pertenecía a Facundo y el secuestro de unos 50 celulares de comisarios, subcomisarios y oficiales vinculados con los policías que tuvieron contacto con él el día de su desaparición. Este pedido de medidas lo habían hecho los fiscales, que luego de la negativa fueron a la Cámara con un recurso de queja. Hasta el momento no recibieron respuesta.
“Para saber el nivel de encubrimiento que pudiera haber es imprescindible ver las comunicaciones de esos policías”, sostienen desde las querellas. “Es una vulneración total de derechos. Hay policías en Bahía que no tienen vínculo alguno. Es un abuso”, responden desde el juzgado para explicar por qué se negaron a ejecutarlas. La discusión sobre el pedido de un nuevo allanamiento al puesto de Origone corre por el mismo carril. Para los primeros es fundamental ir ahí de nuevo con perros para ver si los animales pueden rastrear aún el recorrido y los segundos cuestionan, incluso con bibliografía pericial, sobre el tiempo que los perros pueden reconocer los olores. También relativizan el hallazgo del amuleto y dicen que dos amigos y la novia no lo reconocieron. En este paso a paso lo que más avanza es la desconfianza mutua.
“No puedo entender cómo la jueza Marrón no ve las pruebas que le estamos presentando. Tenemos prueba de que mintieron, de que encubrieron. En noviembre un policía me vino a apretar a mi trabajo y me dijo: ”Quedate tranquila que la jueza cierra la causa y después te la vas a tener que ver conmigo“. Más que el apriete, que denunciamos, lo que me daba miedo era que tuviera razón”, le cuenta a elDiarioAR la madre de Facundo, Cristina Castro.
Por fuera de esta pelea de fondo, hay una serie de pericias sobre las que todavía no se entregaron los resultados. Aún faltan los informes de la mochila de Facundo, encontrada en los estuarios de Villarino, cerca de donde habían sido hallados los restos del joven, con dos celulares y su licencia de conducir y una prenda de ropa.También faltan unos informes de celulares, de cámaras de seguridad, de registro de patentes de automóviles. Otro de los estudios que en estos días estarían llegando al juzgado son los del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), con sede en Bahía. Este trabajo debería entregar precisiones de los movimientos marítimos en la zona del hallazgo, para determinar hasta donde pudo haber subido el agua y cómo pudo haber influido en el arrastre del cuerpo.
Pero de nuevo, para la jueza ahora la clave está en lo que sucedió en la zona del hallazgo, en los bañados y las vías. En cambio, la familia busca detalles en lo que pasó desde que Facundo salió de la casa hasta que supuestamente bajó del auto de una mujer en General Cerri, a 8 km del hallazgo y a 15 de Bahía Blanca. Por eso unos esperan las pericias de los objetos encontrados en Villarino y el estudio de mareas, y los otros presionan para que les dejen peritar celulares y dependencias policiales.
Uno de los momentos clave en la investigación es el 8 de mayo, nueve días después de la desaparición. Esa fecha una Toyota Etios de la Policía estuvo a 800 metros del cangrejal donde se encontraron los restos. También ese mismo día, la policía Siomara Flores, que declaró haber llevado en auto a Facundo, eliminó el WhatsApp de su celular. La presencia del vehículo está confirmada por un informe de geolocalización, pero detalla “saltos” en la señal durante el recorrido hasta allí. Para la querella es concluyente, allí estuvo la camioneta. En cambio, para la valoración del juzgado, esos cortes y la distancia al lugar del hallazgo le bajan el precio. “Además, todos borramos aplicaciones de celular, esa acción por sí misma no te puede incriminar”, agregan.
En esta grieta, los fiscales ahora intentan aparecer como una tercera posición. Son una tríada dispar integrada por el fiscal original, Santiago Ulpiano Martínez, al que luego de que la familia lo quisiera recusar dos veces, se le sumaron Horacio Azzolin y Andrés Heim. Azzolin es titular de la Unidad Especializada en Ciberdelito y subroga la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Bahía. Heim tiene a cargo la Procuraduría de Violencia Institucional. Ambos fueron designados el 28 de agosto por el procurador de la Nación, Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. En ese momento, la madre de Facundo le apuntaba a Martínez y la llegada de los otros dos fiscales balanceó las posiciones y tranquilizó a la familia.
“Ellos tienen una tarea compleja.Tienen que estar cerca de la madre, en muchas cosas le dan la razón y en otra le dicen que no. Tratan de no quedar atrapados entre las dos hipótesis de cada lado y siguen produciendo prueba, que a veces sirve para una hipótesis y, a veces para otra”, explica una fuentes cercana a los fiscales. Según cuenta, para ellos hay muchas inconsistencias en las dos hipótesis y, por esa razón, evitan ser concluyentes. “Todo el tiempo surgen datos que alimentan tanto la posibilidad de desaparición forzada como la de un accidente”, comenta y explica que, por ejemplo, hace poco, mientras estaban viendo lo que sucedió con el DNI de Facundo -la primera vez que lo paran lo tiene y en la segundo entrega su licencia- se encontraron que alguien compró un chip de un celular con el documento de Facundo.
“La jueza dejó todo en manos de Ulpiano Martínez, convencida de que él no iba a hacer nada. Pero hicimos nuestra investigación. Recorrimos la zona, cada desagüe, cada baldío. No nos frenó la pandemia. Y a pesar de él fuimos llegando a la verdad. Por suerte ahora los otros dos fiscales están comprometidos con la causa”, destaca la madre.
Los chispazos en la causa no son todos recientes y solo entre la jueza y la familia. A pesar de la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, por su imagen libre de sospechas, la autopsia también tuvo tensiones. En esos encuentros entre forenses, la perito de parte, Virginia Creimer marcó sus disidencias con el informe interdisciplinario. El trabajo sostenía que el joven había muerto producto de una asfixia por sumersión, un ahogamiento sin registro de presencia de terceros. Pero Creimer se opuso al formato de ateneo en el que se desarrolló el debate y también firmó en disidencia el apartado respecto a un fenómeno (la coloración rosada de los dientes) que ella sostenía que era un efecto premortem y que el resto de los peritos no lo consideraban así de terminante. Esa vez todos los peritos entendían que estaban dadas las condiciones para un informe apoyado de manera unánime y la decisión de la perito los sorprendió.
El 30 de abril del año pasado, Facundo salió de su casa de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su ex novia. El joven fue detenido ese día a las 10 de la mañana cuando caminaba por la ruta, a pesar del aislamiento impuesto por la pandemia. En el trayecto, a la altura de Mayor Buratovich, los policías Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca lo detuvieron y fotografiaron. Otra agente, Siomara Flores, declaró que luego ella levantó a Facundo con el auto de su padre y lo llevó desde Buratovich hasta Origone, el siguiente pueblo. Un cuarto policía, Alberto González, paró a Facundo en el kilómetro 750 de la ruta 3. El fue quien le pidió el DNI, pero el joven le dijo que no lo tenía y le dio la licencia de conducir. De ahí en adelante, según el relato de una productora agropecuaria, Facundo se fue con ella en su camioneta Honda CRV, hasta Cerri, donde lo dejó cerca de las vías. Este relato fue cuestionado por la defensa. Si fuera cierto y el chico llegó hasta allí, eso debilita la versión que incrimina a los policías anteriores. Esa versión tampoco le cierra a Cristina Castro: “Es completamente mentira el relato de esta mujer, ella fue puesta en las listas de testigos. El día anterior no estaba y luego apareció mágicamente. Lo plantaron”, sostiene sin dudas.