La calle se llenó de feminismo este 8 de marzo. Una cita que tiene visos de ser recordada como un punto de inflexión, como un “algo ha cambiado” que ya venía gestándose desde hace tiempo. El movimiento feminista está ganando el discurso y la opinión pública y, tras la huelga, llega el tiempo de las exigencias políticas. “Todo esto se tiene que materializar en leyes, en políticas públicas, en cambios culturales, en recursos...”, comentaba una integrante del movimiento un día después de la movilización.
En el Congreso esperan algunas proposiciones relacionadas con la igualdad, otras son medidas transversales que responden a realidades que no son fáciles de cambiar a golpe de ley y otras pasan por el cumplimiento de normas ya vigentes. Enumeramos algunas de las políticas que las instituciones pueden poner en marcha ya para dar respuesta a demandas concretas del feminismo:
Contra la brecha salarial
Aunque el Estatuto de los Trabajadores ya prohíbe la discriminación laboral por razón de sexo, la brecha salarial sigue siendo una realidad que afecta a las mujeres de manera transversal e independientemente del puesto, la ocupación, el nivel de estudios o el tipo de contrato. Para combatirla, tanto PSOE como Unidos Podemos han registrado sendas proposiciones de ley. El objetivo de ambas es, por un lado, garantizar la transparencia salarial: obligar a las empresas a registrar los promedios salariales por sexo y categoría y a ofrecer esa información a los trabajadores.
Buscan también que las empresas revisen las categorías profesionales y que se tenga en cuenta el concepto “igual retribución por trabajo de igual valor” para evitar, por ejemplo, que empleos con características similares tengan sueldos distintos. Es el caso de las camareras de piso y de los camareros de barra en algunos hoteles: los segundos están mejor valorados salarialmente o tienen complementos salariales que ellas no. La proposición de Unidos Podemos ya ha echado a andar con la única abstención del PP.
Permisos iguales entre hombres y mujeres
Igualar los permisos de paternidad y de maternidad es otra de las demandas. Ahí está el proyecto de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles, que pide que tengan la misma duración, se paguen al 100% y no puedan ser transferibles entre progenitores. El objetivo es evitar que las mujeres sean penalizadas laboralmente por cuidar, es decir, que ante la llegada de un hijo una empresa vea por igual a un hombre y a una mujer. Es también un cambio legal que busca incidir en el reparto del trabajo de cuidados: igualar permisos equilibraría esa balanza. Son varios los partidos que han registrado iniciativas de distinta naturaleza en este sentido. Algunas vetadas por el Gobierno.
La educación feminista
Que la igualdad entre en las aulas. Actualmente educar a las niñas y niños en el feminismo es una cuestión reducida a la voluntariedad de cada centro y cada profesor o profesora. A pesar de que ha habido avances, sigue sin ser un pilar de la educación y pocas comunidades han desarrollado planes en este sentido de obligado cumplimiento. Los materiales mantienen contenidos sexistas y la igualdad no se ha incorporado a los currículos de manera transversal. Eso a pesar de la urgencia. La educación, tanto formal como informal, contribuye a modificar estereotipos y es una de las herramientas para cambiar el machismo cultural, que no es fácil combatir a golpe de norma.
El Pacto de Estado contra la violencia machista
El documento aprobado por el pleno del Congreso el pasado mes de septiembre recoge medidas para acabar con la violencia de género en casi todos los ámbitos. El Gobierno anunció hace tres meses que pondría en marcha 26 de ellas y aseguró los primeros 200 millones de euros comprometidos. Sin embargo, las organizaciones y la oposición han denunciado que, con los presupuestos prorrogados, todavía el pacto no está dotado presupuestariamente. Desde 2003, año en que se empezaron a contabilizar los asesinatos por violencia de género, 924 mujeres han sido asesinadas, según las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La mirada de género en la Justicia
Es una de las denuncias concretas recogidas en el manifiesto de la Comisión 8M, organizadora de la huelga feminista: la justicia patriarcal. Hace unas semanas, varios colectivos feministas llamaron la atención sobre el “maltrato judicial” que viven algunas víctimas de violencia machista cuando entran al circuito. Un sistema que también se ha puesto en entredicho en casos de agresiones sexuales. Para cubrir estas grietas, el feminismo pide más formación en perspectiva de género y el desarrollo de protocolos que garanticen el buen trato a las víctimas.
Las agresiones sexuales son violencia machista
Actualmente la ley sigue sin reconocer que las agresiones sexuales son un tipo de violencia machista. Esto es así porque la norma contra la violencia de género, aprobada en 2004, solo reconoce como tal la que se da en el marco de la pareja o expareja. Esto conlleva una falta de marco integral para abordar las agresiones sexuales, una falta de especialización de los operadores jurídicos. Amnistía Internacional lamenta que este tipo de violencia “siga siendo invisible y no prioritaria” en las políticas públicas en España. Además llama la atención sobre la falta de campañas institucionales de prevención.
La Ley de Igualdad: recomendaciones sin obligación real
Cumplió una década en marzo de 2017, pero la Ley de Igualdad sigue lastrada por una ristra de recomendaciones sin obligación real. La norma habla de participación de las mujeres, de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, de bajas de paternidad y maternidad, de acoso sexual en el ámbito laboral o de educación en igualdad. Sin embargo, “confía mucho en la voluntad de los actores”, reconocía Soledad Murillo, principal impulsora de la legislación que entonces ocupaba el cargo de secretaria general de Igualdad.
La consecuencia más visible de la ley ha sido la presencia de las mujeres en los parlamentos, que se ha visto incrementada. Y es que la norma reformó la ley electoral para introducir obligaciones a los partidos en sus listas. No obstante, las cuotas no son preceptivas en todos los ámbitos. El 80% de las empresas públicas sigue ignorando la norma en sus consejos de administración, tal y como desveló Civio. El Gobierno tampoco es paritario. De 14, solo cinco son mujeres y en el caso de las empresas privadas, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las que cotizan en Bolsa no alcanza el 20%. Y es que para las grandes empresas, las cuotas tampoco son actualmente obligatorias.
La dependencia y la educación 0-3
La puesta en marcha de medidas destinadas a poner en el centro los cuidados, de los que se encargan mayoritariamente las mujeres, es otra de las demandas del feminismo. Como medidas concretas, la posibilidad de cubrir la enseñanza de 0 a tres años. Una iniciativa en la que han coincidido los cuatro grandes partidos en el Pacto de Estado educativo, que ahora está en el aire después de que Unidos Podemos y el PSOE abandonaran las negociaciones.
Por otro lado, la realidad de las cuidadoras de personas con dependencia está atravesada por el abandono y la falta de ayudas. La Ley de Dependencia ha sufrido recortes en los últimos años y las organizaciones denuncian que las prestaciones no son suficientes, además de que el Gobierno suspendió las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios e Igualdad, a 31 de diciembre de 2017 había 700.000 personas con el derecho reconocido en lista de espera.
Ratificar el Convenio 189 de la OIT
A pesar de que el documento se firmó en 2011, España sigue sin ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que amplía derechos a las empleadas domésticas y que reconoce su derecho a cobrar el desempleo. Hacerlo pone las bases, al menos sobre el papel, para que este sector deje de estar precarizado –lo que se une a la estigmatización que muchas veces sufren las mujeres que lo desempeñan–. La falta de derechos, la legislación cambiante, la falta de actuación de la Inspección de Trabajo o el hecho de que buena parte de las empleadas sean migrantes abona los abusos del sector
Mejorar las pensiones de viudedad
1,6 millones de personas cobran una pensión de viudedad y el 96% de ellas son mujeres. Su cuantía media es de 654 euros mensuales, una cuantíaa significativamente más baja que las pensiones de jubilación, que cobran mayoritariamente hombres. Son pensiones muy vinculadas al reparto tradicional de roles (los hombres se dedicaban al empleo y cotizaban mientras las mujeres trabajaban en casa), por eso, para muchas mujeres mayores son el único ingreso que perciben.
La reforma de pensiones de 2011 establecía una mejora de estas prestaciones que apenas acaba de empezar aplicarse y que, en cualquier caso, no solo no afecta a todas las viudas, sino que deja a las que cobran pensiones más bajas (las que necesitan complementos a mínimos) en una situación casi igual que la actual. Por otro lado, las reformas de las pensiones suelen ser ciegas a los efectos de género: por ejemplo, cuando se amplía el cómputo para calcular la pensión se ignora que las carreras de las mujeres son más irregulares debido a los tiempos de permiso para cuidar y que, por tanto, ese tipo de medidas las perjudican más.