La burocracia gubernamental bloquea la investigación. Son 70 de los mejores jóvenes investigadores de su generación, pero no pueden trabajar. En realidad, la mayoría han buscado algún atajo para arrancar su labor porque las universidades no pueden esperar y los plazos corren, pero lo están haciendo sin contrato y sin ingresos. La culpa, según los estudiantes, es del Ministerio de Ciencia y Universidad.
Estos 70 jóvenes tienen en común que lograron un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU), una de las ayudas más prestigiosas y complicadas de conseguir para estudiantes predoctorales que concede el Gobierno español, dotada con unos 900 euros mensuales durante cuatro años (los últimos cursos la cuantía sube algo). Pero el mismo Ministerio no ha tramitado las ayudas desde hace seis meses, lo que tiene a los estudiantes legalmente bloqueados, aunque ellos se estén buscando la vida. “El Ministerio nos vino a decir que nos buscáramos un trabajito”, cuenta a eldiario.es Francisco Vázquez, uno de los investigadores afectados.
La secuencia de hechos, simplificada, es la siguiente: un joven predoctoral pide una ayuda FPU. Tras el debido proceso selectivo, el Ministerio de Ciencia y Universidades se lo concede. El agraciado tiene que matricularse en un curso de doctorado como requisito previo a la formalización del contrato. En ese momento empieza a correr el reloj, que da cuatro años para hacer la tesis. Pero el ministerio no formaliza el contrato. El joven predoctoral pierde meses de ayuda económica, pero tiene que empezar a investigar y trabajar sin contrato para concluir su tesis dentro del plazo de cuatro años.
El Ministerio de Ciencia y Universidades explica que “la convocatoria ha sido resuelta y se están cumplimentando los trámites de gestión económica para proceder a los pagos, lo que sucederá en un breve espacio de tiempo” que calcula en unas tres semanas. Según les han comunicado a los estudiantes, la partida presupuestaria que deben aplicar asciende a 5,6 millones de euros.
“Eso mismo es lo que nos dijeron a principios de abril”, sostiene Francisco. El joven investigador no se fía mucho ya de las promesas oficiales: “Llevamos así desde enero”. Y añaden que la situación ni siquiera es nueva: “Las ayudas de 2015 se firmaron en 2017 y en las de 2016, en 2018. No nos explicamos que el proceso de selección de 2018 siga adelante mientras el de 2017 está paralizado”, explican en una nota.
Las quejas se vuelven más amargas ya que “según el propio Ministerio, somos la élite”, lamentan. No son los únicos estudiantes brillantes de España que tienen quejas del trato que recibe su esfuerzo académico. Los Premios Nacionales de Fin de Carrera llevan años protestando por el ninguneo que reciben del Ministerio de Educación, que entrega los premios tres años tarde y de tapadillo en las últimas ediciones, dejando sin valor alguna de las consecuencias positivas que tienen, como otorgar un punto extra a la hora de pedir precisamente una FPU, por ejemplo, o la cuantía económica que acompaña al galardón.
Y aún así pertenecen a una minoría de predoctorales con algún tipo de contrato o ayuda (aunque esté en camino). En España había en el curso 2014-15 un total de 28.546 personas cursando el doctorado, según datos del Ministerio. Se conceden unas 2.000 ayudas oficiales al año, por lo que en total hay unos 8.000 estudiantes con ayudas y casi 20.000 que carecen de ella.
De sueño a pesadilla
Estos 70 jóvenes (eran 80 originalmente, pero una decena de ellos ha renunciado a la ayuda debido a la incertidumbre) se han visto en esta situación porque accedieron a sus FPU desde la reserva, no sacaron la plaza en primera instancia. Los que lo hicieron están cursando sus FPU sin problema.
Pero ellos no. En una resolución del 27 de noviembre pasado, los 80 ya aparecían con la ayuda concedida. Una buena noticia que solo dio pie a este periplo burocrático.
Con la confirmación (aunque provisional) de que tenían la ayuda concedida, los estudiantes se pusieron en marcha. “Para aceptar el contrato FPU te tienes que matricular en el doctorado”, cuenta Vázquez. “En mi caso, que soy de Cádiz, incluso me he mudado” a Granada, donde va a realizar su tesis.
Misma situación que ha vivido Marina. Se tuvo que desplazar desde su pueblo, en Alicante, a Valencia para integrarse en el instituto de investigación de la Universidad de Valencia en el que hizo el máster previo al doctorado y donde va a desarrollar su investigación y preparar su tesis.
¿De qué viven, ya que están sin ingresos? “Tenemos todos situaciones parecidas. Algunos trabajan, otros viven de sus familias... En mi caso, tuve un accidente en uno de mis viajes entre Granada y Cádiz y de momento estoy tirando de la indemnización”, cuenta Vázquez su suerte. Marina estuvo meses viviendo de sus padres, explica, hasta que consiguió que su instituto le hiciera un contrato de dos meses, mientras se tramita su FPU, que le pagan con fondos del centro que deberían estar destinando a otras cuestiones, toda vez que ya contaban con ella, pero no con gastar dinero en su trabajo.
Cuatro años que se quedan cortos
El siguiente problema es que en el momento en el que un estudiante se matricula del doctorado, empiezan a correr los plazos. Los predoctorales tienen tres años para concluir su tesis en circunstancias normales. Si lo necesitan, y lo suelen necesitar, pueden pedir una prórroga de un cuarto año que se suele conceder.
Así que cada día cuenta. Con contrato o sin contrato, los investigadores tenían que empezar, explican. “En Física Experimental, el periodo máximo de cuatro años es muy poco tiempo, seguro que se me alarga la tesis hasta ese punto. No podía perder 7 u 8 meses de investigación hasta que se resuelva esto”, señala Marina.
Con lo que los estudiantes están yendo a las universidades o grupos de investigación a cumplir con la labor que necesitan desarrollar para su propia tesis, pero también para un grupo que contaba con ellos para llevar a cabo su proyecto.
Pero lo hacen sin contrato. Con la boca pequeña, algunos estudiantes conceden que probablemente su situación no sea legal. “En mi caso, que soy de Humanidades, igual es diferente”, explica Vázquez, “pero si hay un accidente en un laboratorio, ¿quién se hace cargo?”, se pregunta.
También está el hecho de que, con el retraso, la mayoría de estos jóvenes van a perder un año de la ayuda. La FPU tiene una duración de cuatro años, en consonancia con el doctorado que financian. Pero estos 70 investigadores van camino de perder uno porque el contrato se acaba con el doctorado. “El Ministerio nos dice que se puede disfrutar de la FPU con contrato postdoc [una vez finalizado el doctorado], pero tienes que conseguir el contrato”.
Una de las principales quejas de los afectados es el oscurantismo con el que el ministerio maneja la información. “Nos sentimos desamparados, no nos dicen nada”, cuentan. “Escribimos a diario y nos dicen que no disponen de más información”. A principios de la campaña electoral, eso sí, les comunicaron que a finales de abril se arreglaría. “Pasaron las elecciones y nos dijeron que no se pudo hacer por motivos que desconocen”.
Los estudiantes lamentan que las convocatorias no son rigurosas y que el problema está enquistado. No existen plazos fijos para abrir la convocatoria. En el caso de esta promoción, tampoco para publicar la resolución definitiva. “Las convocatorias se solapan. La nuestra no está aún definitivamente resuelta, pero la de 2018 ya se ha resuelto en su primera fase. Los que han pasado están a la espera de la resolución de la segunda fase, que conllevará de nuevo otros solicitantes en reserva, como nosotros, cuya resolución se solapará con la convocatoria de 2019... Y así”.