Un año después del final de la Guerra Civil, el dictador Francisco Franco puso en marcha el proyecto para levantar la basílica del Valle de los Caídos y la cruz más alta del mundo. Casi dos décadas de construcción en las que presos políticos del franquismo trabajaron para crear uno de los mayores homenajes a la dictadura y que ochenta años después sigue resistiéndose a la eliminación de los vestigios del régimen autoritario. Esta semana el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir de nuevo para remover los obstáculos interpuestos por la ultraderecha: la primera vez fue para permitir la exhumación de Franco y la segunda para dar luz verde a la exhumación de restos de víctimas del franquismo de las criptas de Cuelgamuros.
Esta vez el debate jurídico ha sido bastante más sencillo que cuando los descendientes del dictador consiguieron que la sala tercera mantuviera la exhumación suspendida durante varios meses de manera cautelar. En ese momento los jueces tuvieron que analizar el pleito desde el punto de vista de la libertad de culto, la intimidad de los Franco o el peligro de atentados terroristas en La Almudena.
El segundo asalto no ha sido tan complejo, dado que todo giraba en torno a una licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Un juzgado de Madrid decidió paralizar cautelarmente el proceso hasta analizar la licencia en profundidad, pero el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior levantó esas medidas cautelares. Ayer el Supremo rechazó varios recursos vinculados a la ultraderecha que pedían volver a paralizar todo de forma urgente, explicando en varias providencias que los recursos no pasan ni el primer filtro de los casos de urbanismo.
La exhumación de Franco fue suspendida durante meses a petición de sus familiares, pero los Franco no fueron los únicos que recurrieron. Lo hizo la Fundación Nacional Francisco Franco, lo hizo la Comunidad Benedictina del Valle e incluso Vox fracasó en su intento de que fuera la Junta Electoral la que evitara la extracción del cadáver del dictador.
La iniciativa para sacar de las criptas Cuelgamuros los cuerpos de las víctimas de la dictadura obtuvo el aval judicial mucho antes, hace ahora ocho años. La batalla se trasladó al terreno del urbanismo cuando Patrimonio Nacional, propietario del conjunto monumental, pidió al consistorio una licencia para hacer las obras necesarias para exhumar los cuerpos.
Los recursos volvieron a llegar desde la ultraderecha y, esta vez también, lograron una paralización cautelar que por segunda vez ha enterrado la sala tercera del Supremo. Uno de ellos fue de la misma Fundación Francisco Franco. Otro de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la misma que denunció sin éxito a la Delegada del Gobierno en Madrid por mover unos metros una manifestación ultra en la puerta del Congreso.
Trabajos previos en las criptas
La decisión del Tribunal Supremo, que ayer anunció el rechazo a dos recursos teniendo más pendientes pero con las mismas posibilidades de éxito, elimina el último obstáculo judicial a un proceso que vuelve a la vía administrativa. Patrimonio Nacional, que autorizó las exhumaciones en 2019, lleva desde el pasado mes de noviembre ejecutando los trabajos previos para saber si es viable acometer las exhumaciones: retirar ornamentos, preparar el suelo y examinar la iluminación, por ejemplo.
Fue la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial por el Partido Popular, Carlota López Esteban, la que decidió no reactivar la licencia necesaria para que Patrimonio pudiera ejecutar los trabajos. El organismo público decidió entonces interponer un incidente de ejecución que no prosperó y que también quedó pendiente de esta decisión del Supremo.
El proceso judicial sobre la licencia, según entienden desde Patrimonio, ya no supone un obstáculo inmediato para los trabajos de exhumación, pero el caso no ha quedado completamente cerrado. Los tribunales todavía tienen pendiente dictar sentencia sobre el fondo del asunto una vez zanjadas las medidas cautelares sobre la licencia urbanística.
El resultado, a falta de saber si es posible exhumar los restos de los hermanos Lapeña, es más de una década de trabas a una exhumación que ya no verá Manuel Lapeña, descendiente de los dos hermanos Lapeña fusilados durante la guerra y enterrados en Cuelgamuros. Falleció en septiembre de 2021 a los 97 años de edad.
La exhumación paralizada de Franco
Los restos mortales del dictador Francisco Franco también pasaron más tiempo de la cuenta en el Valle de los Caídos antes de ser llevados en helicóptero hasta Mingorrubio en octubre de 2019. Pasaron un año y dos meses desde el anuncio del Gobierno hasta que el cadáver de Franco abandonó Cuelgamuros entre gritos de sus descendientes, un retraso que obedeció, también en este caso, a un recurso llegado desde la ultraderecha que mantuvo paralizado el proceso cautelarmente en la sala tercera del Tribunal Supremo.
En junio de 2019, seis días antes de la fecha establecida para la exhumación, los jueces estimaron una petición de la familia Franco para dejar toda la operación en suspenso. Un auto en el que los magistrados de la sala tercera entendieron que permitir la exhumación para después dar la razón a los Franco tendría consecuencias casi irreversibles: tener que devolver el cadáver a la basílica del Valle.
La sala se comprometió a resolver el pleito en un plazo “razonable” de tiempo y el aval para la exhumación llegó el 24 de septiembre de ese año. Dos semanas más tarde, incluso, se dirigía por escrito al Gobierno para aclarar que su sentencia era “título legítimo” para entrar en la basílica y sacar el cadáver de Franco.
Fue necesario aclarar ese punto porque, después de los recursos de la familia, llegó la negativa del prior Santiago Cantera a permitir la entrada de nadie sin el consentimiento de los descendientes del dictador, con el objetivo de proteger “los principios religiosos y morales afectados”. Argumentos sobre la inviolabilidad del templo o el consentimiento de la familia que ya habían sido sobradamente contestados y rechazados por el Tribunal Supremo.
El Super Puma del Ejército del Aire finalmente depositó el féretro de Franco en el cementerio municipal de Mingorrubio, en El Pardo, a poco más de dos kilómetros del Palacio donde vivió y en la cripta donde descansaban los restos de su esposa, Carmen Polo. Su cuerpo fue despedido por sus familiares al grito de “Viva Franco” y recibido con loas similares por parte de varias decenas de franquistas entre los que destacaban el golpista Antonio Tejero. Su hijo Ramón se ocupó de oficiar la misa.