Las cuatro decisiones del ministro de Educación que han desembocado en la huelga contra las reválidas
El 24 octubre de 2013 Madrid vivió una de las manifestaciones por la educación más multitudinarias que se recuerdan. Fue el broche final de una huelga general educativa en toda España contra la LOMCE. El miércoles, tres años y dos días después, estudiantes, familias y docentes –esta vez sin convocatoria conjunta de huelga general educativa a nivel estatal– vuelven a la calle para protestar de nuevo contra la misma ley, implantada ya por completo y con su medida más polémica, las reválidas, en entredicho.
A los paros se ha convocado a familias (CEAPA) y estudiantes de toda España (Sindicato de Estudiantes y FAEST), aunque solo en Madrid a todos los niveles salvo los universitarios -desde Educación Infantil a Formación Profesional-. Los profesores pararán en la capital, en Andalucía y en Murcia, según los convocantes. En Euskadi están llamados a hacer paros parciales de una hora.
La huelga se produce solo tres días antes de que Mariano Rajoy sea investido presidente del Gobierno, según lo previsto. Hasta entonces, el Ejecutivo sigue en funciones, con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, responsable de la aprobación del real decreto de reválidas, al frente de la cartera de Educación.
Esta es la segunda vez –la primera fue en marzo– que el sucesor de José Ignacio Wert tiene que lidiar en funciones con una huelga educativa. Desde que llegó el PP al Gobierno en 2011 son, con mayor o menor intensidad, más de una veintena. En este caso, además, los paros aterrizan como la última muestra de una oposición unánime, tanto política como social, a las pruebas finales de evaluación en ESO y Bachillerato.
Todos los grupos de la oposición las han rechazado en el Congreso y varias comunidades autónomas aseguran que no las harán. Algunas han puesto recursos por la vía judicial contra las pruebas. Las evaluaciones tampoco terminan de cuadrar a sectores menos movilizados contra la LOMCE, como las asociaciones de colegios privados, por ejemplo.
El Ministerio de Educación continúa, con todo, adelante con las reválidas que, dicen, “se harán con toda tranquilidad”. Las últimas actuaciones de Méndez de Vigo, pese a los mensajes de calma, no han contribuido a sosegar la inquietud de la comunidad educativa: profesores de ESO y Bachillerato que no saben para qué tienen que preparar a sus alumnos y estudiantes con pocas certezas sobre cómo terminarán el curso, las mismas que cargan sus familias.
Recopilamos los últimas actuaciones controvertidas del ministro que han desencadenado la convocatoria de esta protesta para “vaciar las aulas” y tomar la calle contra las reválidas, la LOMCE y los recortes en educación.
El decreto “a la espalda de la comunidad educativa”
29 de julio. Pleno verano. El Gobierno informa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que el real decreto para la implantación de las reválidas de ESO y Bachillerato ha sido aprobado unilateralmente. El desarrollo, que confirmaba la realización de las pruebas por primera vez en junio de 2017, salió adelante con el rechazo manifiesto a las evaluaciones de todas las comunidades no gobernadas por el PP y con la oposición de la comunidad educativa.
Pasar las pruebas, se concretó entonces, es obligatorio para obtener el título de ESO y Bachillerato, aunque este primer año solo contarán para hacer la media (al modo de la antigua PAU). La Plataforma Regional por la Escuela Pública denuncia, como también han manifestado algunos partidos políticos en sede parlamentaria, que la “imposición” de las reválidas es el “punto final de una imposición sistemática de una ley orgánica aprobada sin consenso”.
Especialmente problemática es la situación en la que quedan los alumnos y alumnas que suspendan dos veces la prueba de 4º de la ESO, cuya única salida es retroceder en el sistema y estudiar una FP Básica. “Las reválidas no tendrán un impacto positivo en el rendimiento ni aportan información sobre las capacidades de los estudiantes. Además, deslegitiman la labor de los docentes en ese ánimo de revalidar el proceso de evaluación continua”, dicen desde UGT.
Un portavoz de los Movimientos de Renovación Pedagógica sostiene, en la misma línea, que estas evaluaciones convierten a los institutos en “centros de exámenes”, a los profesores en “pasadores de prueba” y a los estudiantes en “competidores”.
El plantón en el Congreso
Argumentos similares a los expresados por la plataforma convocante de la huelga –formada por CEAPA, UGT, CCOO, Sindicato de Estudiantes, STEM, MRP– se han escuchado hasta en dos ocasiones en dos plenos del Congreso de los Diputados. Una, en abril, cuando se debatió una Proposición de Ley del PSOE para paralizar la LOMCE; la otra, hace apenas tres semanas, a cuenta de la Proposición No de Ley del Grupo Mixto. Las dos iniciativas fueron respaldadas por la Cámara Baja.
En la última ocasión, el ministro optó por ausentarse del debate de la PNL y solo apareció al final del Pleno, cuando se llamó a los diputados a votar. Ganó el sí, con 175 votos frente a 133 noes. Ciudadanos, como pasó en abril, se abstuvo, aunque ha manifestado estar en contra de las reválidas.
El partido de Albert Rivera, a través de la diputada Marta Martín, hizo público el viernes un compromiso verbal con el ministro de Educación para aplazar cuatro años la implantación de las reválidas tal y como las concibe la ley. La idea, según la formación naranja, es esperar ese periodo de tiempo para que el aprobado de las pruebas sea condición sine qua non para titular. Un portavoz oficial del Ministerio ha desmentido a eldiario.es tal acuerdo.
La plataforma convocante interpreta el anuncio como una “maniobra para desmovilizar” y da poco crédito a las “promesas” del Gobierno en funciones. “No nos creemos una palabra”, añaden.
Una implantación contrarreloj
El Gobierno, por estar en funciones, está encontrando algunos obstáculos para la implantación completa de las pruebas finales de evaluación, lo que ha hecho crecer la inquietud de estudiantes y profesores que ven pasar las semanas sin un calendario claro de organización. “No sabemos cómo plantearlo, vivimos en la desinformación”, contaban a eldiario.es varios docentes de Bachillerato.
El anterior ministro, José Ignacio Wert, dejó antes de su marcha a París todos los plazos fijados. El calendario se ha ido cumpliendo a trompicones hasta topar con la falta de presidencia y vicepresidencia en el Consejo Escolar del Estado. Sin ellos no es posible convocar a la comisión permanente, órgano que debe dar el visto bueno a la orden ministerial que desarrolla las bases de los exámenes.
Con las previsiones actuales, el Gobierno podrá resolver este trámite, en manos ahora de la Abogacía General del Estado: si se forma Ejecutivo en unos días hay tiempo suficiente para que el ministro de Educación nombre a un presidente del Consejo y desbloquee la situación.
La fecha límite para dar luz verde a la orden ministerial es el 30 de noviembre. Después, cada comunidad autónoma tendrá que elaborar, sobre las bases aprobadas por el Ministerio, sus propias pruebas. “Ahí las comunidades van muy justas, a lo mejor consiguen cerrar la cuestión a pocos meses de realizar las reválidas”, argumenta José Luis Pazos, de CEAPA.
Reuniones inútiles
Durante el último mes, el ministro de Educación en funciones se ha reunido con la mayor parte de colectivos de la comunidad educativa en una ronda de contactos para acercar posiciones de cara a un futuro pacto educativo, según el Gobierno. A todas esas reuniones, Méndez de Vigo acudió sin propuestas, “con la voluntad de escuchar”.
Para CCOO, los encuentros fueron “marketing político”. “Buscan la foto, esa imagen de Gobierno dialogante”, opina el Sindicato de Estudiantes. Los colectivos integrantes de la Plataforma Regional por la Escuela Pública afean que sea ahora, con un Gobierno en funciones, cuando Educación quiere escucharlos. Lo que venga a partir de ahora lo tienen claro: “Lo que nos espera, si seguimos, es un Ejecutivo que va a dar continuidad a cinco años de desolación en política educativa. No lo aguantamos y no lo aguantaremos”.
