“Se veía el hueso despuntar bajo la piel”. La detención policial de Carlos (nombre ficticio), que participaba en una manifestación de apoyo a Gamonal en Madrid el pasado enero, se saldó con una fractura de clavícula. Según su testimonio, después de que el Samur le explorase y no encontrase ninguna lesión, los policías que lo mantenían retenido en Moratalaz no le dieron ningún medicamento para los fuertes dolores. Salió tras un día y medio en dependencias policiales, “sin comer”, y denunció a los cuerpos de seguridad por un delito de trato vejatorio y torturas.
Según Jorge del Cura, coordinador de último informe anual de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), por desgracia, la denuncia de las agresiones y malos tratos sufridos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado no es tan frecuente como debería.
Los datos del estudio de 2013 reflejan una caída significativa en el número de denuncias que ha llegado a las asociaciones de defensa de los derechos humanos agrupadas en la coordinadora. “Solo de aquellas que hemos recogido y podido testimoniar” –apunta del Cura– “que no son el total de abusos”. Durante el año pasado, 527 personas denunciaron agresiones y/o malos tratos por parte de funcionarios de seguridad del Estado, mientras que la cifra en 2012 fue 851. De hecho, el dato de 2013 es el más bajo de los últimos diez años.
Lejos de alegrarse ante un posible descenso de la violencia policial, desde la CPDT adjudican la bajada a tres factores: “el miedo a sufrir represalias por denunciar, la desconfianza en los Tribunales de Justicia e instituciones y la reducción de presupuesto de las asociaciones de derechos humanos que visibilizan y conciencian sobre estos delitos”.
Jorge del Cura apunta que la tortura en España no es un hecho generalizado ni sistemático, pero sí persistente en el tiempo, aunque con cifras reducidas respecto otros países. Uno de los problemas para estudiar la incidencia real del problema es la falta de datos y la negación de los casos por parte del Estado, indican.
El órgano encargado de recoger los casos de tortura en las instituciones es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente del Defensor del Pueblo. No obstante, la institución no recibe denuncias de particulares sino que simplemente recoge sus datos de las visitas periódicas a centros penitenciarios y de privación de libertad. Sus informes anuales apenas recogen decenas de denuncias.
Por lo tanto, el informe de 2013 toma la definición de tortura de la Organización de Naciones Unidas: “Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento”.
Otra de las cifras destacadas por el estudio anual es la persistencia de un alto porcentaje de denunciantes inmigrantes, un 21,2% del total, que ha aumentado ligeramente en el último balance desde los 103 en 2012 a los 114. De hecho, del Cura y Jesús Montes (miembro de la Coordinadora en Andalucía) inciden en los atropellos de los derechos de los inmigrantes en la frontera sur con Ceuta y Melilla. Según la población, esta última ciudad autónoma es la que más denuncias genera: 368,46 por cada millón de habitantes. La media nacional es de 11,48.
Ciudadanos alejados de las instituciones
Otra de las cifras más significativas es el descenso de denuncias en movilizaciones sociales, de 591 en 2012 a 251 el año pasado, aunque se mantiene como la circunstancia más habitual de agresión (un 47,6% de los casos). El descenso de denuncias responde al miedo y la desconfianza enunciados, pero también a la imposibilidad de probar gran parte de los casos recogidos, según los portavoces.
Jorge del Cura cifra en unas 150 denuncias aquellas que no pudieron añadir en el informe en el último momento por la falta de pruebas que corroborasen la versión de los afectados. “Aproximadamente la mitad tuvieron lugar en manifestaciones y otras movilizaciones”, indica.
En este sentido, el portavoz de la coordinadora critica la violencia registrada contra las personas que documentan las manifestaciones, plasmada en 17 denuncias en el estudio. El pasado marzo, varios periodistas fueron agredidos mientras grababan una persecución tras la movilización del 29M contra la monarquía.
En opinión de Luisa Domingo, miembro de la CPDT en Cataluña, los casos mediáticos como el de Ester Quintana, que perdió un ojo debido al impacto de una pelota de goma cuando se marchaba a casa tras una manifestación en Barcelona, evidencian que la justicia es lenta y difícil de alcanzar. “Una carrera de obstáculos y no todo el mundo es como Quintana”, apunta.
Luisa Domingo se refiere a todas aquellas personas que no acudieron a los juzgados después de agresiones injustificadas. Según una encuesta de Amnistía Internacional en España, realizada con una muestra de 800 personas dentro de la campaña “Stop Tortura”, un 44% de los entrevistados tenían miedo a ser agredidos en una detención policial. “Casi la mitad de la población teme sufrir tortura en instancias policiales”, dice Ángel Gonzalo, portavoz de la organización.
Al temor de la población, que no se ajusta a los datos registrados por las organizaciones, se suma “las acciones disuasorias de los cuerpos policiales”, continúa Gonzalo. “La estrategia policial es responder a una denuncia con otra de agresión o con amenazas por una supuesta denuncia falsa”, explica.
María Eugenia Rodríguez Palop, docente y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III, alerta del peligro de la falta de confianza en las instituciones. “La coherencia nos indica que, si la gente no acude a las vías formales para denunciar estos ataques, recurrirán a otras alternativas, como la resistencia o, incluso, la violencia”, argumenta.
Desde la CPDT subrayan la importancia de las organizaciones de defensa de derechos humanos, ya que en aquellas regiones donde cuentan con más presencia, las denuncias son más numerosas. Por ello, la falta de presupuesto de las asociaciones es otra de las causas por las que, en su opinión, se ha producido una caídas de los casos.
Entre sus objetivos, que finalice el régimen de incomunicación, “que facilitan y dotan de sistematicidad a la práctica de la tortura”, y la “ correcta aplicación” en España de los mecanismos de prevención y control previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.