Primera victoria judicial para conocer cómo reparte el Gobierno el dinero de la publicidad institucional entre la prensa, diarios digitales, radio y televisiones españolas. La Audiencia Nacional obliga al Ministerio de Defensa a publicar cómo y con qué criterio ha adjudicado las campañas de publicidad entre los distintos medios de comunicación, una información que ha guardado en estricto secreto hasta ahora.
Este fallo responde a distintas solicitudes de información enviadas por eldiario.es en virtud de la Ley de Transparencia. Aunque el Consejo de Transparencia dio la razón a este medio y dictaminó que debían hacer público el reparto, ocho ministerios presentaron un recurso en los juzgados para evitar publicar esta información. Con esta sentencia, el Gobierno pierde el primero de sus ocho recursos para no revelar cuánto dinero han dado a cada medio de comunicación.
El magistrado del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, Luis Manuel Ugarte, ha rechazado los argumentos utilizados por Defensa para no revelar los gastos. El Ministerio aseguraba que “la información solicitada no obra en poder del Ministerio y para suministrarla” hay que hacer un ejercicio de reelaboración. Según el fallo del juez, “no cabe hablar de reelaboración” cuando las agencias de medios encargadas de la campaña deben proporcionar un informe con esos datos y el propio Ministerio reconoce que este documento obra en su poder.
Defensa también criticaba que el Consejo de Transparencia no haya escuchado a las empresas afectadas (agencias y medios) antes de publicar la resolución. La sentencia defiende que “no puede fundarse” que se rechace la publicación de una información en la protección de derechos de terceros cuando “no se les ha identificado”.
“Sorprende que se esgrima la falta de audiencia por parte del Consejo de los terceros afectos, los medios de comunicación, cuando su identidad es precisamente objeto de la petición de información rechazada”, afirma el juez.
El último argumento utilizado por el Gobierno es que dar esa información revelaría las tarifas de los medios y cómo negocian las agencias de publicidad, lo que supondría un “perjuicio para sus intereses económicos y comerciales”.
La sentencia defiende que no se estaban solicitando datos sobre “precios y descuentos” de los que se habrían beneficiado las agencias de publicidad. “Se trataba sencillamente de conocer lo que se había pagado, a quién y el concepto correspondiente”, resuelve para, finalmente, desestimar el recurso presentado por el Ministerio de Defensa contra una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG).
37 millones del Ejecutivo en un año
En 2015, el Gobierno gastó 37 millones de euros –Defensa, casi 2 millones– en poner anuncios en medios de comunicación. Por ejemplo, con las campañas para prevenir los accidentes de tráfico, en las campañas de la Renta o contra la violencia de género. Según la Ley de Publicidad Institucional, la distribución de esos millones debe hacerse con criterios objetivos y no partidistas. Hasta el momento, se desconoce si este principio se cumple ya que nunca se ha hecho público el reparto.
El proceso para llegar hasta esta sentencia arrancó en octubre de 2016, cuando eldiario.es inició una batería de solicitudes de información a través del Portal de Transparencia a los 13 ministerios del Gobierno sobre las inversiones en medios desde 2012 a 2015. Una año después, la única respuesta ha sido la de Hacienda, que solo ha respondido sobre las campañas de la Agencia Tributaria, un organismo dentro del Ministerio.
Ante la negativa del resto de departamentos del Gobierno a proporcionar la información, eldiario.es reclamó ante el CTBG, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia. El Consejo resolvió a favor de este medio, argumentando que el interés público por conocer el reparto de publicidad estaba por encima de cualquier otro.
Ante esas resoluciones, ocho de los trece ministerios decidieron pleitear por lo contencioso administrativo para seguir ocultando la información, tal y como publicó eldiario.es. A la espera de que se resuelvan el resto de recursos presentados por el Gobierno, esta sentencia es la primera en España que obliga al Ejecutivo a publicar cuánto dinero ha destinado en publicidad institucional a cada medio de comunicación.
Aunque el fallo es recurrible ante la Audiencia Nacional, desde el Consejo valoran “muy positivamente la sentencia desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas”. Precisamente, el veredicto del juzgado desmonta los principales argumentos del Gobierno y confirma el criterio del Consejo de Transparencia.
Alba Gutiérrez, portavoz de Access Info Europe, organización en defensa de la transparencia, afirma que esta sentencia “es una muestra más de que los tribunales están posicionándose a favor de la transparencia” en asuntos claves en España. Desde la organización creen que esta sentencia “es muy importante sobre