Era el año 1997 cuando el Gobierno de José María Aznar allanó por ley que la sanidad pública estuviera gestionada de manera privada. Con esta decisión abrió la puerta a un modelo que ha provocado consecuencias “no deseables” en el sistema más de un cuarto de siglo después, según el Ministerio de Sanidad.
En este tiempo, según el departamento que dirige Mónica García, las administraciones han perdido “capacidad de control en la gestión”, los gobiernos están atados de pies y manos a la hora de revertir lo que ya se ha hecho porque se blinda por periodos muy largos –en Madrid las concesiones se firmaron, por ejemplo, a 30 años– y existe poca transparencia en “la liquidación de los pagos” desde lo público a las empresas.
Este diagnóstico es la base que sustenta la próxima norma que Sanidad pretende sacar adelante: la ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. El equipo de García dio el primer paso este lunes para aprobarla y sacó a consulta pública el texto. El documento avanza, en el mayor detalle conocido hasta el momento, cuáles son las intenciones del Ministerio. Por un lado, limitar “la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro” y facilitar “la reversión” de las privatizaciones que están en marcha; por otro, mejorar “la transparencia, auditoría y rendición de cuentas” en los modelos que ya existen.
El actual equipo de Sanidad considera que las nuevas formas de gestión “no han supuesto una mejora en la salud de la población, sino en los beneficios obscenos de algunas empresas”. Por eso, quieren “dar carpetazo a la ley de 1997” y “poner coto al lucro incesante que ha ido abonando las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad”.
Un reto “complejo”
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública ha recibido la noticia con los brazos abiertos, aunque se muestran escépticos con la manera en que las medidas van a quedar plasmadas en el texto y su posible alcance. Ya tuvieron un precedente de decepción, según su presidente, Marciano Sánchez-Bayle, con la ley que impulsó el anterior equipo de Carolina Darias (PSOE) para blindar la sanidad pública.
Inició su tramitación parlamentaria entre discusiones con Unidas Podemos, que la consideraba descafeinada, y finalmente decayó por el adelanto electoral. “Leyendo el texto luego no era así. Gobernar no es hacer declaraciones de buenas intenciones, sino especificar mecanismos concretos para cambiar la situación”, asegura Sánchez-Bayle.
Para Anna García-Altés, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, “es complejo hacer según qué cambios con una ley”. “La situación difiere bastante según la comunidad autónoma. Imagino que puede tener contestación si sale adelante”, subraya. Y remata: “La ministra se mete en un buen berenjenal”.
La Fundación IDIS, que aglutina a las compañías del sector privado, anticipa en un comunicado enviado este lunes que si se limitan los conciertos habrá “problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, que ya soportan en el momento actual listas de espera obscenas”. “La limitación de la colaboración público-privada en sanidad por cuestiones ideológicas –continúa la nota– solo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes”.
Uno de cada diez euros, a conciertos
La hoja de ruta de Sanidad aterriza en un país donde los conciertos –es decir, pagar a la sanidad privada por la derivación de cirugías, pruebas o consultas con el especialista– no es algo residual sino una política sanitaria consolidada en España. De los 438 hospitales privados funcionando en España, hay más que conciertan con la pública que los que no (172 frente a 162).
No todas las comunidades usan igual este recurso: de media se comen uno de cada diez euros del gasto público, según los últimos datos disponibles de 2022, y el montante ha crecido un 17% desde 2018. De 7,9 millones de euros a 9,3. Aunque en Catalunya ese porcentaje supera el 22% y en Madrid alcanza el 12%, según recoge el Observatorio del sector sanitario privado 2024 publicado por la Fundación IDIS.
Entre 2021 y 2022, Madrid fue la comunidad que más aumentó el gasto en conciertos (0,7%), seguida de Andalucía (0,6%), que hace dos años firmó un nuevo acuerdo con una cadena de clínicas para que sus cinco centros presten asistencia durante el próximo lustro como parte de la red pública.
En Madrid hay cuatro hospitales que atienden a pacientes del Sistema Nacional de Salud y, sin embargo, están completamente gestionados por empresas (Quirón y Ribera Salud). Este el modelo más extremo en cuanto a privatización se refiere.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública mide anualmente el porcentaje de recursos públicos que se destinan a conciertos con entidades privadas y otras variables relacionadas con el desplazamiento de la atención al sector privado como el gasto en seguros privados. Los resultados de su último informe, presentado la semana pasada, confirman que la tendencia continúa: la Comunidad de Madrid renueva su posición a la cabeza; Baleares desbanca a Catalunya, que se queda tercera por primera vez en el ranking; y Andalucía salta del sexto al cuarto lugar al experimentar “un alto incremento de su privatización”.