“Lo que me sorprendería es lo contrario”. Así se mostraba la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante el informe del Consejo General del Poder sobre el anteproyecto de la ley trans: “Si me preguntan si me sorprendería que el Consejo General del Poder Judicial manifestara su oposición a una ley feminista, pues no, no me sorprendería”.
“Cuando aprobamos en España la ley del Matrimonio Igualitario”, ha recordado Montero, “el Consejo General del Poder Judicial llegó a decir que sería lo mismo que casar a una persona con un animal. Siempre se han opuesto a todas las leyes feministas, incluso con la ley de violencia de género llegaron a plantear dudas sobre su constitucionalidad”.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este miércoles su informe crítico con algunos puntos de la ley trans. El informe llega con varios meses de retraso y es preceptivo, pero no vinculante, por lo que el Ejecutivo central no tiene obligación de incorporar su criterio al texto final de la ley. El informe avala el reflejo legal de la autodeterminación de género, pero que pide más controles al entender que “existe un riesgo de discriminación para las mujeres no transexuales”; o para que las “mujeres no transexuales no sean discriminadas en las competiciones deportivas”.
“Este gobierno va a estar aquí para garantizar los derechos de todas las mujeres, para garantizar, en este caso, los derechos de las personas LGTBI y particularmente de las personas trans”, ha dicho Montero: “Y creo que el mensaje tiene que ser contundente. Sabemos de nuestra responsabilidad como gobierno para blindar y para garantizar todos y cada uno de los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI. La función de las instituciones es garantizar derechos y no cuestionarlos.”.
La ministra de Igualdad hacía estas declaraciones a las puertas de la Comisión Europea, minutos antes de conocerse la decisión final del CGPJ. Montero se ha reunido, junto con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, para abordar la estrategia nacional de cuidados dentro del marco europeo.
Primera estrategia de cuidados de los 27
“Queremos que España sea el primer país de la Unión Europea en tener su propia estrategia estatal de cuidados”, ha dicho la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra tras la reunión con Schmit: “Si algo hemos aprendido durante la pandemia es que el modelo residencial tiene muchísimos límites para nuestras personas mayores y para nuestras personas en situación de dependencia. La mayoría de las personas quieren quedarse en sus casas el máximo tiempo posible, con los apoyos necesarios. Por eso estamos apostando por el modelo comunitario, por el modelo centrado en la persona y por el modelo de apoyo domiciliario. Hemos empezado ya a hacer esa transformación, esa revolución de los cuidados, pero vamos a seguir trabajando y desde luego confiamos en que España pueda ser efectivamente el próximo año el primer país de la Unión Europea en tener una estrategia estatal de cuidados”.
La ministra Montero, por su parte, ha afirmado sobre la reunión: “Nos hemos encontrado con un claro compromiso feminista por parte de la Comisión y por parte del comisario Schmit para tener una estrategia europea de cuidados que nos permita garantizar los derechos de las personas que cuidan, es decir, garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, que son quienes soportan sobre sus hombros la mayoría de las tareas de cuidados, el trabajo del hogar, limpiar los baños y hacerse cargo de los hijos y de las hijas. Y garantizar también el cuidado de las personas dependientes de las personas mayores o simplemente de personas que necesitan cuidados en algún momento de su vida”.
Así, Montero ha asegurado que han encontrado “una gran sintonía para ser el primer país de la Unión Europea que tenga una estrategia estatal de cuidados”.