La red de parques nacionales españoles está a punto de incrementar su superficie un 30% de golpe. El mayor crecimiento en lo que va de siglo. Tras desencallarse las trabas para los enclaves de Sierra de las Nieves (Málaga) y la ampliación de Cabrera, solo las reticencias del Cabildo de El Hierro sobre el Mar de las Calmas dejan en el aire que se añadan sus 21.000 hectáreas de océano: el primer parque nacional completamente marino.
Cabrera, Sierra de las Nieves y El Hierro añadirán más de 124.000 hectáreas de máxima protección a las actuales 384.000. Nacerán dos nuevos espacios para dejar la nómina en 17. La última ampliación de la red fue la incorporación del Parque Nacional de Guadarrama en 2013: 33.900 hectáreas. En lo que va de siglo XXI, se han incorporado 60.000 hectáreas con los parques de las Islas Atlánticas, Monfragüe y Guadarrama.
La acción política tiene todo que ver a la hora de tramitar y aprobar las leyes que consagran los parques nacionales. El proceso legislativo culmina con una ley en el Congreso de los Diputados. Así que, donde, hasta hace unos meses habían surgido “detalles”, “discrepancias” o desencuentros, entre administraciones con diferente color político, en estos últimos meses se han forjado coincidencias.
La conexión política entre los gobiernos implicados en la creación de los parques está engrasando la maquinaria y limando las diferencias que tenían atascados algunos de estos planes. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aprovechado el centenario de la proclamación de los dos primeros santuarios ecológicos españoles para ir destaponando los parques de Sierra de las Nieves (en Andalucía) y Cabrera (en las Islas Baleares).
En el Archipiélago balear, el Gobierno ha explicado que pretende llevar la ampliación de sus hectáreas a Consejo de Ministros el octubre próximo. Y no es una ampliación cualquiera, sino de más de 80.000 hectáreas. Tras tener todo a punto hace un año, un movimiento de última hora desde la secretaria general de Pesca, según contaron desde el patronato del parque, frenó el proceso en el primer trimestre de este año.
Las reticencias surgieron de parte de la flota de la península y los pescadores recreativos de Baleares (un sector de gran peso económico en las islas). Los tres senadores por Baleares del Partido Popular se reunieron en verano de 2017 con la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y declararon que “nos ha confirmado que no se hará nada sin consenso con todas las entidades afectadas”. La actual responsable, Ribera, nada más tomar posesión, contó a eldiario.es que estaba deseosa por impulsar el proyecto. Esta semana declaró en Palma que la idea es sacar adelante el parque según la primera propuesta del Gobierno regional.
También se han esfumado las “escasas discrepancias”, en palabras del antiguo Gobierno del PP, que ralentizaban la máxima figura de protección para la Sierra de las Nieves malagueña. La disputa surgió por la inclusión por parte de la Junta de Andalucía (PSOE) de algunos municipios que no caían en el mapa del parque en la lista de localidades que recibirían fondos de ayuda. Medio Ambiente no estaba de acuerdo. Cuestión de dinero.
Pero, al coincidir ahora ambas administraciones dirigidas por el PSOE, la Sierra de las Nieves ya ha llegado al Consejo de Ministros. Está en proceso de revisión de las más de 100 alegaciones para regresar a ese foro y recibir forma definitiva antes de pasar al Congreso de los Diputados. Puede que algunas de las leyes para las que la minoría de 84 diputados socialistas consiga apoyo generalizado sean, precisamente, dos declaraciones de parque nacional.
Sin embargo, el enredo más intrincado se sitúa en las Islas Canarias. Lo que debería ser el primer parque nacional enteramente marino en El Hierro sigue varado por las dudas del Cabildo insular, gobernado por la Agrupación Herrereña Independiente. La presidenta, Belén Allende, quiso celebrar una consulta popular y se comprometió a que la respuesta estuviera en junio de 2017.
Más de un año después, en agosto de 2018, el referendo ni está ni se ve en un horizonte próximo. El Cabildo se encuentra “ultimando los requisitos administrativos para poder efectuar la consulta”, explican fuentes insulares. Han redactado un reglamento que se encuentra en fase de información pública antes de aprobarse y aplicarse. El plazo de alegaciones se estira hasta septiembre. También andan liados creando un consejo sectorial “que velará por el buen desarrollo” de la consulta, añaden.
Como en el caso de Cabrera, en el fondo, la cuestión gira en torno a los derechos pesqueros. La presidenta quiere que se modifique la normativa “para que pueda hacer compatible tanto la pesca recreativa como la profesional artesanal”, argumentan desde El Hierro. Consideran que ya han demostrado que saben convivir con el Mar de las Calmas de manera sostenible.