“En los últimos meses me han ofrecido dinero varias veces por salir de mi casa. 800, 1.200, 1.500...”. Habla Alberto (nombre ficticio), inquilino de uno de los 3.000 pisos sociales que la Comunidad de Madrid, a través del IVIMA, vendió al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013.
Alberto vive solo y dejó de pagar el alquiler cuando su jefe le dejó de pagar a él. Negocia desde hace meses una solución con la filial del fondo en España, Encasa Cibeles, pero no llegan a un acuerdo. “Ellos prefieren que me vaya, como han hecho con otros vecinos”, explica en conversación con este medio. Si no consigue pararlo antes, será desahuciado en octubre.
En la misma urbanización, ubicada en el municipio de Parla, varios vecinos aseguran que a ellos también les han intentado pagar para que abandonen las casas y que unos cuantos ya se han ido con un talón bajo el brazo. “Hace dos meses llamaron dos chicas a mi puerta. Me dijeron que me iban a echar en un mes y que cogiera 3.000 euros y me fuera”, cuenta Dalia, que prefiere no dar su verdadero nombre.
Ella, su marido y sus dos hijas ocuparon un piso vacío del bloque hace dos años tras ser desahuciados. Está embarazada de un tercero. Encima de su piso vive su cuñado, que ha estado más de un año sin agua en casa. Trabajaba en la construcción hasta que el grifo se cortó. Ahora malvive recogiendo chatarra. “Vivo con miedo todos los días”, reconoce.
Las mafias que controlaban las casas vacías hicieron negocio con él y también con Dalia. Ella asegura que dio 400 euros a unas personas que le entregaron la llave del piso abandonado. Su cuñado pagó 50. De cada historia se deshilacha un entramado de dinero y negocio ilegal con la vivienda. Una consecuencia directa de la venta de viviendas sociales, construidas sobre suelo público y destinadas –al menos antes de ser vendidas a estos fondos de inversión– a proporcionar un techo a las familias más vulnerables.
La excusa: el “efecto llamada”
Dalia se ha reunido en las últimas semanas con el representante de Encasa Cibeles para intentar encontrar una solución. La empresa se niega a firmar con ella un alquiler por miedo al “efecto llamada”. El agente lo dice abiertamente en una reunión que ambos mantienen en la que estuvo presente este medio.
Pasa lo mismo con el resto de vecinos en la misma situación. Esa vía está cerrada “de momento” y, en su lugar, ofrecen los servicios de un mediador contratado por Encasa Cibeles que busca viviendas adaptadas a su nivel de renta –el subsidio por desempleo en la mayoría de los casos– a las familias vulnerables en el mismo municipio.
Todavía no han encontrado ninguna. “Es muy difícil porque una parte de las vacías están ocupadas y otras muchas exigen condiciones de solvencia que no cumplen estas personas. ¿Adónde van con 426 euros y cargas familiares?”, dice Ricardo, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Parla. “Consideramos que la mejor opción es regularizar su situación aquí, quieren pagar y tienen arraigo aquí, pero Encasa quiere vaciar el bloque para alquilarlo a personas que puedan pagar alquileres más altos”.
Las promociones fantasma
El municipio cuenta con una zona de urbanizaciones llamada Parla Este con bloques completos vacíos. Justo enfrente de donde viven Alberto y Dalia, hay una promoción fantasma de viviendas de La Caixa. Hace poco han hecho una piscina para atraer a posibles compradores.
El Ayuntamiento de Parla tampoco puede ofrecer a estas familias pisos de emergencia social porque no tienen un total control de sus propias viviendas de protección oficial. Bajo el mandato de Tomás Gómez, el consistorio firmó un Plan de Vivienda por el que se cedía suelo público a dos promotoras a las que se otorgaba 75 años de gestión. El resultado es que la vivienda social en Parla está privatizada, lo que dificulta la entrada de las personas con menos recursos porque son empresas –con ánimo de lucro– las que las gestionan. Una de ellas es Lazora, la otra filial de Goldman Sachs en Madrid y también compradora de parte de los pisos del IVIMA.
El mediador de Encasa asegura que se pateará la zona para encontrar una alternativa para las personas como Dalia. Ella aún no ha sido demandada por la empresa, por lo que no tiene fecha de desahucio. Eso no impide que viva angustiada. Mientras el representante de la empresa le explica que de momento no hay salida, se le empañan los ojos. No sabe muy bien qué decir.
Su marido ha encontrado trabajo en Mercadona y gana 900 euros al mes. “Podemos pagar un alquiler de 300 euros o un poco más. Si no es aquí, no sé quién va a querer alquilarnos un piso con nuestras circunstancias”, dice la mujer.
El desahucio más inminente
Alberto es el vecino que tiene una fecha de desahucio más cercana. Y no es un desalojo porque tiene un contrato de alquiler en regla. Pese a haber mantenido conversaciones con Encasa Cibeles y haber llegado a un acuerdo para pagarles la mitad de su deuda, según su testimonio, el proceso no se ha paralizado. “Pagué en marzo 700 de los 1.400 euros que debía, el resto lo iría pagando en los meses siguientes”, cuenta a eldiario.es.
El inquilino pagaba poco más de 200 euros al mes. Es lo que pone en el contrato que firmó con Encasa Cibeles por siete años. La empresa le propone perdonarle la deuda y pagarle 1.500 euros por dejar la casa, relata, o bien hacer un nuevo contrato con un alquiler más elevado, superior a 400 euros. Esta última opción la niega Encasa Cibeles por cuestiones legales.
“Lo que no entienden es que dar un talón a las personas no les soluciona nada porque nadie va a aceptar hacerles un contrato de alquiler con su solvencia. Es pan para hoy y hambre para mañana”, defienden desde la PAH, que recuerda que 32.000 de los 140.000 habitantes de Parla están en riesgo de pobreza. 11.000 viven ya en la exclusión social.