Estar en el paro convierte a la familia directa, si es extranjera, en una “carga para la asistencia social de España” en caso de que no dispongan de sus propias fuentes de ingresos. Y por este motivo, se le niega la residencia legal en el país. Es el caso de Anabel (nombre ficticio), una mujer argentina de 52 años que lleva en España desde 2001. Su marido Pedro, que llegó con ella desde América, es español desde 2009 pero está desempleado, así que el Gobierno no accede a conceder la residencia a Anabel.
Esa es la lógica con la que se despachan las solicitudes desde que se modificó la normativa sobre extranjería en 2012. Y así queda expresado en una contestación escrita de la Delegación del Gobierno en Granada con fecha de 12 de marzo de 2015 que ha podido examinar eldiario.es. El funcionario encargado, el jefe de la Oficina de Extranjería, detalla que, como no puede acreditarse que “dispone para sí y para los miembros de su familia de recursos suficientes”, supone un riesgo de convertirse en un peso económico “durante su periodo de residencia”. Como su marido no puede ser presentado como su “recurso” monetario, no hay permiso. La petición cae bajo el epígrafe de “solicitud de tarjeta temporal de familiar de ciudadano de la UE”.
La pareja esta atemorizada. No quieren que se hagan públicas sus verdaderas identidades por si eso “afecta a las reclamaciones”. Es su hijo Emmanuel el que ejerce de portavoz. Esta historia va ligada a la precariedad laboral y la economía sumergida a la que se ven abocados muchos inmigrantes irregulares.
El hijo explica que el matrimonio “llegó a Granada en 2001 con una oferta de trabajo –ambos son músicos– que no se concretó”. Quedaron apresados en los trabajos en negro. Y así tuvieron que estar viviendo hasta que él firmó un contrato laboral.
“Entonces era 2009 y con ese contrato mi padre pudo acceder a la nacionalidad española. Una vez conseguida, mi madre sí obtuvo su tarjeta de residencia”. Pero cuando llegó el momento de la renovación del Número de Identidad de Extranjero (NIE) de Anabel, Pedro se había quedado en el paro. “Él trabajaba en un restaurante hasta hace dos años. Cada vez fue a peor hasta que se terminó”. Después de un periplo de muchos contratos diferentes, “lleva un año y pico desempleado. La prestación se le va agotar en meses”, describe Emmanuel.
Cambio legislativo
Para entonces, el panorama legal español había cambiado. Las trabas para dejar que las personas vivan en el país se habían multiplicado y endurecido mediante el Real Decreto-Ley de 16 de abril de 2012. Obtener la residencia se le había hecho imposible. La contestación gubernamental se apoya en esa normativa que, en su disposición final quinta, dice que “todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho de residencia en el territorio del Estado Español por un período superior a tres meses” siempre que tenga esos recursos económicos mencionados anteriormente.
Pero, además, el texto redactado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprieta las tuercas para los parientes. También se les permite la residencia, prosigue el decreto, si “es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión Europea” pero se le añade el extra de que debe cumplir con los mismos requisitos anteriores. Es decir, o se tiene dinero o da igual que se sea la esposa o el marido de un español: no hay NIE.
Emmanuel abunda que “hemos intentado obtener la tarjeta por todos los medios. Pero las leyes se han ido haciendo cada vez más duras de manera que nos han ido pidiendo requisitos que, en realidad, eran irrealizables”. Anabel está, dice su familia, en “un limbo administrativo. La han convertido en nadie, sin identidad”, se quejan.