El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le ha dado una oportunidad a la empresa Nuclenor para que mantenga abierta la central de Santa María de Garoña (Burgos) 17 años más, hasta 2031. El pleno ha aprobado una batería de medidas que, de ser completadas, abrirían la puerta a la aprobación de la licencia por parte del Gobierno. Un dictamen desfavorable habría terminado con la actividad definitivamente.
El CSN pide en una Instrucción Técnica Adicional desde una “verificación del estado funcional y la integridad de la estructura de la vasija” hasta la mejora de la capacidad “frente a accidentes severos” de acuerdo con las lecciones “derivadas del accidente de Fukushima” (Japón).
La lista detallada también incluye una revisión de los defectos que se detectaron en la central belga de Döel que llevó a su cierre, debido a que el reactor español fue construido por la misma empresa que llevó a cabo el proyecto en Bélgica. El dictamen ha contado con el voto en contra de la consejera socialista Cristina Narbona y da hasta el 30 de septiembre para que la empresa presente un plan de plazos con el que ir cumpliendo los requisitos técnicos.
Más allá de las peticiones, la decisión del CSN supone “que da el visto bueno a que se tramite un permiso de actividad para 17 años”, ha contado a eldiario.es Raquel Montón, de Greenpeace, quien sostiene que la guía de procedimientos del consejo “establece licencias de 10 años. Nunca se ha concedido un permiso para más de una década y se está haciendo para la central más vieja y con un listado larguísimo de deficiencias”.
La empresa –propiedad al 50% de Iberdrola y Endesa– ha comunicado que aguarda a “tener conocimiento oficial para poder evaluar el contenido de las decisiones”. Nuclenor presentó una solicitud de renovación del permiso de funcionamiento el 27 de mayo.
Francisco Castejón, miembro de otra de la asociaciones críticas con Garoña, Ecologistas en Accion, cuenta que “el consejo reconoce que la central de Garoña está totalmente obsoleta al pedirle tantas adecuaciones para evaluar su funcionamiento. Pone de manifiesto el lamentable estado en el que está”. Castejón añade que “el gran número de modificaciones que supondría introducir de nuevo el combustible nuclear y conectarla a la red eléctrica implicaría 150 millones de euros y no garantizaría que no vuelvan a aparecer nuevos problemas”.
Estándares de seguridad inalcanzables
Montón subraya que, “además de estar muy deteriorada, a Garoña le resultará muy difícil alcanzar a base de añadidos los estándares de seguridad propios de 2014 porque se construyó hace más de 40 años”. La central se diseñó para funcionar hasta 2011.
Hace una semana, el director de la central, Miguel Ángel Cortés, contó a los alcaldes de los pueblos cercanos que Garoña mantiene su capacidad de funcionamiento para “hacer reversible el cese de actividad”. Ahora tienen que decidir si acometen las exigencias del CSN. “Si deciden que no presentan plan alguno, fin de la historia”, recuerda Raquel Montón. En principio no parece que Nuclenor vaya por esa línea ya que se ha mostrado dispuesta, en principio, a “completar o aclarar cualquier aspecto de la documentación presentada así como facilitar cuanta información o documentacion se estimase pertinente para la renovación de la autorización”.
Si la empresa sigue adelante con sus planes, será el Consejo de Seguridad Nuclear el que marque los plazos definitivos para comprobar si los requerimientos se cumplen. ¿Por qué es esto importante? Si el CSN consigue que todo el proceso se complete antes del fin de la presente legislatura, será el actual Ministerio de Industria y Energía el que tendrá la capacidad de emitir la licencia. “Si se alarga y se va a la siguiente legislatura, un cambio de gobierno podría detener el proceso”, vaticina Montón.