A los 140 días de desembarcar en el Ministerio de Universidades, Joan Subirats ya tiene su versión de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El ministro ha presentado este lunes el borrador del texto, que espera llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas y al Congreso antes del verano.
La norma, siguiendo la línea que estableció Manuel Castells, pretende atajar la precariedad y temporalidad en las universidades, simplificar la carrera docente y hacerla predecible, aumentar la financiación de los centros (“no han recuperado el nivel de 2009”, ha advertido el ministro), aspira a cambiar la relación del estudiantado con los campus a través de las microformaciones breves y la formación a lo largo de la vida y otorga más derechos a los alumnos, como el derecho a paro o tener voz en las guías docentes. También mantiene las medidas feministas que incluyó su predecesor en el texto, como las medidas de acción positiva para el sexo menos representado en ciertos ámbitos si se dan determinadas circunstancias (sexo menos representado que también pueden ser varones).
Además, se introducen novedades en la ley en cuanto a la elección del rector. O más bien se quitan requisitos. Tras dar varios tumbos en las primeras versiones del borrador de Castells, Subirats ha optado por dejar la cuestión en manos de las universidades. Han desparecido de la ley los requisitos que fijaban anteriores textos –como la acumulación de sexenios de investigación o quinquenios docentes– y ya la única certeza común es que ha de ser un funcionario de amplia experiencia. Las condiciones específicas las decidirán los claustros universitarios, ha informado el ministro.
Además, Subirats ha recordado que la ley establece una financiación del 1% del PIB para el sistema universitario: “Todo esto no será posible si no conseguimos mejorar la financiación pública, que ha bajado un 20% en diez años. Es obvio que una ley que quiera ser ambiciosa o consigue mejorar la financiación o estamos pidiéndole imposibles al sistema”. En un plan que proviene de la Lomloe (la ley de Educación) el Gobierno tiene que negociar con las Comunidades Autónoma un pacto de estado para aumentar la financiación global educativa al 5% del PIB. El 20% de ese 5% (o sea el 1% del PIB) se dedicará a la educación superior universitaria. La ley da este decenio para alcanzar la cuota del 5%.
Se incumple la ley
El ministro ha explicado en rueda de prensa que la Universidad tiene un problema con la temporalidad y la precariedad en sus plantillas. En cuanto a la primera, la actual ley permite un 40% de trabajadores temporales, cifra que las universidades ni siquiera cumplen. La LOSU rebaja esa cifra al 20%, ha explicado Subirats, dato que no incluye a los contratados doctores ni a los predoctorales. El problema con esta propuesta es que las responsables de velar por el cumplimiento de este máximo son las comunidades autónomas, las mismas que no han vigilado que se cumpla el actual del 40%. El ministerio tiene fe en que ahora lo hagan.
La precariedad tiene su cara en el profesorado asociado, disparado desde la anterior crisis y utilizado para sostener la docencia en muchos campus, una labor para la que no está pensada esta figura. Universidades quiere que estos profesores –profesionales destacados en sus campos que imparten docencia asociada a su especialidad, en teoría– recuperen “el sentido primigenio” que tenía esta figura, ha explicado el ministro. Se hará, por ejemplo, limitando su docencia a 120 horas anuales (ahora dan hasta 180) y, según han explicado fuentes del ministerio, intentando que ejerzan allí donde pueden aportar valor añadido: en los cursos más altos. Para estas figuras temporales que llevan años en la Universidad, en muchos casos fuera de la ley, se reserva un 15% de las futuras plazas que se convoquen.
La propuesta de ley pretende diseñar ahora una carrera universitaria “predecible”, en palabras del secretario de Estado de Universidades, José Manuel Pingarrón, que dure un máximo de diez años hasta la estabilización. La idea es que la evolución profesional empiece con un contrato predoctoral (en cualquiera de sus formas) de cuatro años para realizar la tesis, continúe con un contrato de ayudante doctor de seis (que será evaluado a la mitad) y de ahí se pase, acreditación mediante pero de una manera muy “mecánica”, a un contrato indefinido, sea como funcionario o como personal laboral, otra de las novedades que incluye esta ley, en este caso desde la primera versión de Castells.
El ministerio defiende que las figuras laborales ya existen en la forma de contratados doctores, pero que existe “confusión” en cuanto a su rol. La nueva LOSU pretende despejar el panorama y establecer que tendrán exactamente los mismos derechos y obligaciones que sus pares funcionarios equivalentes (sean profesores o catedráticos). La ley no impone la creación de estas figuras, sin embargo; quedan en manos de las comunidades desarrollarlas o no.
“Estas medidas rejuvenecerán las plantillas”, ha destacado Pingarrón. Actualmente, los ayudantes doctores –una figura que teóricamente es de acceso a la Universidad– rondan los 40 años y la edad de estabilización está en torno a los 45. En ocho años, ilustra el ministerio el problema del envejecimiento, se jubilan algo más de la mitad de todos los profesores permanentes.
Llegan las microformaciones
También hay novedades en el texto para el estudiantado, al que Subirats ha asegurado que se le reconocerán más derechos. Entre estos aparece blindado en la ley su el derecho a los paros académicos (la versión estudiantil de la huelga, que no pueden hacer porque no son trabajadores) o su opinión “vinculante” a la hora de participar en la elaboración de las guías docentes, entre otros. El Ministerio ha aclarado por la tarde que esto no significa que vayan a influir en la aplicación de los exámenes o su diseño.
La norma pretende también cambiar la relación del estudiantado con los campus. Por un lado, el ministerio quiere hacer de las universidades espacios para toda la vida. “Tenemos que superar la idea de que una vez has estudiado vas a vivir toda la vida de eso. La Universidad hay que conseguir situarla en esa idea de que es para todas las edades. Ahora solo el 6% de todo el estudiantado tiene más de 30 años, entre grado y posgrado. Hay abordar el reto de llegar a la mayor parte de la población posible”, ha explicado Subirats.
Para ello, la LOSU introduce las microformaciones. A falta de una mayor definición –esta versión de la ley, en general, es menos cerrada que la de Castells y buena parte de su desarrollo queda pendiente de los decretos que vendrán detrás–, serán pequeños cursos de una duración de cuatro o seis meses que podrán hacer graduados o profesionales que demuestren los conocimientos necesarios para suplir el título universitario requerido. Esta idea se alinea con el objetivo presentado en el Plan 2050 de la Oficina Prospectiva de Moncloa.
Además, Subirats quiere que las alma máter “cuiden especialmente” a sus alumni, los antiguos graduados. Para ellos, ha explicado, habrá “procesos de actualización de las carreras universitarias que se pueden ir incorporando. La idea es que las universidades den prioridad a los estudiantes para actualizar sus estudios”, ha explicado el ministro. “Hay un claro desajuste entre las necesidades formativas y de actualización de la sociedad y una cierta estructura rígida de las formaciones”, ha comentado Subirats con carácter general.
El ministro también ha abierto la puerta a la realización de los polémicos grados de tres años con másteres de dos, concepto que introdujo el espacio superior europeo universitario y que ha sido recurrentemente rechazado por los estudiantes, que habían logrado una moratoria en su aplicación. Ahora, la nueva ley contempla estos grados cortos para proyectos de alianzas europeas entre universidades.
En lo que el ministro ha vendido como una medida en favor del estudiantado, el ministro ha recordado que la norma incluye la obligación para todo el profesorado de primer año de realizar un curso docente, una medida que se justificó en el momento en el que se presentó porque la docencia universitaria es la única que no evalúa si sus profesores saben dar clase o no. A este respecto también se le da una vuelta a las evaluaciones que realizan los estudiantes de sus profesores. Actualmente no sirve para nada, ha reconocido el ministro. A partir de la aprobación de la ley el estudiantado podrá “hacer los seguimientos de estos procesos”, ha explicado Subirats.