Carmen Montón, ante el desafío de recuperar la financiación del sistema público y devolver la sanidad universal

Aunque la sanidad del día a día en España recae en los gobiernos autonómicos no es lo mismo colocar al frente de este ministerio a una persona o a otra. “Parecía que para Sanidad valía cualquiera, una Montserrat o una Ana Mato. Ahora llega una persona que, de esto, sabe”, cuentan fuentes socialistas de la figura de la nueva ministra, Carmen Montón. “Tiene experiencia de gestión directa y reciente, además de peso político”, añaden. Montón ha impulsado en la Comunitat Valenciana la reversión de hospitales privatizados, la compensación del copago farmacéutico y la inclusión de los colectivos excluidos de la sanidad universal. Estos son los retos que afronta:

1. Financiación suficiente

El portavoz parlamentario de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández, ha pedido repetidamente que se corrijan las “políticas de desigualdad y deterioro de la sanidad pública” del Gobierno del PP dirigido por Mariano Rajoy. De hecho, Fernández, que “está llamado a jugar un papel importante”, según opina el diputado madrileño José Manuel Freire (que fue consejero de Sanidad en el País Vasco), planteó hace unas semanas en el Congreso un acuerdo “que recupere la calidad de los servicios con una financiación sanitaria suficiente”.

Desde luego, la financiación pública de la sanidad recibe ahora menos fondos que hace casi una década. En 2009, el gasto ejecutado subió a más de 70.600 millones. En 2016, se quedó en 66.600, según la Estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad recientemente publicada. Y eso que ha remontado algo. Con todo, esos 66.600 millones están todavía por debajo de las cifras de 2010 y 2011.

Los recursos sanitarios iban a protagonizar un inminente Consejo Interterritorial de Salud –el foro que reúne al Ministerio con las consejerías autonómicas– cuyo orden del día estaba dedicado en exclusiva a la financiación sanitaria. Se suspendió arrastrado por la moción de censura y el cambio de Ejecutivo. Queda pendiente.

2. Detener los copagos y mercantilización de la sanidad

La gestión sanitaria del Partido Popular se ha visto marcada transversalmente por el decreto de medidas de sostenibilidad de 2012 bajo el mandato de Ana Mato. Esa norma modificó la cartera de servicios sufragados por el Estado y amplió, entre otras cosas, los copagos por medicamentos que deben pagar los ciudadanos. Según ha ido descendiendo el presupuesto sanitario público, ha ido creciendo el esfuerzo económico que hacen las familias.

Ese trasvase de dinero ha empujado al sector sanitario privado que ha visto en el último lustro cómo crecían sus cuentas de negocio: ingresos, pólizas, actividad... La secretaria de Sanidad del PSOE, María Luisa Carcedo, explicaba que “el supuesto equilibrio fiscal ha llevado a una mercantilización y privatización del sistema nacional sanitario”. Montón ha encabezado la operación para recuperar para la gestión pública directa el hospital de La Ribera (Alzira) con el que desembarcó en España el modelo de concesión privada total de un centro hospitalario de la red pública. La propuesta del PSOE es “eliminar los copagos farmacéuticos de los pensionistas y las ventanas legales que hoy existen para introducir copagos sanitarios”.

3. Recuperar la sanidad universal

El pasado 24 de abril, una batería de consejeros de Sanidad entre los que estaban los de Andalucía, Castilla-La Mancha y El País Vasco, le recordaron al Ejecutivo que sería mejor derogar el decreto 16/2012 que instauró la exclusión sanitaria a algunos colectivos (sobre todo los inmigrantes sin regularizar). En ese grupo de políticos autonómicos que reclamaban el fin de esa expulsión estaba también la que era titular de la Comunitat Valenciana, Carmen Montón.

El 16/2012 expulsaba a 873.000 personas del sistema sanitario público. Además de los reparos éticos, apartar a un grupo tan grande conllevaba riesgos sanitarios, según advirtieron muchos expertos: entorpecía las políticas de salud pública al impedir tratamientos de enfermedades infecciosas y, a la larga, encarecería la atención de patologías que se descubrirían en estados más avanzados en el circuito de urgencias (que no podría negarse a ver a los excluidos).

Aunque diversas comunidades autónomas han puesto en marcha programas para sortear los efectos del decreto, la norma sigue en vigor. Uno de los sistemas que llevó a cabo estos programas fue el valenciano dirigido por la nueva ministra. El mismo Jesús María Fernández ha reclamado que “se recupere la atención sanitaria para todos”. En septiembre de 2017, todos los grupos de la oposición, excepto Ciudadanos, firmaron el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por un grupo de ONG. Aparentemente, consenso existe.

4. Rescate del sistema de atención a la dependencia

La cartera de Montón incluye Bienestar Social. En ese apartado va a tener que lidiar con la lista de espera de la ley de dependencia. En este sentido, los presupuestos en fase de aprobación preveían un aumento de 46 millones de euros respecto a 2017, justo la cantidad que el anterior Gobierno dejó de ejecutar en el ejercicio anterior de los 100 extras que había prometido. En abril pasado, el Pleno del Congreso aprobó una proposición presentada precisamente por el Grupo Socialista que instaba a recuperar la financiación perdida del sistema. Un sistema que acumula 300.000 personas en lista de espera.