Los obispos españoles evitan referirse a la decisión de no actuar contra el cura de Málaga acusado de violación

“Entiendo el interés que suscita esta cuestión, pero no voy a hacer ninguna valoración personal, porque el caso está sub iudice, y la diócesis de Málaga ha emitido una nota. Nos adherimos a esta nota”. El portavoz de la Conferencia Episcopal española, César García Magán, evitó hablar del caso del sacerdote de Málaga detenido y acusado de drogar y violar a varias mujeres. Pese a las reiteradas preguntas en la rueda de prensa de conclusión de la Comisión Permanente del episcopado (a la que acudió el obispo de Málaga, Jesús Catalá), Magán no se salió del guión.

En varias ocasiones, el prelado argumentó que no quería opinar al hallarse el caso bajo investigación, y ser competencia, en el ámbito eclesiástico, de la diócesis de Málaga. Ante la insistencia, y “a título personal”, el portavoz de la CEE admitió vivir el escándalo con “rechazo y condena de esta situación”, aunque zanjó casi de inmediato: “No voy a decir nada más”.

A lo más que llegó el también obispo auxiliar de Toledo fue a apuntar que, “a nivel general”, si una mujer llega a la Iglesia para denunciar un caso de abusos, ruptura de celibato y grabaciones, “el obispo tiene que invitar a esa señora a que lo denuncie ante las autoridades correspondientes”, y a admitir que “el ordenamiento canónico prevé que se abra un proceso de carácter administrativo o penal”, algo que la diócesis de Málaga no hizo.

Lo que sí prevé hacer el Obispado, tal y como adelantó Efe, es estudiar si se persona en la causa judicial que ha abierto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vélez-Málaga contra el sacerdote acusado de agredir sexualmente a al menos cuatro mujeres entre los años 2017 y 2019.

Fuentes cercanas a la diócesis han indicado a EFE que aunque normalmente no suelen personarse judicialmente en las causas que se siguen contra personas que han pertenecido a su comunidad, en este caso, debido a la gravedad de las acusaciones y el grave daño causado a la Iglesia, están estudiando tomar medidas.

Respecto a la auditoría sobre abusos encargada por la Conferencia Episcopal, el secretario general admitió un nuevo retraso en la presentación de los trabajos encargados al despacho Cremades&Calvo Sotelo. Aunque estaba prevista en principio para marzo, fue posteriormente retrasada a julio y ahora, al menos hasta la Asamblea Plenaria de noviembre. “A los obispos no nos gusta el retraso”, recalcó García Magán, quien señaló que el informe será presentado “a todos los obispos y a la sociedad” después de la celebración del Sínodo en Roma, que concluye el 29 de octubre. Es más que probable que los obispos aguarden a la plenaria episcopal, que tendrá lugar del 20 al 24 de noviembre próximos.

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