Los obispos españoles presentarán “en las próximas semanas” su plan de reparación para las víctimas de abusos a menores en la Iglesia española, que esperan que “esté funcionando este verano”. Tras un encuentro con el Papa Francisco, de 40 minutos de duración, Luis Argüello y José Cobo comparecieron ante los medios en la plaza de San Pedro para explicar un tema por el que “el Papa ha preguntado expresamente”.
“Estamos ultimando el plan, y esperamos aprobarlo y presentarlo en las próximas semanas”, subrayó el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), quien quiso invitar “a la sociedad española y a los responsables políticos a que pueda abordarse esta situación en los diversos ambientes donde también se producen” dichos abusos.
Sea como fuere, en la próxima reunión de la plenaria de la CEE, prevista para los días 1 y 2 de julio, se aprobará el plan. “ Después lo haremos llegar a la Santa Sede”, han explicado. En todo caso, Argüello defendió el “giro” dado por la Iglesia a partir de 2019: “Queremos acoger a cada víctima, cada situación, ya sea de ahora o de hace decenios. Queremos abordar la situación y si es necesaria una reparación, abordarla también”.
Al tiempo, Cobo quiso “reconocer que muchas veces las víctimas tardan tiempo en expresar su dolor”, animando “a quien nos esté escuchando en este momento a que no duden en acudir a los servicios de acogida que tenemos en cada una de las diócesis españolas y en centenares de congregaciones religiosas”.
En cuanto a las indemnizaciones, el presidente de la CEE apuntó que “las fijan los tribunales”, y quiso distinguir entre indemnizaciones económicas y reparaciones, aunque admitió que se trata de “una reparación integral” y que, en el mismo plan, estarán incluidos los pagos económicos.
Finalmente, sobre el cisma de las clarisas de Belorado, Argüello confesó que “este asunto no ha salido en la conversación con el Papa”, aunque mostró su total apoyo al arzobispo de Burgos como comisario pontificio, lamentando la toma de postura de las clarisas al “llevar el asunto a las autoridades judiciales civiles”, algo que Iceta “intentó evitar”. “Ahora mismo –culminó Argüello– no hay otro remedio que abordar esa situación ya desde el punto de vista de una legislación civil”.
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