Madrid, 29 oct (EFE).- Las organizaciones ecologistas Oceana y ClientEarth han presentado una demanda contra el Gobierno español al considerar que emite licencias que “permiten sistemáticamente” la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas en el mar Cantábrico, el golfo de Cádiz y en el Mediterráneo sin realizar una evaluación de sus impactos en ecosistemas marinos.
Las ongs han presentado la demanda contra el Gobierno central ante la Audiencia Nacional porque permitir esta actividad de “forma generalizada” en estas áreas supone “un incumplimiento de la normativa nacional y comunitaria” sobre medio ambiente y conservación de los ecosistemas marinos, argumentan.
Sostienen que la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas (AMP) “es una grave amenaza para los ecosistemas marinos y pone en peligro la función del océano como mitigador del cambio climático”.
Las organizaciones se refieren concretamente a artículos relacionados con la Directiva de Hábitats (1992) y del Reglamento del Mediterráneo (2006), según ha explicado a EFE Michael Sealey, asesor político de Oceana en Europa.
En concreto, al artículo 6.4 de la Directiva Hábitats, que recomienda a los gobiernos que “deben evaluar el impacto de la pesca de arrastre o de cualquier actividad que pueda poner en peligro los hábitats y especies vulnerables de las AMP”, según Sealey, quien ha asegurado que han comprobado que “no se está haciendo la evaluación de impacto de la pesca de arrastre en las AMP”.
En relación al Reglamento del Mediterráneo, el artículo 4 recoge que “no se permite la pesca en áreas donde se han protegido especies como la poseidonia o zonas coralinas”, ha explicado. Sin embargo, ha subrayado que “hay una discusión porque no está demasiado claro si ese artículo se refiere solo al hábitat en cuestión o a toda la AMP”.
Las organizaciones buscan con las acciones legales que sea un juez “el que determine y falle” sobre la interpretación de las normativas apuntadas.
Según Sealey, a pesar de que el Gobierno español prohibió en mayo de este año la pesca de arrastre con artes de fondo en el Mediterráneo a más de 800 metros de profundidad, un mecanismo de compensación con el que se consiguió un 5 % de días adicionales de pesca para la flota de barcos arrastreros, “se sigue permitiendo la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas que tienen profundidades menores a los 800 metros”.
El Plan de Acción Marino Europeo pretende que los países miembros de la Unión Europea protejan el 30 % de la superficie marina para 2030, “pero es un plan que el Gobierno español no lo considera vinculante”, ha asegurado.
“España debe establecer de una vez por todas un plan para iniciar una transición justa hacia un modelo de pesca sostenible a largo plazo involucrando a los pescadores afectados”, señalan ambas ongs en un comunicado.
Las AMP situadas en el mar Cantábrico, en el golfo de Cádiz y en el Mediterráneo “albergan hábitats vulnerables y especies emblemáticas y protegidas como la tortuga boba o el delfín mular”.
En opinión de Sealey, han decidido emprender acciones legales contra el Gobierno de España “porque hace más de 30 años que se permite la pesca de arrastre en AMP sin tener en cuenta el impacto medioambiental de esta práctica destructiva en ellas”.
España “tiene la obligación de proteger y gestionar adecuadamente estas zonas designadas por su alto valor ecológico y evitar su deterioro”, ha señalado el representante de Oceana, quien ha añadido que piden “que las áreas marinas protegidas dejen de ser papel mojado y que gocen de protección real y efectiva”.
Francesco Maletto, abogado de conservación marina de ClientEarth sostiene en un comunicado de las organizaciones que “España infringe” las leyes al permitir de “forma generalizada” la destructiva pesca de arrastre de fondo en estas zonas, poniendo en peligro los hábitats y la fauna más vulnerables.
“Llevaremos el asunto a los tribunales para garantizar que 'protegido' signifique realmente 'protegido', ha asegurado Maletto.
Según las dos ongs, la pesca de arrastre es además “una amenaza para la sostenibilidad del sector pesquero a largo plazo”, debido a que estas áreas son importantes zonas de cría y reproducción de muchas de especies comerciales.
“España debería tomar estos factores en consideración ya que el país cuenta con una de las mayores flotas pesqueras de la Unión Europea”, según el abogado de ClientEarth.
Desde las organizaciones han apuntado que Grecia y Suecia han anunciado que prohibirán o restringirán la pesca de arrastre de fondo en sus AMP, y el Gobierno escocés ha propuesto prohibirla en una veintena de sus AMPs.