Varias patadas al grito de “maricón de mierda”, golpes por colgar en el bar la bandera arcoiris, una paliza de madrugada a las puertas de una discoteca, risas y burlas contra dos mujeres lesbianas por besarse en un establecimiento. En 2017, al menos 623 incidentes de odio por homofobia, bifobia o transfobia, 51 al mes, han sido denunciados ante asociaciones LGTBI de todas las comunidades autónomas, excepto Cantabria, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son los datos recabados por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), que este jueves presenta su informe La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI.
Aunque el estudio reconoce las limitaciones de los datos para reflejar una realidad que lleva años ocupando titulares de prensa, la cifra posibilita un acercamiento a este tipo de incidentes, motivados por la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. El último hecho público, la distribución de papeles en los pasillos, los baños y el corcho con la frase “Corell maricón y socialista” en la Universidad de Valladolid contra el profesor Alfredo Corell y que investiga la Policía Nacional.
Y es que al mismo tiempo que se da aceptación social del colectivo, sobre todo a raíz de la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, existe una “resistencia de los prejuicios y la desigualdad”, lo que implica no solo un alto número de víctimas, sino una amenaza para toda la comunidad, que como consecuencia tiende entonces a invisibilizarse. Entre los casos incluidos, el de un hombre que al ir a abrir su negocio se encontró en la fachada una pintada que decía “maricón”, el de un socorrista que increpó públicamente a un cliente del club de natación para que revelara su orientación sexual o el de una mujer trans que al querer probarse un vestido en una tienda, el dependiente le dijo que por ley “está prohibido que un hombre se vista de mujer”.
El informe analiza 332 casos de los recogidos por las entidades repartidas por todo el territorio englobadas en el Observatorio Redes contra el Odio de los que puede cruzar información para dibujar perfiles. A pesar de que nombra la violencia indirecta o sutil, basada en estereotipos y difícil de combatir, como una de las que más enfrentan las personas homosexuales, bisexuales o trans, el estudio se centra en los incidentes de odio, es decir, hechos que pueden ser constitutivos de delito o de infracción administrativa, pero sobre los que todavía no han sido investigados ni sentenciados.
De hecho, la mayoría de este tipo de agresiones –según una encuesta elaborada en 2013 por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, un 83%– nunca se ponen en conocimiento de la Policía por diversos motivos. Entre ellos, enumera el informe, el miedo a hacerse visibles en su entorno si no han 'salido del armario', el temor a la revictimización o “ser culpados de los hechos que denuncian”, la normalización de la violencia que sufren y falta de percepción de que se trata de un delito, desconocimiento de cuál es el procedimiento a seguir o desconfianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta situación provoca que “de una u otra manera, gran parte de los delitos de odio hacia las personas LGTBI quedan, en consecuencia, impunes”.
Un perfil tipo de víctima
Todos estos motivos provocan que haya un perfil tipo de víctima de la LGTBIfobia en las cifras –hombre, gay, no transexual, joven y que vive en una gran ciudad– que da lugar a “un sesgo en los datos” y una cara oculta de los incidentes de odio. Algunos de estos factores para no denunciar, analiza el informe, pueden depender de la libre voluntad de las víctimas, pero otros “están asociados a la vulnerabilidad y desprotección sobre lo que es necesario incidir con políticas y medidas” adecuadas. De hecho, el estudio suma a los motivos antes descritos que influyen en que las víctimas no denuncien el hecho de que sean personas trans, mayores o que sean migrantes y se encuentren en situación irregular.
Así, en cuanto al género de las víctimas, la mayoría (un 70%) son hombres cisexuales –que no son personas trans– y el 22% mujeres cis. Analizando la orientación sexual de las personas denunciantes, la más representada es la homosexual con un total de 262 personas, esto es el 94%, de las cuales 73% corresponden a personas que se identifican como gays y el 21% como lesbianas. Un 4% son personas heterosexuales, lo que demuestra que, en ocasiones, la agresión está motivada por la orientación sexual percibida por parte del autor, independientemente de que la víctima se identifique con ella o no.
Por otro lado, la mayor parte de los casos se corresponden con personas jóvenes, agrupadas en la horquilla de edad de 18 a 35 años (un 53%) seguida del margen de 36 a 50 (31%). Las escalas en las que menos incidentes de odio denuncia el colectivo LGTBI se dan en menores de edad, aunque la cifra asciende a un 12%, y mayores de 51 años, en la que solo se han situado un 4% de los casos.
Atendiendo a la localización geográfica en la que se han producido estos incidentes, cabe remarcar que en algunas comunidades autónomas apenas se recogen datos, pero destaca Catalunya, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía. “¿Son comunidades con menor incidencia de agresiones de estas características o son comunidades donde, sencillamente, las personas agredidas no tienen recursos a su disposición?”, se preguntan los autores de la investigación, a cargo de Jesús Generelo, expresidente de la FELGTB, Jennifer Rebollo y Violeta Assiego.
Más de la mitad, en casa, el trabajo y el colegio
Por otro lado, la mayoría de las denuncias se concentran en las grandes ciudades y muy pocas en el ámbito rural y en lugares públicos. Sin embargo, el lugar de trabajo, el centro educativo o el propio hogar –entendido también como un entorno cercano, como el vecindario– conforman otro gran bloque de espacios en el que tienen lugar este tipo de violencias, cuyo porcentaje se eleva a más de la mitad (56%). Se trata de espacios, además, que por definición “deberían ser espacios seguros y protegidos de cualquier agresión”, remarca el estudio.
Esto conlleva un aumento de la vulnerabilidad de las personas que sufren este tipo de incidentes porque se incrementa “la sensación de intimidación” al estar produciéndose en lugares cercanos y que acaban convertidos en “importantes amenazas para el colectivo LGTBI”. Por otro lado, la investigación resalta también el porcentaje de incidentes de odio que se dan a través de las redes sociales y nuevas tecnologías y que asciende al 15%.
En cuanto a la tipología del incidente denunciado, se corrobora la gran diversidad de formas de violencia –tipificadas en el Código Penal o en leyes administrativas–, entre las que destaca el acoso y la intimidación (57%), categoría que se divide en insultos, acoso o amenazas, y en segundo lugar se sitúa la agresión física, en un 14% de las denuncias. Además, el Observatorio de Redes contra el Odio ha recabado incidentes relacionados con daño a la propiedad y una minoría de denegaciones de atención comercial o médica o de un puesto de trabajo.
Cabe destacar también el porcentaje de agresores que forman parte del entorno a la víctima, lo que, en última instancia, contribuye a fomentar la invisibilidad de las personas LGTBI en sus espacios más cercanos. “Este tipo de violencias tan cotidianas, en entornos tan cercanos a la intimidad y/o la privacidad tienen una clara consecuencia de incitar a las personas LGTBI a defender su integridad mediante la ocultación más radical de su realidad incluso en entornos supuestamente seguros o amigables”, reflexiona el informe.