Un informe para la ONU denuncia que España obvia sus recomendaciones sobre violencia machista desde 2015
Dos años después de que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) suspendiera la política de igualdad del gobierno español, las organizaciones feministas ya han evaluado en qué medida ha implementado el Gobierno sus recomendaciones. Lo hacen como respuesta al informe de julio de 2015, en base al que España debe reportar a la ONU cómo ha dado cuenta de las observaciones propuestas.
De forma paralela y tal y como hacen cada vez que el organismo internacional evalúa a nuestro país, los colectivos sociales han emitido su propio informe que enviarán a la ONU a finales del mes de julio. La Plataforma CEDAW Sombra, formada por varias organizaciones, ya ha abierto a las firmas el estudio en el que concluye que el Estado español no ha aplicado de manera diligente las recomendaciones que la ONU le hizo hace dos años.
El organismo pedía al Gobierno revisar la legislación para incluir todos los tipos de violencia machista contra las mujeres, más allá de la que se da en el seno de la pareja o expareja, que es lo que actualmente contempla la Ley Integral de 2004. Entre ellas, el acoso sexual, las agresiones sexuales o las violaciones con resultado de muerte. Sin embargo, la Plataforma denuncia que todavía es un cambio legislativo que esta pendiente.
Este es uno de los objetivos de la subcomisión de violencia machista, creada en el Congreso de los Diputados para articular el pacto de Estado contra la violencia de género. Sin embargo, el fin de los trabajos ya se ha retrasado en dos ocasiones porque los grupos siguen intentando llegar a acuerdos. No hay consenso, por ejemplo, en si reformar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa a las mujeres de la obligación de declarar contra su maltratador o sobre en qué medida incluir todos los tipos de violencia en las leyes.
Las organizaciones lamentan que “a pesar de que el Gobierno ha comenzado un proceso de diálogo para establecer un Pacto de Estado contra la violencia, lo cierto es que este proceso (lento y no demasiado claro al respecto de sus resultados) no garantiza que vaya a traducirse en un cambio claro de la legislación”.
Las consecuencias de la falta de formación
Otra de las recomendaciones de la CEDAW era “disponer de cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden” sobre violencia de género. Los operadores jurídicos de los juzgados especializados en violencia de género y los agentes de policía de las unidades especializadas reciben formación obligatoria, pero las organizaciones sociales denuncian que el resto no, a pesar “de que en muchos casos han de intervenir en situaciones de violencia”.
Es el caso, por ejemplo, de los juzgados que tramitan asuntos de familia y que resuelven temas relacionados con la patria potestad o el régimen de visitas. La mayoría de mujeres víctimas de violencia machista no denuncian a sus agresores y utilizan la vía civil, es decir la separación o el divorcio, para salir de la situación. La formación, tanto de jueces y fiscales como de equipos psicosociales que valoran a los menores, sería una manera de constituir un filtro contra la violencia machista en este tipo de juzgados.
También la Plataforma hace referencia al ámbito sanitario como una forma de detectar la violencia de género, sobre todo atención primaria, pero lamenta que “la formación de sus profesionales se produce de forma muy desigual en las distintas comunidades autónomas” y aunque “hay cierta calidad en los protocolos de intervención, no se ven acompañados de una formación adecuada”.
La falta de formación, prosigue el informe, provoca “la prevalencia de una mirada sexista y discriminatoria tanto en los peritajes como en los procesos judiciales y las sentencias”. Algo que, en su opinión, implica, por ejemplo, que los operadores jurídicos tramiten como violencia mutua casos de violencia machista porque el maltratador contradenuncia por haber sufrido supuestas agresiones. Algo de lo que ya ha alertado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Suspenso con las refugiadas
La tercera observación de la ONU evaluada por la Plataforma CEDAW Sombra se refiere a la recopilación de datos y análisis estadísticos. El informe identifica ciertas “carencias” en la recogida a nivel estatal porque deja fuera la violencia de género que se da fuera del ámbito de la pareja o expareja. Es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales asesinadas por clientes o el de una mujer asesinada el pasado mes de mayo por el maltratador de su sobrina por atreverse a denunciarle.
Por último, la Plataforma evalúa si la recomendación que obliga al Gobierno a “proporcionar tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de asilo” y adoptar una perspectiva de género. Una observación que “claramente suspende”, asegura el informe, “a la vista de las más que obvias carencias del Estado Español en sus compromisos de atención a las demandas de asilo y de acogida de personas refugiadas”.
Los colectivos denuncian que “no se reconocen las necesidades específicas de mujeres y niñas” en cuanto a “garantizar los mínimos que han de aplicarse en los procesos de entrevista con las mujeres”o respecto a la información que deben recibir. Además, concluye la evaluación, “se une la aplicación de una mirada ”insensible“ al género en la instrucción de las solicitudes de asilo”.
