La sanidad privada considera que tiene mucho margen de negocio en la sociedad española. Y reclama ayuda desde el Gobierno para ampliar su cuota de mercado más allá del dinero que la sanidad pública transfiere a las cuentas de resultados de estas empresas.
En este caldo de cultivo propicio, la cercana reforma fiscal que prepara el Gobierno del Partido Popular se presenta como una buena oportunidad para que el negocio de la sanidad privada pegue un buen acelerón. Sus lobbies de presión no están de brazos cruzados.
Se trata de un sector insatisfecho con su porción de pastel, que alcanza al 13% de la población española frente al 96% de Francia, el 89% de los Países Bajos, el 73% de Eslovenia o el 31% de Alemania (según las estadísticas de la OCDE sobre salud de 2013).
En España hay unos 6 millones de personas cubiertas por pólizas sanitarias privadas. No es que el sector vaya mal, ya que el volumen de las primas creció el último año un 2,7%, según la Asociación de Entidades de Seguro ICEA, especialmente debido al aumento de los precios. Pero hay mucho espacio para el crecimiento.
En este sentido, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) –que agrupa a numerosas empresas de la sanidad privada– ha llevado a cabo una campaña para conseguir que la contratación de seguros médicos sea directamente desgravable en el Impuesto de la Renta. El informe de la comisión de expertos recién remitido al Ejecutivo de Mariano Rajoy ve bien las deducciones en este sentido para las familias con hijos, algo que provocó una “contenida alegría” en el presidente del IDIS, Manuel Vilches. Estas deducciones son un caballo de batalla del IDIS, que pide un 15% de desgravación.
En el ADN del PP
Esta idea está, como les gusta decir a algunos de sus dirigentes, en el ADN del Partido Popular. La actual ministra de Fomento (y titular de Sanidad con los Ejecutivos de José María Aznar), Ana Pastor, anunciaba en 2011 que estudiaban “la desgravación fiscal del seguro privado”. El doctor Manuel Martín (presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública) presentó este miércoles en la Fundación Alternativas un estudio sobre los copagos sanitarios en el que señala que estas prácticas “quieren abrir un gran espacio a los seguros privados de salud”.
Este médico de familia se refiere a la creación mediante el celebérrimo decreto 16/2012 de las Carteras de Servicios Complementaria y Suplementaria “no financiadas por los sistemas públicos y sometidas al copago” (entre ellas caben las dispensaciones ambulatorias o productos para enfermedades raras). “Así se potencia el sector de seguros sanitarios en España”, concreta el doctor Martín.
En esa misma línea, la consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, analizó tras conocerse las propuestas del grupo de expertos sobre la reforma fiscal que “la incorporación de deducciones por suscribir pólizas de seguros sanitarios es una medida claramente tendente a la privatización de los servicios públicos”.
El grupo IDIS contrapone que los seguros privados ahorran “600 millones al año” a la sanidad pública al atender a sus asegurados, que también están cubiertos por el sistema general. Sus opiniones y demandas no están cayendo en saco roto. El mismo documento de los expertos expresa que el empleo de seguros “coadyuva a reducir la presión sobre los servicios sanitarios públicos”. Pero, además, el Gobierno de Cantabria decidió en noviembre de 2013 aplicar una deducción del 5% en su tramo autonómico del IRPF para aquellos que contraten un seguro médico privado.
También Aragón tomó una decisión parecida, pero aplicando un 10% para los que paguen sus pólizas sanitarias privadas (con rentas inferiores a 30.000 euros). En Baleares existe una desgravación para mayores de 65 años, personas con un 65% de discapacidad y familias numerosas. En estos casos, la patronal sanitaria privada aplaudió los incentivos para favorecer su mercado.
Actualmente, los trabajadores autónomos sí pueden desgravar sus gastos de sanidad privada en determinados casos. En enero, el Gobierno eliminó la exención de cotización a la Seguridad Social de los seguros médicos que muchas empresas abonaban a sus empleados. La misma medida que afectó (y provocó revuelo) a los tiques de comida fue la que se aplicó a estos pluses que se consideran pago en especie.