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El acuerdo del Consejo Interterritorial que implica cerrar la movilidad de Madrid y otras ciudades de incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso amenazó este miércoles con incumplir la orden si se publicaba, esta mañana la dirigente del Partido Popular ha asegurado que la cumplirá “de manera estricta” pero la llevará a los tribunales: “Este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta, porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente”.
Desde el Ministerio que encabeza Salvador Illa han informado de que la orden se notificó a las comunidades anoche y “no precisa de una nueva publicación en el BOE”. El documento da 48 horas a las comunidades para adoptar estas medidas desde que tienen conocimiento de que hay localidades que superan los umbrales, pero en el caso de los municipios a los que afecta ya -como ocurre en diez ciudades de la Comunidad de Madrid- el plazo es desde la “notificación” de la orden. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid tiene hasta la noche del viernes como máximo.
El documento publicado en el BOE recuerda que el acuerdo “será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con independencia del sentido de su voto”. Desde el Gobierno se ha argumentado en que esta obligatoriedad viene marcada por que la norma aplicable en las votaciones es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales. Catalunya, Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid y la ciudad autónoma de Ceuta votaron en contra del acuerdo. En el caso de la Región de Murcia figura una “abstención”, pero la comunidad dejó claro posteriormente su rechazo a las iniciativas de Sanidad.
La Comunidad de Madrid, la principal afectada −las restricciones se aplicarían en diez ciudades de este territorio−, estudia recurrir el texto ante la Audiencia Nacional porque considera que no tiene validez jurídica al no haberse producido un “consenso” entre todas las comunidades. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado esta mañana en una entrevista en esRadio que el Consejo Interterritorial no puede “imponer nada y menos de esta manera” por lo que están estudiando con el abogado de la Comunidad de qué manera hacen las cosas “correctamente”. La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que no se pueden hacer restricciones de movilidad con unos criterios “a vuela pluma”.
Las medidas restringirán la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19 en los últimos 14 días. Asimismo, el municipio tendrá que presentar un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10%. Además, la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio deberá tener una ocupación de camas por pacientes en unidades de cuidados intensivos superior al 35% de la dotación habitual. Si concurren estas tres circunstancias, la movilidad quedará restringida salvo para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales y para la asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
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