La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso de las agresiones a periodistas tras la manifestación del 29 de marzo de 2014. La denuncia de los videorreporteros Juan Ramón Robles, Gabriel Pecot y Mario Munera –que colaboran habitualmente con eldiario.es– había sido desestimada por el Juzgado de Instrucción Nº46, a cargo de la jueza María Isabel Garaizabal, en octubre pasado.
El auto recurrido acordaba el sobreseimiento provisional por entender que no existían “motivos suficientes para
atribuir los hechos denunciados a persona determinada“, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y eso a pesar de que los periodistas habían presentado una serie de vídeos junto a su denuncia.
Las agresiones sufridas quedaron grabadas por sus propias cámaras y las de otros videorreporteros. En uno de los vídeos, de hecho, se puede ver a Gabriel Pecot en el suelo tras ser golpeado y a los policías evitando que sea socorrido por sus compañeros. También a Mario Munera y Juan Ramón Robles recibiendo golpes. Había también otros fotoperiodistas presentes que han denunciado públicamente la intimidación policial.
Ahora la Sección 17 de la AP entiende que “la decisión de sobreseimiento es precipitada” porque “ni siquiera se ha recibido declaración a los denunciantes para que den razón de los hechos a presencia judicial”. En segundo lugar, porque “existe un atestado en el que se identifica a cuatro agentes que intervinieron en el momento en que, según los denunciantes, se producen las injustificadas agresiones”. Y por último, porque “existe un soporte videográfico en el que sería posible identificar a alguno de los intervinientes a través del rostro”, “con independencia del valor que pudiera darse a la grabación”, aclara el escrito.
“Esta falta absoluta de voluntad de investigar este tipo de hechos por parte de jueces y representantes del Ministerio Fiscal no sólo permite que los abusos policiales queden impunes, sino que perpetúa que se produzcan, provocando una absoluta y comprensible falta de confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía”, explicaron en un comunicado desde Legal Sol al anunciar que presentarían el recurso que ahora la Audiencia Provincial ha resuelto estimar.
La decisión de la Audiencia, contra la que no cabe recurso, dispone que “la unidad policial a la que pertenecían los agentes proceda a su identificación” para que estos puedan declarar “en calidad de imputados” de existir los indicios aducidos, “a fin de oír su versión de los hechos”.