“Los bosques del mundo necesitan urgentemente la protección que ofrece el reglamento contra la deforestación”. Es el grito de la desesperada de 225 organizaciones sociales de toda Europa ante la decisión de la Comisión Europea de plantear un retraso de un año en la normativa con la que pretende combatir la deforestación, que ha provocado la pérdida de unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la propia Unión Europea) entre 1990 y 2020.
La UE está pisando el acelerador para aprobar la dilación de la entrada en vigor del reglamento EUDR (por sus siglas en inglés). El Parlamento Europeo, que tiene que validar la propuesta, la tratará por la vía de urgencia. Por el momento, el Partido Popular Europeo y la extrema derecha apoyarán la medida (sus votos son suficientes para que salga adelante). Los socialdemócratas, los verdes y la izquierda la han rechazado mientras que los liberales están divididos. Por su parte, la previsión es que los 27 le den el visto bueno este mes de octubre.
“Tras años de fracasos del sector privado a la hora de abordar voluntariamente los impactos ambientales y sobre los derechos humanos en sus cadenas de suministro, el EUDR es un paso necesario y crucial”, señalan las ONG, entre las que se encuentran ClientEarth, Environmental Investigation Agency , Fern, Forest People Programme, Global Witness, Greenpeace European Office, WWF European Policy Office, que aseguran que la decisión “socava significativamente la credibilidad de la UE” en las políticas climáticas y en la protección de los derechos humanos.
“Un retraso recompensará de hecho a las empresas que siguen beneficiándose de la destrucción del medio ambiente y no quieren cambiar su comportamiento empresarial, mientras que penalizará a las que ya han gastado recursos para cumplir la EUDR”, critican las ONG.
Las presiones cruzadas llevaron a Bruselas a plantear el retraso. Por un lado, estaban empresas internacionales, como las del sector de la distribución, que consideraban que necesitaban más tiempo para adecuarse a las nuevas reglas porque no tenían listas las condiciones de cumplimiento.
España, el cuarto importador de los productos clave
“También debilitará la integridad general de la elaboración de políticas de la UE, pondrá en entredicho el Pacto Verde Europeo y, en última instancia, enviará una señal a otros grandes países consumidores de que cualquier medida reguladora para alcanzar cadenas de suministro libres de deforestación puede esperar”, avisan las ONG.
Internacionalmente, socios comerciales desde Australia hasta Brasil se habían quejado por las nuevas exigencias de la UE. E internamente, países tan relevantes como Alemania habían apretado para ralentizar el calendario. Con ese maremágnum, Bruselas sucumbió a la presión, aunque por el momento hay división en el seno de los 27. España, Francia o Bélgica no son partidarios de retrasar la aplicación de la normativa.
A nivel nacional, la Alianza Cero Deforestación de España envió una carta a Pedro Sánchez, con copia a los ministros implicados, Teresa Ribera y Luis Planas, en la que le emplazan a “defender la legislación ambiental europea y trabajar a fondo en su compromiso para frenar cualquier intento de desregular, retrasar o retroceder en la protección de la naturaleza y los derechos sociales”.
“El año pasado el mundo perdió una superficie forestal casi tan grande como Suiza; una destrucción que liberó aproximadamente la mitad de dióxido de carbono que Estados Unidos emitió por la quema de combustibles fósiles”, señalan una veintena de firmantes, entre ellos Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, REAS o la coordinadora de comercio justo, entre otros.
España es el quinto país que más materias primas de las afectadas por la normativa de la deforestación importa, especialmente la soja y el aceite de palma, según un estudio de AidEnvironment. En total, importó 9,4 millones de toneladas de esos productos, lo que supone un 10% del total de la UE. En cabeza está Holanda (17,2 millones de toneladas en 2023, es decir, un 19% del total), seguido de Alemania e Italia.
Pero la preocupación que expresan no es sólo por esa regulación sino también por el torpedeo a la ley de restauración de la naturaleza en el seno de la UE o a la decisión de rebajar la protección al lobo, como exigían los cazadores, y que España rechazó.
“No podemos retrasar las medidas para frenar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Aplazar o retroceder en la ambición de las regulaciones ambientales europeas retrasa y lanza un mensaje perjudicial para afrontar la emergencia ambiental global”, advierte la misiva, que recuerda que más de la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza.