Si las autoridades no hacen bien su trabajo, hagámoslo nosotros (aunque sea ilegal). Es a grandes rasgos, el espíritu que motivó la estrategia de la Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que se ha materializado en la ocupación de un nuevo edificio en la capital, anunciado este martes. El bloque, situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, se une a “una treintena” de inmuebles vacíos que el colectivo ha “recuperado”, propiedades de bancos y entidades rescatadas con dinero público. Su objetivo: conseguir un alquiler social para las personas que han perdido sus hogares.
“No nos han dejado otra vía que hacer esto”, dice Diego Sanz, miembro de la PAH Vallekas, como justificación a la ocupación ilegal de las viviendas. El portavoz recuerda que la ocupación se erigió como una de las nuevas vías de activismo de la PAH a nivel estatal “después de que el Partido Popular rechazase la ILP que presentamos con el respaldo de más de 1.400.000 personas”. Los pisos, siempre vacíos y en propiedad de “banca y cajas rescatadas, Sareb y fondos buitre”, son adjudicados por la plataforma a personas “sin acceso a una vivienda digna”, según explica el colectivo en un comunicado.
Alfredo, de 47 años, ha encontrado un hogar en una de las tres viviendas que ha habilitado la PAH en el edificio de Puente de Vallecas. Se trata del undécimo “recuperado” de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo'. La crisis del ladrillo se llevó su trabajo en 2010 y, desde entonces, ha ido agotando las prestaciones y ahorros de los que disponía. “Estaba viviendo en una habitación que no podía pagar, así que el casero me iba a echar. Tenía fecha de desalojo para febrero”, cuenta. Alfredo explica que, mientras pudo, siempre pagó. “He tenido que ir a comedores sociales, no llegaba al alquiler”, añade.
Precisamente a esta situación —la deuda entre dos particulares— se refirió el presidente Mariano Rajoy, en la entrevista que concedió a Telecinco, cuando el periodista Pedro Piqueras le preguntó sobre los desahucios en España, con las imágenes del desahucio de la familia de Wilson. En primer lugar, el presidente matizó que los desalojos “no son la norma habitual” en España y que por eso llegaba a los medios: “Lo que no es noticia es que no haya un desahucio”. Rajoy afirmó entonces que “a veces hablamos de desahucios y es gente que tiene alquilado un piso que no se le paga y que también necesita ese dinero”.
Por último, el presidente apuntó que “el número de desahucios después de las últimas decisiones que hemos tomado le puedo asegurar que ha bajado y muchísimo”. En realidad, todas las estadísticas apuntan que el número de lanzamientos ha aumentado en 2014 respecto a 2013. Al menos hasta el tercer trimestre, que es el periodo estudiado hasta el momento y el único con el que se pueden hacer comparaciones.
Tanto las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), como las del Consejo General del Poder Judicial —que no toman la misma vara de medir para calcular los desahucios— señalan que en 2014 hubo más ejecuciones que durante el año anterior. Según el CGPJ, en los primeros nueve meses de 2014 hubo 50.582 lanzamientos, mientras que en ese tramo de 2013 se practicaron 49.984 desahucios. “Simplemente con ir a una asamblea de vivienda se puede ver cómo existe una emergencia habitacional. Llegan aluviones de personas que se van a quedar sin casa”, lamenta Diego Sanz.
El objetivo: evitar la calle
Diego Sanz admite que no todos los desahucios son solicitados por los bancos y que, cuando la deuda perjudica a un particular, “la situación es completamente diferente”. Sin embargo, el portavoz de la PAH Vallekas recuerda al presidente del Gobierno que la responsabilidad de las autoridades en estas circunstacias es facilitar una vivienda a esa persona para que no termine en la calle. “Y eso no se está haciendo”, critica el miembro de la PAH.
Porque, aunque la PAH y otras organizaciones en defensa de una vivienda digna tratan en un primer momento de negociar con los bancos para que las personas no dejen sus hogares (o puedan encontrar alguna alternativa), hay conflictos que terminan con los afectados en la calle. Del silencio administrativo y los muebles en la acera surge la Obra Social de la PAH, indican sus miembros.
“De hecho, en algunas regiones las autoridades están generando más problemas. Como en Madrid, donde quien más desahucia son las autoridades”, añade Sanz. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ambos gobernados por el Partido Popular, vendieron parte del parque público de vivienda a fondos buitre para sanear sus cuentas. Gran parte de los intentos de desahucio de este principio de año en la región afecta a los inquilinos de estos pisos protegidos, a los que no se informó de la transacción, y que se han encontrado con un nuevo propietario que no quiere negociar cuando no pueden pagar el alquiler. “También desahucia la propia Empresa Municipal de Vivienda”, añade el activista.
La presión “ganó” en cuatro bloques ocupados
La ocupación de viviendas vacías pretende ser un símbolo: “Se ha rescatado a los bancos y lo que hay que hacer es rescatar a las personas. La Sareb tiene muchos viviendas (activos tóxicos) que no está vendiendo, como era su objetico, así que tampoco lo está cumpliendo. Creemos que es el Ministerio de Economía quien debe dar una solución, con un mandato social”, piden en la PAH de Vallekas, desde donde han dirigido una carta al ministro Luis de Guindos para solicitar una reunión.
En la Sareb responden que la respuesta a la ocupación, “un acto ilegal”, no puede ser otra que la solicitud del desalojo. Fuentes de la entidad destacan que la política de responsabilidad social de la sociedad se materializó en “un acuerdo con las Comunidades Autónomas en las que poníamos a su disposición 2.000 viviendas”. De momento, según la Sareb, solo se han acordado 600 viviendas en Cataluña y “otro acuerdo se cerrará en breve en Aragón”. Los gobiernos regionales son los que se deben poner en contacto con la entidad para solicitar las viviendas.
La experiencia en la PAH refleja que, cuando no hay presión, la respuesta de las instituciones es insuficiente o nula. A la luz de los focos de las televisiones, el Gobierno ofreció una vivienda de la Sareb a la anciana Carmen Martínez, que perdió su casa en Vallecas. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, también ofreció otra vivienda a la octogenaria de un 'fondo solidario' del que otras personas en situación de gran vulnerabilidad, como Ana o Wilson, no han oído hablar en los servicios sociales municipales.
Mediante la Obra Social, la PAH ha conseguido que en cuatro bloques de los 30 ocupados se haya llegado a algún tipo de solución, en forma de alquileres asequibles de entidades bancarias o autoridades públicas. Así que, dicen, “sí, se puede”. Los miembros de la PAH en Cataluña, una de las más activas, están redactando una nueva Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “para que no haya desahuciados sin una alternativa habitacional”, cuenta Diego Sanz.
Todavía queda mucho por hacer para que no sean las organizaciones sociales las encargadas de que Wilson y su bebé de menos de dos meses, entre otras personas, no aguanten el frío de la calle. “El reto tiene que ser que no haya ni un solo desahucio”, dijo Rajoy en televisión. Las plataformas le toman la palabra.