Una pareja de homosexuales que tenía previsto casarse mañana en Costa Rica canceló su boda luego de que la Dirección Nacional de Notariado prohibiera a los notarios públicos realizar matrimonios.
El costarricense Mario Arias y el venezolano Roberth Castillo explicaron en rueda de prensa, junto a su notaria, que se vieron obligados a tomar esta decisión que va “en contra de un derecho humano vigente” y a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) favorable al matrimonio gay.
“Vamos a presentar un recurso de amparo por la violación al derecho humano reconocido por la CorteIDH y porque es totalmente vinculante. Esperamos que al menos la Sala Constitucional diga que esto tiene que cumplirse, ya que las instituciones no quieren apegarse a la respuesta de la Corte”, afirmó Castillo a Efe.
La boda de Arias y Castillo iba a ser la primera que se hiciera en el país en forma pública. Hay otras cuatro parejas que lo han hecho en el ámbito privado y que esperan acontecimientos para acudir al Registro Civil a inscribir su matrimonio.
“El derecho está vigente desde que la Corte Interamericana lo dijo, es un derecho que nosotros tenemos. Ellos deben hacer las modificaciones, pero mientras tanto que eso sucede, ya se puede empezar a ejecutar y darnos la posibilidad de contraer matrimonio”, añadió Castillo.
La pareja indicó que ahora tendrán que esperar una resolución para fijar nuevamente una fecha para la boda.
El acuerdo del Consejo Superior Notarial, al que tuvo acceso Efe, indica que “hasta tanto no se produzca una reforma legislativa, o se emita una sentencia anulatoria en la vía constitucional, las normas que regulan el matrimonio en Costa Rica, en concreto el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, se mantienen vigentes, y por tal razón los notarios públicos, en el ejercicio de su función, deben apegarse a las mismas”.
El artículo 14 inciso 6 del Código expresa que: “Es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
El Registro Civil informó el miércoles que una comisión estudia la opinión de la CorteIDH para determinar sus implicaciones, sus alcances y los pasos que se seguirán a futuro, por lo que aún no está en capacidad de inscribir estos matrimonios.
El Gobierno costarricense solicitó en el 2016 a la CorteIDH que emitiera una opinión consultiva acerca de los derechos de la población LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexo).
En 2017 la CorteIDH efectuó una audiencia y recibió opiniones de diversas organizaciones, personas y Gobiernos del continente, y la semana pasada hizo pública su opinión consultiva, que entre otras cosas, dice que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos familiares a las parejas del mismo sexo, entre estos el matrimonio.
El Gobierno de Costa Rica celebró esta resolución como un triunfo en materia de derechos humanos y notificó a todos los poderes del Estado para que determinen los pasos a seguir en sus respectivos ámbitos.