Iglesia rica o Iglesia pobre. El décimo aniversario de José Ignacio Munilla como obispo de San Sebastián está envuelto en la revuelta (en términos católicos) que se le ha levantado al prelado conservador en su diócesis. Los primeros movimientos surgieron en diciembre pasado cuando varios centenares de fieles se concentraron frente a la catedral para protestar contra la “actuación autoritaria del Obispado” y su decisión de “embarcarse en el negocio hotelero” al transformar dos edificios de su propiedad en apartahoteles. La ola de protesta contra “el rumbo descaminado que está tomando la dirección del obispado” no ha amainado.
Esta semana, una carta pública ha circulado por la capital donostiarra: “¿Hacia dónde desea ir usted? Actúa solo desde el poder que le da su cargo, sin consultar con nadie. Eso es más propio del siglo XVIII. Hoy vivimos con otros valores como el del respeto, la comunicación, el diálogo, la igualdad, la diversidad, el acuerdo y el amor”.
Munilla –uno de los prelados más conservadores de España– lleva meses en los papeles volanderos de protesta por supuestas maniobras inmobiliarias con propiedades eclesiales: “Por una iglesia al servicio de los pobres, no a una iglesia turística hotelera”, se titulaba el manifiesto de los feligreses, que criticaban el proyecto de transformar el edificio de la curia diocesana en 26 apartamentos con licencia de hotel y el propósito de hacer algo similar con el inmueble que actualmente servía de residencia al obispo y a algunos sacerdotes jubilados.
Del mismo modo, apuntaban al intento por parte de Munilla de derribar la parroquia de Todos los Santos, y construir una residencia “privada, no pública”, para mayores, y vender el terreno de la parroquia de la Sagrada Familia para fines inmobiliarios. “Mientras en otras diócesis comienzan a promover pisos sociales para los sin techo escuchando las repetidas llamadas del papa Francisco, nuestra diócesis se embarca en el negocio hotelero aprovechando el boom turístico de la ciudad de San Sebastián”, protestaban los fieles.
Al día siguiente, Munilla publicaba un artículo en el que justificaba la decisión de transformar propiedades de la diócesis en hoteles siguiendo “criterios de sostenibilidad de cara al futuro”. En ese momento, el obispo negaba que fuera a procederse “a la venta de nuestro patrimonio”.
“Es preferible recurrir a rentar una parte de nuestro patrimonio, con el objetivo de generar anualmente unos recursos sostenibles para posibilitar la autofinanciación de la Iglesia”, subrayaba el obispo. Sin embargo, varios meses después, la diócesis entraba en contacto con el Ayuntamiento y distintas empresas para vender el terreno de la parroquia de la Sagrada Familia –una gran parcela junto a la que se han construido nuevos desarrollos urbanísticos en el barrio donostiarra de Amara–, sin el consentimiento del párroco ni de la comunidad, que se quejó amargamente sin que Munilla quisiera saber nada de sus reivindicaciones. Lo que sí hizo, según fuentes de la comunidad, fue amenazar al párroco con un 'traslado forzado'.
Después de que la polémica saltara a los medios, el Obispado apuntaba en una nota que “no es cierto que ”la parcela de la Sagrada Familia esté en venta para hacer viviendas“, aunque apuntaba al ”progresivo deterioro del actual templo“ para admitir que ”se ha barajado la posibilidad de remodelar o construir una nueva parroquia“, y que ”el Obispado ha escuchado algunas propuestas de los responsables del Ayuntamiento de cara a ubicar diversos equipamientos sociales públicos en la parcela de la Sagrada Familia, en el contexto de una posible operación urbanística de reestructuración global de la zona“.
La respuesta del Consejo Pastoral –integrado por los fieles, laicos y entidades vinculadas con la Iglesia– no se hizo esperar. “Sabemos que los contactos no fueron iniciados por el Ayuntamiento, sino por el Obispado, así como constancia de visitas de empresas constructoras enviadas por el Obispado e interesadas en esta operación especulativa”, afirman, añadiendo las “amenazas y presiones inaceptables” formuladas por parte de Munilla. “Todo proyecto que haya respecto del futuro de la parroquia debe contar con el apoyo de los feligreses, que son quienes mantienen y han mantenido estas instalaciones”, recuerda el Consejo.
“El Obispo busca la destitución de este Consejo que representa a la Comunidad, para formar uno acorde a sus intereses urbanísticos”, lamentan los fieles de la Sagrada Familia, que “quiere denunciar firmemente esta actitud absolutista y solicitar que se paren todas las actividades de especulación urbanísticas previstas, y que todo ello sea tratado con el actual equipo de la Comunidad, párroco y Consejo, de una forma transparente, colaborativa y basada en el respeto”.
Los diez años de Munilla al frente de la diócesis han estado marcados por la polémica y por el intento de imponer un estilo de Iglesia muy distinto al de sus antecesores, Juan María Uriarte y José María Setién, y más cercana a los sectores más ultraconservadores del episcopado español.
Sus parroquianos dicen en voz alta: “Sabedores del buen arte con que maneja los medios de comunicación, nos atrevemos a decirle que su indiferencia por el diferente, su misoginia y su distanciamiento con los feligreses son sus características principales”, denuncian los feligreses, que recuerdan a Munilla que “el hecho de vender patrimonio de la Iglesia responde más al papel de un tiburón de las finanzas que al de un obispo. ¿Qué pretende hacer con tanto dinero?”.
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