El Partido Feminista ha denunciado a los promotores de una feria de gestación subrogada, los conocidos como vientres de alquiler, organizada por la revista online Babygest y que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de mayo en Madrid. La formación considera que los coordinadores del evento, que se celebrará en el Hotel Meliá Avenida América, pueden incurrir en un presunto delito de tata de seres humanos, recogido en el artículo 177 del Código Penal, y de provocación o proposición para cometer el mismo.
“El estado de necesidad que tienen las mujeres sometidas a la situación de alquilar su vientre, a cambio de un precio, no deja de ser similar a la explotación sexual”, sostiene el partido en la denuncia.
La feria, que contará con stands de asociaciones, clínicas y agencias de países como Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Grecia y Canadá, pondrá en contacto a posibles clientes de esta técnica, prohibida en España, con empresas que la ofertan. Algo que, en opinión de Dolores Tanarro, integrante del Partido Feminista, “los vientres de alquiler suponen un riesgo real de explotación y tráfico de personas” y la “mercantilización del cuerpo de las mujeres”.
En los últimos años el debate sobre la gestación subrogada se ha avivado en España y encuentra dos posturas enfrentadas, incluso dentro del propio movimiento feminista. En un lado se encuentran los que defienden, como el Partido Feminista, que “supone la compra de vidas humanas y convierte a la mujer en objeto” tal y como reza la denuncia que ha interpuesto. En otro, los que luchan por su regulación en nuestro país, que enmarcan la práctica “en la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo”.
Surrofair se anuncia en su página web como “la única feria de gestación subrogada para pacientes de España” y anima a asistir “si estás pensando en formar una familia y necesitas de esta técnica para poder conseguirlo”. El evento se ha organizado anteriormente en Madrid, Valencia y Barcelona, aunque en esas ocasiones incluía también la promoción de técnicas de reproducción asistida. Natalia Álvarez, directora de la revista que la organiza, explica a eldiario.es que “en España hay cada vez un mayor número de personas que recurren a ello y eso no se puede negar”.
En su opinión, “cuanta más información haya sobre el tema, menos posibilidades habrá de que se aplique mala praxis e intervengan mafias y fraudes”. Álvarez contesta así al Partido Feminista, que asegura que la subrogación está unida con “redes de prostitución y otras actividades delictivas”.
Además, sostiene en su denuncia, las mujeres “se ven forzadas a esta situación por la pobreza en que viven convirtiéndose el alquiler de vientres en una opción de supervivencia y lucro”. La técnica, que cuesta entre 50.000 y 200.000 euros dependiendo del país, es un “contrato lucrativo tanto para la entidad que lo gestiona” como para las mujeres, afirma la formación.
“Nosotros nunca propondríamos un país como India porque sabemos las condiciones en las que viven”, explica Álvarez, que para potenciar que se lleve a cabo “de una forma ética” insiste en que desde la organización “queremos concienciar a los propios pacientes de que formen parte y se involucren en el proceso, conozcan a la gestante y se aseguren de que lo hace voluntariamente”. Por el contrario, matiza Tanarro, “no se trata de que se haga de forma voluntaria o no, sino de que supone la mercantilización del cuerpo de las mujeres”.
Otro de los puntos que alega el Partido Feminista para inerponer la denuncia y presentar un escrito ante el Ayuntamiento de Madrid para que impida su celebración es que los llamados vientres de alquiler no son legales en España. La Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida lo prohíbe expresamente al establecer que “la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”.